Miembro de la comisión técnica del nuevo estatus a propuesta del PSE

Basaguren: "Me gustaría que nuestro trabajo no acabara en la papelera"

Destacado federalista, López Basaguren apuesta por ampliar el autogobierno en el marco constitucional, a la espera de una futura reforma de la Carta Magna

23.12.2019 | 06:20
Alberto López Basaguren

BILBAO - ¿Es suficiente un acuerdo entre tres partidos para acometer un nuevo estatuto?

-Un estatuto tiene dos tipos de significaciones, una jurídica -y en ese sentido es lo mismo el estatuto en el País Vasco que en cualquier otra comunidad- y otra política. En nuestra comunidad en 1979 tuvo una significación de legitimación política muy especial y hoy la sigue teniendo. En ese sentido, lo conveniente sería que el estatuto tuviese un amplísimo consenso detrás. No está mal el haber conseguido el consenso entre tres personas de visiones no siempre coincidentes, pero hubiese sido deseable uno mayor.

Un mayor consenso es deseable, ¿pero es también viable?

-La ampliación del consenso exige la aceptación de qué es el estatuto de autonomía y cuáles son los límites en los que se mueve. Si no se aceptan esos presupuestos, es muy difícil. A mí me da pena que se vuelvan a repetir las mismas autoexclusiones que se produjeron en 1979.

EH Bildu denuncia que el texto de la mayoría modifica las bases aprobadas en sede parlamentaria. ¿Tenía la comisión técnica capacidad para hacerlo?

-Yo entendí que al grupo técnico se nos pedía el borrador inicial de un proyecto de reforma del Estatuto de autonomía. En lo que a mí respecta, en cuanto jurista y académico, no se me puede pedir que me dedique a poner literatura bonita a algo que solo sería literatura jurídica. Mi obligación, por respeto a mi profesión, al encargo que me han hecho y a mí mismo, es elaborar un texto que sea por una parte viable jurídicamente, por otra parte que concite el mayor respaldo en la sociedad vasca, y que tenga el objetivo de consolidar el autogobierno del País Vasco.

Por tanto, usted solo concibe un nuevo estatuto dentro del marco constitucional.

-Un estatuto solo puede ser dentro del marco constitucional, el que pretenda modificar la Constitución lo que tiene que plantear es otro tipo de procedimiento, el procedimiento de reforma constitucional. Yo no puedo prestarme a avalar, como si fuese jurídicamente posible, algo que no es jurídicamente posible. Tampoco puedo decir cosas que en el ámbito académico no se admiten. Por tanto, mi responsabilidad era poner encima de la mesa un instrumento que jurídicamente fuese edificable. Si los partidos políticos quieren hacer otra cosa, son muy libres de plantearlo asumiendo sus responsabilidades ante la sociedad vasca, pero a un jurista no se le puede pedir que dé respaldo a una propuesta que jurídicamente no es sostenible.

De ahí su voto particular en el ámbito del derecho a decidir.

-Una de las exigencias es la de actuar con honradez intelectual y profesional. Y ahí he querido dejar muy claro por qué creo que debe ser rechazable, que no es conveniente introducir el derecho a decidir. Pero también, por esa honradez intelectual, hay que decir sobre la formulación que plantean Mikel Legarda (PNV) y Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos) que ya ha dicho el Tribunal Constitucional que en esos términos no es contraria a la Constitución.

Entonces, ¿es viable la referencia al derecho a decidir en una disposición adicional?

-No es una cuestión de que esté en una disposición adicional, sino de la formulación. En las propuestas de Legarda y Elizondo se formula en unos términos en los que sea legal y pactado con el Estado. Eso quiere decir que, hoy por hoy, ese derecho a decidir no es practicable y exigiría una reforma del sistema legal español. Por tanto, en esos términos es más un deseo de futuro que una posibilidad real y práctica de aquí y ahora.

Dentro del actual marco constitucional, ¿de qué manera se puede ampliar el autogobierno vasco?

-La reforma del Estatuto tiene sus límites, y el límite es el de la Constitución. Quien pretenda reformar los elementos esenciales del sistema autonómico tendrá que plantear otro tipo de reformas, eso no se puede hacer a través del Estatuto. Dentro de esos límites, la reforma tiene mucha importancia. Por poner un ejemplo, es como si uno hace una gran reforma de su vivienda. No puede cambiar las paredes maestras, no cambia los cimientos, pero puede tirar tabiques, puede hacer una sala mucho más grande... El que quiera cambiar los cimientos tendrá que plantear otra cuestión. Pero la reforma del Estatuto mejoraría la habitabilidad de nuestro autogobierno.

