Bilbao - Iñigo Urrutia, jurista designado por EH Bildu para la reforma del autogobierno, se ha desmarcado del texto de la mesa de expertos suscrito por PNV, EH Bildu y PSE, y ha optado por presentar una propuesta propia. Critica que el documento de la mayoría vulnera las bases para el nuevo estatus aprobadas en el Parlamento Vasco en aspectos como el derecho a decidir y la bilateralidad, y cuestiona también algunos aspectos de la metodología empleada en la comisión técnica, en la que los votos de los expertos tenían el mismo valor, independientemente del peso parlamentario de las formaciones a las que representaban.

¿Se ha hecho un esfuerzo para llegar a consensos entre todos los expertos?

-Ha habido diferentes fases a lo largo de este año y los esfuerzos han sido cosa importante. En todo caso, el problema fundamental ha sido que no todos teníamos el mismo objetivo, la misma foto final. Eso ha sido lo que más ha dificultado la búsqueda de puntos de encuentro.

¿No podía haber aportado EH Bildu mediante votos particulares como han hecho el resto de partidos en el texto acordado?

-Es una cosa que me planteé. De hecho, la decisión de separarme de la ponencia mayoritaria y presentar un texto aparte fue a pocas semanas de terminar el trabajo. El problema que se me planteaba era que la metodología que hemos utilizado ha sido ir apuntando los consensos y los disensos en cada uno de los capítulos. Yo tenía claro que las bases nos dirigían a un sistema de relación confederal con el Estado y eso es muy difícil conseguirlo a través de un sistema autonómico. Entonces, mis disensos eran nucleares en cada capítulo. Cuando llegamos a la parte final, que son los títulos que tienen un contenido político más evidente, ya veía que era una cuestión troncal lo que me separaba de la mayoría. En esta perspectiva, opté por presentar un texto aparte.

En su texto propio no habla de la parte social. ¿Está de acuerdo en términos generales con la parte social del texto de la mayoría?

-Sí. En la cuestión de los derechos sociales se hizo un trabajo intenso y bastante largo, estuvimos meses con este tema. Los acercamientos fueron importantes y las posturas tenían muchos puntos de encuentro. No nos costó mucho llegar a acuerdos. El disenso mayor que planteé fue con relación al sistema de garantías, porque podemos declarar todos los derechos del mundo pero si no tenemos un sistema suficientemente efectivo para actuar en el caso de que se vulneren, queda todo en papel mojado.

La principal discrepancia ha sido el derecho a decidir. ¿Hay que incluirlo aunque suponga saltarse la legalidad?

-Hay que empezar diciendo que hay una parte positiva: hasta ahora no teníamos ninguna redacción sobre el derecho a decidir y ahora tenemos tres (la del PNV, la de EH Bildu y la de Elkarrekin Podemos). Se ve que hay un campo importante que responde a la realidad social y a lo que está pidiendo la ciudadanía. Tenemos un margen importante para trabajar este tema y para que aparezca. La idea que traslada el acuerdo de las bases respecto al derecho a decidir es que tiene que ser un principio troncal, que tiene que funcionar de forma transversal sobre todos los títulos. En el texto de la mayoría había dos redacciones en una disposición adicional. Yo no veía que tuviera lógica tener uno de los pilares del nuevo estatus en una disposición adicional. Luego también veía un problema respecto al contenido, porque la versión de Mikel (Legarda) y la versión de Arantxa (Elizondo) tienen una naturaleza declarativa. El planteamiento que a mi juicio estaba en las bases era que el derecho a decidir lo planteáramos de forma transversal estableciendo el derecho a solicitar referéndums y consultas, la competencia de regulación y convocatoria de las consultas, y configurar un derecho a decidir útil.

¿Pero tendría sentido un nuevo estatuto que luego no logre el visto bueno de las Cortes o que pueda ser recortado por el Constitucional?

-La plasmación jurídica del derecho a decidir es algo que socialmente es aceptado y lo que no podemos hacer es renunciar a ello. La influencia de Catalunya también tiene importancia en este proceso. ¿Por qué se adopta el acuerdo en el Parlamento Vasco en junio de 2018? La influencia de Catalunya es importante. Hasta ahora este tipo de proceso tenían que ver con tregua y negociación pero este es completamente diferente: se ve que hay un consenso parlamentario importante respecto a un nuevo estatus y a una nueva relación con el Estado. Uno de los parámetros que impulsa eso es la situación de Catalunya. Por tanto, cuando se plantea la cuestión del derecho a decidir hay que hacerlo de una forma útil que nos pueda servir a la ciudadanía y también como modelo. Un derecho a decidir con derecho a veto por parte del Estado no sería un derecho útil. Hay que seguir avanzando y me quedo con lo positivo, tenemos margen.

Respecto a la bilateralidad, denuncia que el término concierto político ha desaparecido.

-Las bases insistían en que teníamos que diseñar un concierto político con el Estado. Es una terminología que surge de la academia, después se asume por parte del Gobierno vasco y se traslada a las bases. Dicho de forma general, sería la aplicación de la autonomía o soberanía que tenemos en base al Concierto Económico. Sería trasladar nuestra capacidad de gestionar nuestras políticas de ingreso a las políticas de gasto. Jurídicamente es posible, pero la cuestión es que dentro de la comisión técnica ha habido algunas personas que no aceptaban ni tan siquiera el término de concierto político.

