Bilbao - En la sesión inaugural del conocido como segundo juicio político del procés, el que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra por los acontecimientos que tuvieron lugar en otoño de 2017, sobre todo la consulta independentista del 1-O, el que fuera major de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, optó por una doble estrategia: durante su larga declaración, que ocupó las sesiones de mañana y tarde en la Audiencia Nacional, realizó una defensa cerrada de la actuación de los Mossos en esos meses plenos de sucesos, aunque ello le llevara a criticar las órdenes que recibía de sus superiores políticos. De este modo, se desmarcó completamente de los pasos que adoptó el Govern entonces presidido por Carles Puigdemont de cara a lograr la desconexión con el Estado español, que llegó a calificar de "barbaridad" e "ilegales".

Además de Trapero, por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pasarán el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior Cesar Puig, para quienes la Fiscalía pide once años de cárcel por rebelión, así como la intendente Teresa Laplana, que afronta una petición de cuatro años de prisión por sedición. El discurso desplegado ayer durante horas por el exmajor está en línea con la declaración que realizó en su día como testigo en el Tribunal Supremo, durante el juicio del procés que condenó a nueve líderes independentistas por sedición y a otros tres por desobediencia. Es decir, marcó distancias en cuanto a los objetivos y métodos desplegados por la Generalitat, lo que le ha valido al mando policial pasar de ser considerado un héroe del procés a un traidor a la causa independentista.

En respuesta a las preguntas que le dirigió el fiscal Miguel Ángel Carballo en la sesión de la tarde, Trapero aseguró que nunca conoció el proyecto independentista del Ejecutivo de Puigdemont y llegó a calificar las resoluciones de ruptura que el Parlament aprobó en el marco de la estrategia unilateral independentista como "una barbaridad más de las que se estaban haciendo". Respecto a los actos promovidos por la Generalitat, los definió como "ilegales". Sobre las conclusiones de la comisión del proceso constituyente que se creó en el Parlament en 2016, alegó que entonces supuso que la Justicia las "iría anulando", al tiempo que si se cometía algún delito, se imputaría a los responsables.

Se desmarcó del expresident huido a Bélgica -aseveró que no mantenía con él una relación ni "estrecha, ni buena ni mala"- y destacó su "incomodidad" con la estrategia del Govern de mantener el referéndum unilateral, aunque alegó que siempre dejó claro que cumplirían las órdenes judiciales y que así lo hicieron. En la antesala del 1-O, explicó que en la reunión que los mandos policiales mantuvieron con Puigdemont y varios consellers el 28 de septiembre advirtieron al Govern de que "no se equivocaran", porque la Policía catalana no iba a "secundar ninguna ruptura de la legalidad ni de la Constitución", al tiempo que expresaron su "preocupación" por los daños a la imagen del cuerpo. "Y él nos dice que más importante que la imagen de los Mossos era la imagen del Govern", censuró.

En este punto, el exmajor quiso dejar claro que ya desde un año antes del referéndum suspendido los dirigentes de la Generalitat "no confiaban" en él para llevar adelante el proceso independentista. "Tenían desconfianza, no, lo siguiente", aseveró. También desvinculó su nombramiento como responsable de los Mossos con el proceso independentista. Explicó que ello "no tiene ningún tipo de relación" con el procés, pues la propuesta para ser nombrado tiene fecha de enero de 2016 y la hizo el entonces director Albert Batlle, "una persona que no tiene absolutamente nada que ver" con el proyecto soberanista.

434 urnas incautadas Respecto al propio desarrollo del referéndum del 1-O, reivindicó que más de 200 colegios a los que fueron agentes de los Mossos cerraron en las primeras horas y que se incautaron 434 urnas. Admitió que la actitud de los ciudadanos que se encontraron fue "difícil de entender y de prever, ver cómo la gente defendía las urnas de esa manera era poco imaginable, se les iba la vida". Según Trapero, "negarse de esa manera a la orden de la autoridad" y que "con un carácter tan general la gente desobedeciese" le sorprendió y "ni nosotros ni nadie" se lo podían creer.

Según él, las órdenes dadas a los mossos no iban en ningún momento encaminadas a facilitar la votación y recordó que se sintió ofendido cuando el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial, puso este compromiso en duda en una de las reuniones preparatorias. Este fue el motivo, señaló, por el que admitió que nunca tuvo buena relación con él. Puso como ejemplo que a primera hora del 1-O vio en televisión a una pareja de agentes con una actitud permisiva con el referéndum, por lo que ordenó retirarles del colegio en el que estaban porque su comportamiento era "impresentable". Aunque admitió errores de planificación, Trapero descargó parte de la responsabilidad del dispositivo policial para el día del referéndum, teniendo en cuenta que Policía Nacional y Guardia Civil también estaban desplegados en Catalunya para cumplir la orden de impedirlo.

Durante la declaración de la mañana, tuvieron gran protagonismo las concentraciones que se produjeron el 20 de septiembre de 2017 en protesta por los registros judiciales que se sucedieron en diferentes lugares de Catalunya. Trapero alegó que tuvieron falta de agentes -"no podíamos hacer cinco cordones de seguridad de 40 metros con los efectivos de orden público de los que disponíamos"-, y censuró que la Guardia Civil mantuviera en secreto los registros practicados.

Respecto a la concentración de miles de personas a las puertas de la sede de la Conselleria de Economía, que provocó que la secretaria judicial y agentes de la Guardia Civil quedaran atrapados hasta el día siguiente, el exmajor se refirió a las conversaciones de teléfono que mantuvo con el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, presente en el lugar junto a Jordi Cuixart y ambos condenados a nueve años de cárcel por sedición. "Yo tuve una conversación con él que acabó mal, le dije: tú a mí no me vas a decir cómo hacer un dispositivo y le colgué el teléfono", recordó.

También negó que se diera protección a investigados por el procés por estar en esa situación. "Por condición de investigados no se ha dado protección absolutamente a nadie", dijo, aunque matizó que tampoco se iba a dejar de darles ese servicio por el hecho de estar bajo el foco de la Justicia. El juicio continuará hoy a partir de las 10.00 horas.