Abusos cometidos entre 1978 y 1999

La comisión que valora a las víctimas policiales no podrá actuar si hay causa judicial

25.02.2020 | 13:29
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández.

El Gobierno vasco ha puesto en marcha el procedimiento legal de funcionamiento de la Comisión de Valoración que analizará y resolverá las solicitudes para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999 y que no podrá actuar si los casos están inmersos en causas judiciales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula la forma de actuación de los miembros de esta comisión de valoración, prevista en la legislación vasca, que serán los encargados de autorizar o denegar la condición de víctimas de los solicitantes.

Su desempeño, añade el decreto, deberá garantizar que "en ningún caso se produce invasión de la función jurisdiccional". Es decir, que en los casos en los que la comisión tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales o procedimientos administrativos sancionadores sobre un caso determinado "se deberá suspender las tramitación del procedimiento".

La comisión de valoración también analizará aquellas peticiones de casos comprendidos entre 1960 y 1978 que no pudieron acogerse a la convocatoria regulada en un decreto anterior.

Para presentar estas últimas solicitudes el plazo finaliza el 16 de abril, mientras que los casos comprendidos entre 1978 y 1999 pueden registrarse hasta el 26 de septiembre de 2021.

Según ha explicado en rueda de prensa el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, los miembros de la comisión de valoración, que a partir de ahora iniciarán sus trabajos, tendrán que suscribir un compromiso de confidencialidad previo a acceso a los expedientes.

Desde el pasado 26 de septiembre las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 y las que se quedaron fuera de la anterior convocatoria de casos de entre 1960 y 1978 pueden presentar su solicitud de reparación y las consiguientes indemnizaciones.

Fernández ha confirmado que ya se han registrado cien solicitudes correspondientes al período 1960-78 y más de 200 del período 1978-1999 que a partir de hora serán analizadas por la comisión de valoración.

Los solicitantes deben presentar entre otros documentos aquellos que acrediten las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento o el hecho que provocó la incapacidad, como informes policiales, gubernativos, judiciales o procedentes de cualquier otro registro o fuente referentes a las circunstancias y al lugar de los hechos.

También son necesarios informes y dictámenes médicos en el caso de las lesiones permanentes o incapacidades padecidas, y en su caso, la resolución del órgano competente que reconozca la lesión o incapacidad del peticionario.

En todas las solicitudes de indemnización por fallecimiento hay que aportar el certificado de defunción y acreditar la relación de parentesco (cónyuge, pareja de hecho, hijos, padres, nietos o hermanos).

Este derecho a la reparación se incluye en la Ley 12/2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, modificada por la Ley 5/2019, de 4 de abril.

Esta norma ha sido recurrida por PP y Ciudadanos ante el Tribunal Constitucional con sendas iniciativas que han sido admitidas a trámite por el alto tribunal. Ello no significa que la norma sea suspendida de manera cautelar, por lo que el Gobierno Vasco está ejecutando los trámites para su desarrollo.

Según Jonan Fernández, la actual ley tiene seguridad jurídica por lo que confía en que se desarrolle con normalidad.

El Parlamento Vasco tuvo que modificar la ley de 2016 que regulaba estas reparaciones después de que fuera suspendida cautelarmente tras ser recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ejecutivo del PP argumentó, entre otros razonamientos, que la comisión de valoración que figuraba en la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de la violencia policial, no podía ejercer esta función porque es una labor que compete a los jueces.

Pero cuando llegó Pedro Sánchez a La Moncloa el Gobierno acordó con el vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad a cambio de que se introdujeran varios cambios que dejaran claro que su objetivo no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados.

Así que en abril de 2018 el Parlamento de Vitoria aprobó una modificación de la norma ajustándose a estas modificaciones.

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