¿Hay que aspirar a asumir más competencias? ¿Se es poco ambicioso en este aspecto en el texto de la mayoría?

-La cuestión es que en el texto de la mayoría se plantean dos tipos de competencias, unas llamadas propias forales y otras de régimen común. Las bases y principios nos pedían que todas las competencias fueran propias forales, no solamente algunas de ellas. Y dentro de las competencias de régimen común se han quedado las socioeconómicas, las que tienen que ver con relaciones laborales, Seguridad Social, políticas de industria, de comercio... Todas estas han quedado fuera del sistema de materias propias forales. Las bases decían que había que diseñar un sistema vasco de Seguridad Social, un marco vasco de relaciones laborales, tener capacidad legislativa en materia laboral... Todo eso ha quedado arrinconado. Ese es uno de los puntos críticos de la cuestión competencial. Otro problema es el sistema de garantías que ha diseñado el texto de la mayoría, que a mí me parece que es insuficiente.

¿Tan lejos está el documento de la mayoría de las bases pactadas entre EH Bildu y PNV?

-Esa ha sido la razón fundamental para alejarme y presentar un texto diferente. Se podía haber ido mucho más allá. Uno de los argumentos que han utilizado quienes han apoyado el texto mayoritario es que se nos pedía una reforma del Estatuto de autonomía y de acuerdo con el principio de jerarquía normativa el Estatuto no puede contradecir la Constitución. Yo discrepo de ese planteamiento, porque cuando el Parlamento Vasco nos da unas bases y unos principios, nos dice cuál es el punto final al que el Parlamento quiere llegar. Entonces, el trabajo que a mi entender nos correspondía era trasladar esas bases al texto articulado. Las bases no indican que tenemos que ir a un régimen autonómico, sino a una configuración jurídica diferente, más vigorosa, que tenga capacidad de tener una relación de igual a igual, una relación confederal con el Estado. O estamos en un régimen autonómico o estamos en el régimen al que apuntan las bases.

¿Quién es el principal responsable de ese alejamiento de las bases?

-En un momento a lo largo de estos 14 meses todos los integrantes tuvieron que hacer una reflexión: o seguimos en el sistema autonómico intentado mejorar lo que se pueda o vamos a lo que dicen las bases, a un sistema de relación bilateral. No hablaría de culpables, ha habido dos puntos de vista diferentes, pero el abanico que se le abre al Parlamento Vasco en este segunda fase es importante. Por tanto, se podrá abrir un debate interesante sobre la relación futura entre el país y el Estado.

¿Ha salido EH Bildu perdiendo en esta batalla al quedarse sola?

-No lo valoro así. El texto que hemos presentado es el que más se adecua a las bases. El Parlamento Vasco, sobre la base de su soberanía, establece cuáles son los criterios de relación futura y lo que no le está dado a una comisión técnica es modificar esas bases. Lo que tenía que haber hecho es desarrollarlas pero sin modificarlas. Luego, en una fase ulterior cuando ese texto vuelve al Parlamento, serían los grupos parlamentarios los que decidirían cómo gestionan el documento. Nosotros teníamos un carril marcado, que es el que aparece en el texto que he presentado.

¿Se ha puesto demasiada presión o se ha delegado en exceso en la comisión técnica?

-Yo no soy quién para hacer una valoración de la metodología que determinó el Parlamento, pero sí que otra metodología posible podría haberse dado. Si el acuerdo principal (el de las bases) es entre dos fuerzas parlamentarias, que hubieran sido los técnicos designados por esas dos fuerzas los que hubieran desarrollado un texto y después someterlo al debate. Pero se estableció una metodología a cinco en la que en una primera fase no había votos formales porque, con todo el respeto, no puede tener el mismo peso específico el voto del representante de una fuerza que tiene ocho parlamentarios respecto a otra que tiene veinte. Se ha utilizado el sistema de apuntar consensos y disensos para que pasen a la siguiente vuelta. Yo creo que otras metodologías también podrían haber sido efectivas. Pero no diría que el trabajo hecho es en balde, se ha establecido el campo de juego de forma bastante clara y en cuanto se aclare hacia dónde quiere ir el Parlamento las posibilidades estarán sobre la mesa.

¿Ve viable a medio plazo un acuerdo amplio que permita ir con una mayoría incontestable y plural a Madrid?

-Esa posibilidad existe, socialmente también se da. Si miramos a Catalunya también se ve que están en la misma clave. Sí puede haber una mayoría parlamentaria importante respaldada por la sociedad, que avance hacia un nuevo sistema de relación con el Estado que superar el régimen autonómico, degradado por los recortes competenciales. Se puede ir a un sistema de profundización del autogobierno y de relación bilateral, como existe en otros sitios como Bélgica.

De cara a la próxima legislatura, ¿ve posible acordar entre PNV, EH Bildu, Podemos y PSE?

-No sé cómo estarán las cosas en el plano político para llegar a esos acuerdos, pero yo creo que sí que hay posibilidades de conseguir unas mayorías muy reforzadas en el Parlamento Vasco para sacar un texto que se pueda someter a la opinión de la ciudadanía. En el caso de que la ciudadanía mayoritariamente estuviera a favor, iríamos con esa legitimidad a negociarlo a Madrid. No sé si sería una mayoría a cuatro o no, pero hay posibilidades de que la sociedad vasca apoye un planteamiento de relación confederal, con un verdadero concierto político y de no modificación unilateral del pacto, como ocurre en la actualidad con el régimen autonómico por parte del Estado.