BILBAO - Ni una ni dos, ni tres, hasta cuatro querellas acumula el ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, por el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Primero fue Vox el que, pocos días después de la reunión, llevó el caso al Tribunal Supremo.
En los últimos días han seguido el mismo camino, Ciudadanos, PP y el Partido Laócrata. Este nuevo partido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra "los funcionarios y autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería"; Cs ante la Fiscalía General del Estado; y los populares ante el Juzgado de Madrid.
El PP, junto a Ciudadanos y Vox, lleva varias semanas poniendo este tema en la agenda pública y parlamentaria para tratar de desgastar al ministro. En el pleno de control de esta semana ha vuelto a poner al socialista en el centro de la diana y ayer llegó incluso a pedir su dimisión por el "escandalazo de Barajas", después de que hasta dos jueces hayan ordenado guardar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid sobre la reunión que mantuvo con la número dos del régimen venezolano.
En declaraciones ayer en el Congreso, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, cargó duramente contra el presidente Pedro Sánchez por no asumir responsabilidades por este caso. En la misma línea, su compañera de partido, Cayetana Álvarez de Toledo, avisó que tras la denuncia llegarán "hasta el final en la averiguación de lo ocurrido en Barajas en la reunión de Ábalos con una torturadora corrupta, mano derecha de un dictador", en referencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, confía en que se guarden esas imágenes para que puedan "ser útiles" en la investigación del caso, en el que hay "indicios de delito".
De momento, AENA debe conservar las imágenes grabadas de videovigilancia, porque la jueza de guardia ha apreciado, de acuerdo con el criterio del fiscal, "indicios racionales de hecho delictivo". Los dos juzgados están a la espera de recibir la documentación y fuentes jurídicas no descartan que el asunto, si es admitido a trámite, acabe acumulándose en un único órgano judicial que será el Tribunal Supremo ya que al ser ministro está aforado.
Ábalos aseguró ayer estar "muy tranquilo" pese a las querellas y cree que "se cumplió con todas las normas". El ministro y secretario de Organización del PSOE criticó además el "espectáculo" que la oposición busca generar con el asunto de la escala en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, uno de los miembros del régimen de Nicolás Maduro que tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen debido a las sanciones que impuso la UE al régimen chavista. El martes Ábalos ya consideró que los vídeos "aclararían muchas cosas", pero lamentó que la Ley de Protección de Datos prohíba su difusión.
