Bilbao - La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer, durante la exposición de las cuestiones previas antes del inicio del juicio, que deja para el final de la vista oral la posibilidad de rebajar la calificación de la acusación de rebelión a sedición, lo que supondría una sensible reducción de la petición de condenas. Los representantes del Ministerio Público avanzaron que adoptarán esta decisión en función de la práctica de las pruebas y que son plenamente "conscientes" de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés: en esa ocasión, la Fiscalía mantuvo la acusación de rebelión, la Abogacía del Estado la cambió, no sin polémica, por sedición, y el tribunal presidido por Manuel Marchena optó en su fallo por esta segunda vía.

Se de la circunstancia de que, como consecuencia de ese fallo, el exconseller de Interior, Quim Forn, fue condenado a 10 años y medio de prisión por un delito de sedición, menos de lo que se pide ahora para el que fuera su subordinado, el exmajor Josep Lluís Trapero. "Este no es el momento procesal oportuno, y por tanto no se hará ninguna modificación " de la acusación, insistió ayer la Fiscalía. Rechazó además una posible indefensión de los procesados alegando que, como los hechos recogidos en el auto de procesamiento y en el escrito de acusación fiscal "son los mismos, su calificación jurídica no queda comprometida aunque no se cambie ahora el delito" por sedición.

Los tres abogados presentes -Trapero y Teresa Laplana comparten letrada- pidieron por su parte a los fiscales que, efectivamente, se replanteen la calificación de la acusación. En esa decisión pesará también, además de la sentencia del pasado 14 de octubre sobre el procés, la de la consulta independentista del 9-N de 2014, que se saldó con condenas por desobediencia al expresident Artur Mas y varios de sus consellers, lo que no conlleva el ingreso en prisión.

Al final de las cuestiones previas, la presidenta del tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, la magistrada Concepción Espejel, advirtió de que, al margen de que la Fiscalía opte por rebajar su acusación, el tribunal seguirá siendo competente para juzgar esta causa. "Se limitará a resolver los hechos objeto de enjuiciamiento" y "valorará en sentencia los hechos objeto de calificación definitiva", subrayó.

El posible giro de la Fiscalía tras la práctica de las pruebas se enmarca en la estrategia declarada por el Gobierno de Pedro Sánchez de desjudicializar la política, con la vista puesta especialmente en Catalunya. El Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha apostado fuerte por esta vía con el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, y el desgaste que ha supuesto por las numerosas críticas recibidas. "La política no se puede esconder detrás de las togas", afirmó de forma significativa el pasado viernes la nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. - C. C. B.