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Investidura de Pedro Sánchez

PSOE y Unidas Podemos acuerdan derogar la reforma laboral de Rajoy

31.12.2019 | 06:20
Pablo Iglesias, abrazando ayer a Pedro Sánchez.

Sánchez e Iglesias abogan por recuperar la ultraactividad mientras se negocie otro convenio

bilbao - Pedro Sánchez quiso dar ayer sensación de velocidad e inminencia a su investidura como presidente español. La jornada fue vertiginosa y comenzó con el acuerdo con el PNV, al que siguió por la tarde la presentación del programa de coalición con Unidas Podemos. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que volvieron a fundirse en un abrazo tras meses de enfrentamiento público y una repetición electoral, presentaron un programa en el que destaca la derogación la reforma laboral de Rajoy de 2012. También proponen revalorizar las pensiones en función del IPC, aumentar el salario mínimo de manera progresiva hasta alcanzar el 60% del salario medio estatal (hasta unos 1.200 euros), un ingreso mínimo vital clave para Podemos que se inspira mucho en la renta de garantía de ingresos vasca, subir los impuestos a las rentas altas y a las empresas, y que la asignatura de religión no compute para la nota.

El pacto de Sánchez e Iglesias, que se sentarán uno junto a otro en el Consejo de Ministros si prospera la investidura, se centra sobre todo en las medidas sociales en sus 50 páginas. En el modelo territorial, apuestan por el diálogo en Catalunya y por aclarar el reparto de competencias entre el Estado y los territorios, pero la mención es muy discreta y, en ese terreno, el titular de la jornada lo puso el pacto con el PNV para encauzar los sentimientos nacionales. En paralelo, Sánchez negocia también con ERC la mesa de diálogo bilateral con el Govern, a la que deja la puerta abierta el pacto con Podemos cuando se plantea la posibilidad de un diálogo personalizado de cada comunidad con Madrid en asuntos específicos de su interés.

Pero Sánchez e Iglesias quisieron dar ayer todo el protagonismo a lo social. El asunto que se llevó toda la atención fue la derogación de la reforma laboral del PP, un debate que había provocado cierta discusión interna entre los socios porque el PSOE se inclinaba por una modificación. Finalmente, se apuesta por la "derogación", de manera expresa. Es cierto que solo se habla de derogación en puntos concretos de la reforma, pero son puntos que afectan al núcleo del debate y la derecha se lo tomó como una derogación de facto. El documento titulado Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España, es concluyente: "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012". A partir de ahí, se enumeran varias actuaciones concretas "con carácter urgente": derogar la posibilidad de despido por absentismo en bajas por enfermedad, suprimir también la caducidad del convenio mientras se negocia uno nuevo, y eliminar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. En el resto de puntos no se habla de derogar, sino que se usan otros términos. Por ejemplo, se plantea revisar todo lo que tenga que ver con la inaplicación de los convenios, de manera que las empresas solo puedan acudir al descuelgue salarial por causas económicas graves.

En las pensiones, todo se remite al diálogo en el Pacto de Toledo. En ese foro, con otros partidos, se planteará garantizar por ley de manera permanente que las pensiones suban en la misma medida que el coste de la vida (IPC), y eliminar el Factor de Sostenibilidad que vincula las pensiones con la esperanza de vida.

ingreso mínimo Sobre el ingreso mínimo vital, se ensayará un aumento de las ayudas por hijos a cargo para familias vulnerables, y se extenderá después a familias sin ingresos o con ingresos bajos. Sobre los impuestos, en el de Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% para grandes corporaciones, que subirá al 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Las pymes que facturen menos de un millón bajarán del 25% al 23%. El IRPF sube dos puntos para los que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro para la parte que exceda de 300.000. Las medidas no son de aplicación directa en suelo vasco, con régimen foral.