- El lehendakari rechazó ayer las acusaciones de los sindicatos ELA y LAB que consideran que solo el apagón económico e industrial garantiza la salud de los trabajadores y evita la transmisión del coronavirus. Iñigo Urkullu considera que estos planteamientos son “inadmisibles” ya que carecen de justificación y de argumentos basados en datos, y se pregunta por las razones por las que ambas centrales han llevado a los tribunales a los gobiernos de la CAV y Nafarroa, y no al Ejecutivo español, que es el que aprobó el decreto sobre el cierre industrial limitado.
El lehendakari enfatizó que ELA y LAB están planteando un “cuestionamiento general” de las medidas preventivas frente al coronavirus de todas las empresas. Todo ello sin aportar “ningún tipo de justificación” para afirmar que el funcionamiento de las empresas y las actividades esenciales pueden poner en peligro la vida y la salud de los trabajadores.
En este sentido, Urkullu recordó que todas las empresas que siguen funcionando “deben cumplir un protocolo obligatorio” para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Además, puso énfasis en destacar que el destinatario de la demanda judicial no sea aquel que ha aprobado el decreto, el Gobierno español. Subrayó que, en el caso de la industria, Moncloa “asumió” la nota aclaratoria de Lakua para este sector, e incluso la hizo “extensiva” al resto de comunidades autónomas. Por ello, se preguntó por qué motivo los dos sindicatos “denuncian solo” a los gobiernos vasco y navarro, cuando se trata de recomendaciones que han sido dirigidas por la Administración central a todas las autonomías.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se declaró ayer incompetente para paralizar y anular la “nota aclaratoria” del Gobierno vasco sobre los sectores industriales que podían continuar su actividad. En un auto, la Sala expone que no tiene “competencia” para resolver sobre la anulación por tratarse de una “resolución administrativa” que tiene un “rango inferior” a una ley y queda fuera de sus funciones. El tribunal indica a los sindicatos denunciantes que pueden acudir a la vía contencioso-administrativa.
