Sánchez repite estrategia al no avisar a Urkullu de sus medidas

La unilateral gestión del presidente choca con la llamada al consenso del Gobierno vasco

19.04.2020 | 00:33
El lehendakari Urkullu, durante una de las reuniones entre presidentes autonómicos y el presidente Pedro Sánchez.

Bilbao – La decisiones adoptadas por el Gobierno español en la gestión de la crisis del coronavirus, muchas de ellas tomadas a prisa y corriendo y sin consultarlas previamente con los presidentes autonómicos, han ido generado resquemor en el seno del Gobierno vasco. Hasta en seis ocasiones, y la última ayer mismo, Lakua se ha visto sorprendido por las medidas de Pedro Sánchez. A escasas horas de que hoy se celebre la reunión dominical de Sánchez con los dirigentes territoriales, el presidente anunció a última hora de ayer que aliviarán el confinamiento de los menores a partir del 27 de abril. Esta situación choca de bruces con los repetidos llamamientos del lehendakari Urkullu a mantener una fluida y estrecha colaboración interinstitucional en la gestión de la crisis del covid-19. Además de la invasión competencial evidente, tampoco gustan las formas.

"Respeto y reconocimiento mutuo" fueron las palabras verbalizadas por el portavoz Erkoreka al inicio de la crisis, haciendo todo un llamamiento a consensuar las medidas. La de ayer fue la enésima declaración que pilló a los presidentes territoriales con el pie cambiado, Urkullu incluido. Fuentes de Lehendakaritza consultadas por DEIA aseguraron que ningún estamento de Moncloa se puso en contacto con el Gobierno vasco para exponerles la apertura del confinamiento a los niños que finalmente Sánchez decretó. Y es que más que el fondo de la cuestión, las formas empleadas para anunciar medidas con respecto al coronavirus son las que están lastrando las relaciones bilaterales.

No obstante, la lista de encontronazos entre Madrid y Gasteiz es amplia. Y arrancó nada más dictarse el estado de alarma a mediados de marzo. Fue entonces cuando Urkullu e mostró disconforme por la "abusiva e injustificada" invasión competencial de Moncloa, que puso bajo la orden de su mando único a la Ertzaintza u Osakidetza. "Cooperación no es imposición", zanjó. Tan solo fue el primer episodio de los desencuentros. La presencia del Ejército en suelo vasco fue otra de las polémicas. Aunque la UME (Unidad Militar de Emergencias) tan solo terminaron desinfectando infraestructuras –como los aeropuertos de Loiu y Foronda, por ejemplo–, la posibilidad de que montaran un hospital de campaña en Euskadi generó reacciones encontradas. El despliegue de soldados españoles fue calificado de "innecesario", ya que los hospitales vascos estaban entonces "lejos de colapsarse"

La compra de material sanitario también ha sido otro de los temas que han distanciado a ambos gobiernos. Aunque no es una crítica exclusivamente vasca. Convertida en zoco internacional donde los mejores postores se llevan de China respiradores, mascarillas o EPI (equipos de protección individual) ante el coronavirus, el Gobierno vasco aseguró ya en marzo hacer "lo posible e imposible" para hacerse con material. Ya entonces comenzaron a circular críticas por el sistema centralizado impuesto por Madrid, lo que generaba retrasos en el reparto.

Pero el decreto de hibernación económica impuesto por Sánchez fue el principal encontronazo en tiempos de coronavirus entre los gobiernos vasco y español. La paralización de las actividades no esenciales supuso y antes y un después. La CAV fue una de las comunidades que más fuerte censuró la medida, adoptada sin haberla consensuado con los presidentes regionales. Con un decreto redactado el fin de semana –e incluso con errores gramaticales–, la premura de la decisión soliviantó al lehendakari. Urkullu pidió a Sánchez que dejara en manos de las comunidades autónomas definir "la especificidad de la economía productiva" y que, en consecuencia, decidieran "concretar actividades y empresas que son auxiliares y necesarias para la actividad crítica, previo conocimiento del Gobierno español". La petición cayó en saco roto.

El último episodio de este culebrón entre instituciones se vivió con la orden de dejar a la CAV sin políticas activas de empleo. Ello elevó la queja del Gobierno vasco, aunque sin éxito de enmienda.

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