Vicepresidenta primera

Calvo niegan que pretendan un indulto oculto a los presos del 'procés' catalán

Moncloa descarta que la reforma del delito de sedición vaya a ser objeto de negociación entre Sánchez y Torra

23.01.2020 | 06:22
Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno español.

BILBAO - La oposición no ha perdido el tiempo en acusar al Gobierno de coalición que con la reforma del Código Penal, que rebajaría las penas por el delito de sedición, pretende "un indulto por la puerta de atrás" para los presos soberanistas. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez, apoyándose en los "mensajes" lanzados por la propia sentencia del Tribunal Supremo y desde Europa, insiste en su intención de "acompasar" estas condenas asegurando que esta actualización no formará parte del encuentro que el presidente español mantendrá con Quim Torra. "No es tanto urgencia como necesidad. Hay tipos penales en nuestro país que no están a la altura del derecho comparado de nuestro entorno europeo. Algunos son anteriores a nuestra Constitución", argumentó ayer la vicepresidenta primera Carmen Calvo, desvinculando este propósito del diálogo con Catalunya.

Del Código Penal y de su reforma Sánchez "no va a negociar con ningún presidente de ninguna comunidad autónoma", garantizó la dirigente socialista, ya que en este ciclo de encuentros "se hablará de problemas" y "de la responsabilidades concurrentes". Únicamente será objeto de debate en el seno del Congreso, una vez aprobado en Consejo de Ministros. El Gobierno español entiende que los actuales tipos penales "se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos", señaló Calvo, en alusión a la declaración unilateral de independencia. De hecho, remarcó que el fallo del Supremo y las resoluciones europeas invitan a pensar "que hay que arreglar algo", dijo la vicepresidenta en la cadena Ser, reconociendo el escenario errático del proceso de euroorden de detención contra los exdirigentes del Govern que decidieron exiliarse, personificados en Carles Puigdemont.

La modificación, que endurecería el delito de rebelión en caso de un nuevo desafío como el de 2017, necesita la mayoría absoluta del Congreso para salir adelante, ya que el Código Penal es ley orgánica. La suma, en principio, podría darse si el bloque que sacó adelante la investidura de Sánchez a principios de mes se repite y ERC y EH Bildu pasan de la abstención al apoyo, algo que el Gobierno considera muy probable. Calvo admitió que el cambio legal podría aplicarse a los líderes independentistas en prisión, pero negó tajantemente que ese sea el objetivo perseguido. Desde el Ejecutivo de coalición sostienen que este plan se ciñe a la nueva etapa de desjudicialización al remarcar que "ha llegado el momento de tomar decisiones" después de "años" en los que la política ha quedado "colapsada". Moncloa asiente respecto a que esta eventual modificación tiene una implicación en los actuales presos soberanistas en forma de beneficios penitenciarios. "Es obvio", aseveró Calvo, escudándose en que el Gobierno se limita a proponer y modificar la legislación, no a aplicarla.

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