Un estatuto con “alma de constitución”

El debate parlamentario está a punto de arrancar, pero ¿qué aporta la propuesta que firman tres de los cinco expertos? El articulado de Legarda, López Basaguren y Elizondo presenta, a puro peso, cien artículos más que el actual Estatuto de Gernika, cifra que Urrutia eleva hasta los 172. En palabras del catedrático de Derecho y columnista habitual de este diario, Juanjo Álvarez, el proyecto “rearma una frágil institucionalización de 1979, cuando no se sabía qué iba a dar de sí, y le da un meneo...”.

Un “meneo” que profundiza en muchos derechos, reformula otros y plantea artículos nuevos. Un texto “con alma de constitución” y que, a juicio de Álvarez, tiene un primer gran valor, porque “es la primera vez que se institucionaliza el valor de fondo de poder de los derechos históricos. Todas las formaciones políticas menos el PP están de acuerdo con lo que dice la adicional primera de la Constitución y la adicional única del Estatuto, que sirve para modernizar la institucionalización que se creó. Me parece un elemento fundamental”. Tras este primer punto, llega el contenido. La disposición del articulado ofrece la primera pista: al título preliminar de 1979 le siguió el título “de las competencias del País Vasco”. Ahora, el título I se propone que sea sobre los “derechos de las personas”. Las competencias pasan en esta ocasión al título III, después de la organización institucional interna.

Nuevas realidades

La mayoría de las veces lo cuantitativo dice poco por sí solo, pero hay detalles elocuentes en una comparativa entre el Estatuto de 1979 y el texto que viene firmado por tres de los cinco expertos. En el Estatuto de Autonomía vigente no aparecen las palabras mujer, migrante o víctima; y el medio ambiente era una mera cuestión competencial, frente a las políticas que se bosquejan en la propuesta actual.

“Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, con las obligaciones que se establezcan legalmente”, reza por ejemplo el artículo 26, que también insta a los poderes públicos a orientar su política “en garantía de la conservación del medio natural y de la diversidad biológica, la disminución de la contaminación, un uso responsable de los recursos naturales, y el disfrute por la ciudadanía de la naturaleza que preserve su uso por generaciones futuras”.

El texto de Legarda, López Basaguren y Elizondo incorpora -en buena medida la alternativa de Urrutia apunta en una dirección similar- nuevos derechos sociales, económicos y civiles, y reformula otro buen puñado.

La palabra dignidad, ausente en 1979, aparece en cinco ocasiones. Desde el postulado general de que la “dignidad humana es inviolable y debe ser respetada y protegida” (artículo 11), hasta la concreción que afecta a personas con discapacidad (artículo 18), el derecho a la salud (artículo 21) y el derecho al empleo (artículo 28). Los principios generales que desarrolla la propuesta como derechos subjetivos ya están -recuerda Juanjo Álvarez- “donde competencialmente tienen que estar”, en buena medida, en la Carta Magna, por encima en la jerarquía de normativa jurídica.

¿Quién es vasco?

“La primera cuestión fundamental es que todos los derechos que se recogen en la propuesta, a diferencia de la Constitución, que habla de principios programáticos orientadores del trabajo de las administraciones públicas, hablan derechos subjetivos”, resalta Álvarez, que ataca a uno de los debates centrales: “Cuando hablamos de los vascos, hay gente que se pregunta a quién se considera vasco. Pues bien, es la vecindad administrativa, tener aquí el centro de vida”.

Álvarez subraya este “elemento de generosidad social”, porque aunque las condiciones de empadronamiento serán reguladas por leyes posteriores, la propuesta estatutaria innova los postulados de la Constitución o de la legislación europea: “Hay muchos derechos reservados a los españoles, y si lees el derecho europeo, muchos derechos se limitan a los nacionales de un país de la UE. El nuevo estatus los extiende a todo el que esté empadronado o tenga vecindad administrativa, y en esto coincide también EH Bildu: un paquistaní que llegue mañana a Zarautz, se empadrona y al día siguiente es nacional vasco”.

A tenor de Álvarez, no resulta discriminatorio: “Si un señor de Cádiz viene a vivir aquí, se hace acreedor y titular de todos los derechos subjetivos que el Estatuto de Gernika plasma. Esto no lo tienen otros estatutos”.

Poder judicial vasco

El ámbito institucional -más allá del debate concreto sobre el derecho a decidir- aporta renovaciones. El texto propone elevar el listón del autogobierno en el ámbito judicial, al punto que será el Tribunal Superior de Justicia la instancia ante la que “se agotarán las sucesivas instancias procesales en todos los procesos iniciados en el País Vasco” (artículo 54) y se propone crear un Consejo de Justicia del País Vasco que, entre otras tareas, “convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de magistrados, jueces y fiscales” en la actual CAV (artículo 56) “de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica prevista en la Constitución”. En esos procesos, la realidad sociolingüística de cada demarcación deberá ser tenida en cuenta y “el conocimiento del derecho propio será mérito preferente”, como hasta ahora.

Una de las novedades de la propuesta -y que en este apartado (el quinto del artículo 6) no cuenta con el respaldo de López Basaguren, que cree que es cuestión de desarrollo posterior- es que “los poderes públicos garantizarán a todas las personas el derecho a aprender euskera de forma gratuita hasta alcanzar las competencias comunicativas necesarias para desenvolverse en su vida y trabajo con normalidad”. Más aún: siendo el euskera y el español lenguas oficiales, la propuesta fija en el primer apartado del mismo artículo que, a diferencia del Estatuto actual, “los actos jurídicos en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto a la lengua, plena validez y eficacia”.

Anclaje normativo

Más allá de la organización interna -se mantienen la capitalidad de Gasteiz y el actual equilibrio territorial en la elección del Parlamento-, el nuevo estatuto propone en el Título V una nueva relación con el Estado, con una Comisión Mixta del Concierto Político (nombre que le da Legarda) o una Comisión Mixta de Cooperación (López Basaguren y Elizondo), y que Euskadi tenga capacidad de firmar tratados internacionales en materias de su propia competencia (Título VI, el último antes de abordar la metodología de reforma estatutaria).

Son las cuestiones que han generado más debate. Casi el único. Una vez la comisión depositó sus textos en la Cámara, corresponde a los grupos parlamentarios darles recorrido. Debatir y acordar antes de, según el camino elegido, someter la propuesta a una consulta no vinculante de la ciudadanía -como propone el PNV, por ejemplo- o remitirla a Madrid para que prosiga su tramitación.

Un trayecto para el que Álvarez ve ciertas garantías, al haberse cuidado los expertos de anclar la reforma en textos ya existentes, como la adicional primera de la Carta Magna y la adicional del Estatuto de Autonomía. “Esa perla competencial que se desarrolla fantásticamente es lo que no tiene hoy Catalunya”, reconoce Álvarez, que avisa que “a la cámara mixta (Congreso-Senado) que tenga que evaluar el texto o eventualmente al Constitucional les pone en una tesitura donde la doctrina del Constitucional con Catalunya no será la nuestra”.

Ha arrancado un camino largo al que si le falta voluntad política en algún momento, será imposible. De momento, y con incertidumbres, sí tiene una meta que, en caso de alcanzarse, traerá grandes novedades.