¿En qué sentido debería ir esa reforma?

-Hay que aclarar mucho mejor las cosas, tirar tabiques internos para hacer una habitación más amplia que nos permita movernos mejor. Hay que fijar cuáles deben ser los objetivos y los fines de la actuación de los poderes públicos de la comunidad autónoma. También se debe mejorar el tipo de relaciones con el Estado. Hay un espacio posible para la bilateralidad, pero no todas las relaciones se pueden canalizar a través de ella. Todas esas cosas en el 79 ni se les pasaron por la cabeza.

Una vez concluida la labor de los expertos, parece que todo queda en 'stand by' hasta la próxima legislatura, ya con otras mayorías parlamentarias. ¿Qué se puede esperar en los próximos tiempos?

-Ahora es responsabilidad de los partidos, y ahí hay dos cosas diferentes. Una es que el calendario político haga que sea inviable en esta legislatura, pero a mí eso me parece un problema menor, y otra es qué van a hacer los partidos políticos con lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa. Esa es su responsabilidad, pero sí me gustaría que este trabajo que se ha hecho en no muy buenas condiciones pero con mucha honradez profesional no acabe en la papelera.

¿Cuando dice "no muy buenas condiciones" se refiere a los plazos o al formato de la comisión?

-Al formato, pero también a las condiciones en las que hemos tenido que trabajar, teniendo que combinarlo con nuestros trabajos ordinarios.

Si el nuevo Estatuto es aprobado en Euskadi, ¿es posible lograr un refrendo en las Cortes en Madrid para sacarlo adelante?

-La experiencia tanto del 79 como de los nuevos estatutos es que el trámite del Congreso, si se va con una propuesta que tiene firmes fundamentos en el marco constitucional, no plantea problemas relevantes. ¿Qué cuestiones pueden plantear problemas relevantes? El derecho a decidir, por ejemplo. Este borrador inicial necesita algún pulido, en muchas cosas no tiene la forma en la que a mí me gusta redactar las normas legales, no es un trabajo terminado, pero es perfectamente gestionable en el Congreso de los Diputados sin que lo pongan en entredicho.

Si se fracasa en esta empresa, ¿no se corre el riesgo de generar una frustración en la ciudadanía como ocurrió en Catalunya con el Estatut?

-En Catalunya la frustración tiene diferentes fuentes y a mi juicio la más importante es que se pretendió hacer algo a través del Estatuto que no se podía hacer. Se pretendió reformar los elementos sustanciales del sistema autonómico a través del Estatuto. Yo ya dije en su día que esa era una vía abocada a la frustración. Yo creo que la fuente de mayor riesgo de frustración es transmitir a la sociedad que es posible algo que no es posible. En ese sentido, en la sociedad vasca creo que hay una satisfacción muy mayoritaria. Creo que seguiría manteniéndose ese respaldo al sistema autonómico aunque no se reformase el Estatuto, pero la oportunidad de revitalizar la legitimidad social del Estatuto no debiera perderse.

En el plano catalán, ¿cree que hay margen dentro de la Carta Magna para el diálogo que piden los soberanistas?

-El diálogo no solo siempre cabe, sino que el debate y la comunicación entre partidos es algo que debe ser continuo y permanente que nunca se debe dejar de lado, por muy radicales que sean las diferencias que separen a unos partidos o a otros. Esa es la base del sistema democrático. Tenemos un problema en la cultura política española y es que a la primera de cambio se rompe el diálogo. El diálogo no solo es posible, sino indispensable. Otra cuestión es qué pueda salir de un diálogo de ese tipo. Yo creo que los independentistas catalanes han tenido capacidad de imponer su agenda política de debate, pero eso no es algo por lo que haya que echarles la culpa. Ha sido un logro político que ellos han tenido, más que por acierto propio, por error contrario. Mientras el sistema político español no sea capaz de poner encima de la mesa otra agenda, la única será la de los independentistas.

¿Cuál es esa otra agenda que debe poner el Gobierno español?

-Solo hay una agenda alternativa posible, que es la reforma del sistema autonómico. Esa obra no se puede hacer de forma completa si no se aborda la reforma de la Constitución, pero eso no quiere decir que haya que empezar necesariamente por ahí. Eso sí, hay que empezar por alguna reforma. Mientras no se ponga encima de la mesa la reforma del sistema autonómico solo habrá una agenda política que marcará el debate, la de los independentistas: derecho de autodeterminación, derecho a decidir? Esa es una vía que lleva a un callejón sin salida inexorablemente.