- El nivel de gravedad que está alcanzando el contagio del coronavirus ha desembocado en medidas contundentes y en un escenario donde la celebración de las elecciones autonómicas del 5 de abril es cada vez más incierta. En un contexto en que el Gobierno español calcula que los infectados en el Estado se van a disparar hasta los 10.000 la semana que viene, el Ejecutivo vasco está redoblando esfuerzos para frenar el contagio y ha aprobado una declaración de emergencia sanitaria que le permite limitar el movimiento de las personas. Esta declaración, además de plantear dudas logísticas para el día de la votación si se mantuviera hasta entonces, es una muestra del nivel de preocupación que genera el virus y el grado de prioridad que tiene en la agenda de Urkullu, que además es el candidato del PNV y lleva días con la precampaña totalmente cancelada. Pero aplazar las elecciones tampoco es fácil porque hay un vacío legal, y el Gobierno vasco insistía ayer en que no hay novedades. Quiere consenso político e institucional, y sustento legal.
El lehendakari promulgó la declaración de emergencia sanitaria, que le faculta para tomar medidas como el confinamiento de personas en sus domicilios o lugares seguros con el artículo 8 de la Ley de Gestión de Emergencias en la mano, una opción que él mismo citó de manera expresa. La declaración entra hoy en vigor. Unas horas después, el presidente español, Pedro Sánchez, anunciaba su intención de activar hoy el estado de alarma, que le permite limitar la circulación de personas, o incluso requisar bienes y racionar artículos de primera necesidad. Estas declaraciones siempre generan impacto social y dan pábulo a que se especule con el confinamiento en casa en puntos calientes como Gasteiz. Queda en el aire si esas actuaciones provocarían de facto que se suspendieran la campaña electoral o la propia votación si se confirmara una restricción de movimientos para miles de vascos. Pero está por ver la concreción, que podría llegar hoy, y se desconoce la duración de las medidas, que podrían levantarse o no antes del 5-A y dependerán de la evolución del virus.
En el caso de Sánchez, el estado de alarma dura quince días, de manera que se puede llevar por delante la primera semana de la campaña. Pero tampoco se puede deducir que las elecciones se dejarán para otro momento. De hecho, el estado de alarma es el más leve de los tres posibles (frente a los de excepción y sitio), y no lleva aparejada una restricción en los derechos políticos. Además, los confinamientos que se han promovido, también en Italia, no suponen una reclusión absoluta, sino que se permite salir en casos de necesidad, por motivos laborales o de salud, así que hay excepciones. En Murcia y Catalunya ya se están produciendo medidas de confinamiento y aislamiento durante dos semanas.
Fuentes consultadas por este periódico tanto en la consejería de Salud como en el entorno del lehendakari aclaran que lo que hizo Urkullu en el Consejo de Gobierno extraordinario fue aprobar una herramienta jurídica para gestionar el virus, pero que la situación es cambiante y habrá que ver cómo se concretan las medidas. Además, al menos hasta ayer, no se querían plantear los escenarios más duros. Se han tomado ya medidas en suelo vasco para limitar paulatinamente la presencia en las calles, como recomendar el teletrabajo y cerrar los centros educativos. Sánchez y Urkullu se verán hoy por videoconferencia en el marco de la cumbre con presidentes autonómicos.
El lehendakari mantuvo la incógnita sobre las elecciones y no dio por supuesto que se vayan a demorar. Recordó que se debe analizar desde el plano legal y jurídico porque la situción es nueva. No está claro que se puedan desconvocar unas elecciones, y tampoco se sabe quién tiene la competencia (Urkullu no está seguro de que esté en su mano, y la Junta Electoral también se desmarca). El lehendakari, además, aseguró que quiere tomar su decisión en "coordinación" con la Junta Electoral y otras instituciones, y también cree "importante" que los partidos le trasladen su criterio en la reunión que ha convocado para el lunes. Quiere consensuarlo con los partidos.
Poco se ha profundizado en una nueva fecha para las elecciones. Los expertos dicen que el punto álgido del virus llegará en abril, y que quizás no esté controlado hasta julio. Las elecciones se pueden situar como máximo en octubre, un mes después de los comicios de 2016, pero habrá que ver si la oposición está dispuesta a asumir la situación anómala que se va a producir, con Urkullu prorrogando su gobierno sin el control parlamentario habitual porque la Cámara de Gasteiz está disuelta desde que se convocaron las elecciones. Solo es posible convocar la Diputación Permanente, su versión reducida, para abordar cuestiones urgentes, aunque ahora será más difícil por la situación del virus en Gasteiz y las restricciones sobre la propia sede parlamentaria.
El PNV duda de que pueda mantenerse un mínimo de unidad política y augura una estrategia de desgaste por parte de EH Bildu. El Gobierno vasco, de coalición entre PNV y PSE, tiene estos recelos e importantes reservas jurídicas, mientras que la coalición abertzale y Podemos presionan para aplazar las elecciones con las manos libres por ser observadores externos, y el PP también, pero con un perfil más discreto.
Antes de la reunión del lunes, el Gobierno vasco va a observar con atención el desarrollo de las elecciones municipales de mañana en el Estado francés, que se mantienen a pesar del virus. Puede ser un factor que condicione la decisión vasca, porque se podrá ver si la abstención es desproporcionada y si Francia logra garantizar el derecho a participar en la votación por parte de todos los ciudadanos que lo deseen. La posibilidad de garantizar el voto es importante a la hora de tomar una decisión.
El Gobierno vasco puso ayer sobre la mesa la Ley de Gestión de Emergencias, que en su artículo 8 permite al lehendakari tomar medidas como el confinamiento de las personas en sus casas y la evacuación de zonas de peligro. Las medidas deben ser proporcionadas y esa es la intención de Urkullu. Preocupan todos los escenarios que se abren: que se celebren las elecciones y, ya sea por un confinamiento o bien por el nivel de contagios o por miedo, la abstención sea muy elevada y exista el riesgo de que alguien impugne el resultado; o, por el contrario, que no se celebren y alguien lo denuncie porque quería ir a votar. También puede darse el caso de que se mantenga la celebración de las elecciones y no se puedan constituir muchas mesas de votación por la ausencia de los convocados. En ese caso, sí sería la Junta Electoral quien tendría que aplazarlo sobre la marcha.
En el caso del estado de alarma decretado por Sánchez, en algunos ámbitos cercanos al PP y al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha alimentado la hipótesis de que puede ser una percha para suspender las elecciones autonómicas vascas y gallegas, que coinciden el 5 de abril. Pero el Gobierno vasco no lo ve tan claro. No existe ese automatismo legal. La Constitución española recoge ese estado de alarma, que se desarrolla en una Ley Orgánica de 1981. Es en esa ley donde se concreta que se podrá limitar la circulación de personas en determinados ámbitos.
"Quiero analizar lo que esta situación nos invite a adoptar, si es que está en nuestra mano"
Lehendakari
"He convocado el lunes a los partidos, entendiendo que hay una laguna jurídica"
