Bilbao - Toda Euskadi, y especialmente los partidos políticos vascos, están expectantes ante la decisión que adopte el lehendakari Iñigo Urkullu sobre la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas al 5 de abril: mañana es el último día en que el decreto de disolución del Parlamento Vasco y convocatoria de los comicios podría aparecer publicado en el Boletín Oficial del País Vasco para que corran los 54 días de plazo preceptivos y los colegios electorales abran, efectivamente, el primer domingo de abril. Según ha podido saber este medio, ni los más estrechos colaboradores del jefe del Gobierno vasco saben de qué lado se decantará la balanza: "Todos estamos esperando cuál es su decisión", aseguran. La incógnita podría resolverse hoy mismo.

El adelanto electoral para dentro de apenas dos meses adquirió muchos grados de certeza tras el Consejo de Gobierno del pasado martes, cuando Urkullu consultó a los once integrantes de su ejecutivo sobre la fecha de los comicios, paso obligatorio que, como ya ocurrió en 2016, puede dar pie a una activación inmediata de la maquinaria electoral. Una precipitación de los acontecimientos que ha cogido con el pie cambiado a los partidos: hasta la semana pasada, lo que aparecía en las quinielas era la preferencia del lehendakari por agotar la duración natural de las legislaturas, lo que situaría las elecciones el próximo septiembre u octubre.

El posible cambio de planes, que se confirmará en un sentido u otro en cuestión de horas, provocó en primer lugar una reacción general de rechazo entre las formaciones vascas, sumidas en sus propios procesos de conformación de listas electorales. La más crítica, EH Bildu, presentó ayer mismo de forma oficial a su candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte; Podemos-Ahal Dugu acaba de arrancar sus primarias para elegir entre Rosa Martínez y Miren Gorrotxategi, proceso que tendría que acortar si los comicios son el 5 de abril; el PP de la CAV se enfrenta incrédulo a las resistencias de Génova a proclamar cabeza de lista a Alfonso Alonso; y PSE y PNV fueron los primeros en hacer los deberes, al confiar de nuevo en Idoia Mendia y Urkullu, respectivamente.

Son muchos los factores que han influido en un adelanto ante el que Urkullu era a priori reticente. Pero el hecho fundamental fue la reunión que mantuvieron el pasado miércoles el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con la culminación de las transferencias pendientes a Euskadi sobre la mesa. El gabinete de Pedro Sánchez confirmó su disposición al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika (prioridad absoluta del lehendakari, con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social como joya de la corona) con el traspaso de tres competencias acordado ese mismo día: legislación sobre productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por ERE.

El optimismo con el que Erkoreka salió de su encuentro con la ministra, el primero tras diez meses de parálisis, abonó la posibilidad del adelanto electoral en la CAV para tener un Gobierno vasco constituido cuanto antes que pueda afrontar, sin ninguna cortapisa electoralista o temporal, la fase más importante de los traspasos, el próximo otoño. El nuevo Ejecutivo, presumiblemente una reedición del Gobierno de coalición PNV-PSE con el colchón de una mayoría absoluta, según las encuestas, echaría a andar en julio y a la vuelta del verano ya contaría con las directrices presupuestarias aprobadas. Antes, el 20 de abril, Darias devolverá la visita a Bilbao para confirmar el calendario de transferencias, una cita en la que se espera se certifique el buen clima de la reciente reunión.

Elecciones catalanas En contra del adelanto electoral cabe mencionar que el Ejecutivo vasco tiene los presupuestos aprobados, la buena salud del pacto con el PSE y la victoria del PNV en las últimas citas electorales. Más allá del calendario de transferencias hay otros elementos que han pesado a la hora de valorar este paso, incluyendo evitar situar la campaña electoral en plenos días vacacionales de Semana Santa, a lo que han venido acostumbrando las elecciones generales en el Estado y que no es visto con buenos ojos por la ciudadanía. En el caso de las autonómicas vascas, la única forma de evitarlo sería llamar a votar el primer fin de semana de abril.

Las escasas posibilidades de sacar más punta al calendario legislativo en lo que resta de mandato es otro factor, junto con la inevitable situación catalana. Un objetivo es que las elecciones en la CAV se celebren en clave vasca y estén por tanto desligadas, en la medida de lo posible, de Catalunya. El president Quim Torra ya anunció el adelanto de las elecciones en su comunidad, que certificará tras la inminente aprobación de los presupuestos en el Parlament, por lo que puede interesar situar los comicios vascos en una fecha anterior. Mientras, está por ver si el suflé de la inestabilidad en Catalunya se rebaja próximamente o no.