recurso de inconstitucionalidad

El PP se suma a Vox y amenaza con un recurso previo contra el nuevo estatus

Casado apunta la vía que permite recurrir el texto cuando lo vote el Congreso y frenaría la entrada en vigor y el referéndum

17.12.2019 | 20:09
Cayetana Álvarez de Toledo, ayer en Bilbao, con Rosa Díez y Fernando Savater.

Pablo Casado apunta la vía que permite recurrir el texto cuando lo vote el Congreso

bilbao - La conmemoración de los 41 años de la Constitución española volvió a desembocar ayer en una competición entre los partidos de la derecha estatal para erigirse en los paladines de la unidad de España pero, sobre todo, los festejos se cruzaron con la negociación de la investidura de Pedro Sánchez como presidente, y por tanto, el PP, Ciudadanos y Vox utilizaron la Constitución como ariete para recriminarle sus pactos con los nacionalistas vascos y catalanes. En esta coctelera, Euskadi volvió a situarse contra su voluntad en el ojo del huracán, y su autogobierno volvió a ser el arma arrojadiza de la derecha, sobre todo por parte del PP. El presidente de los populares, Pablo Casado, amenazó con un recurso previo de inconstitucionalidad para "no admitir ninguna reforma estatutaria en el País Vasco o Cataluña que intente desbordar el orden constitucional". El aviso llega en plena negociación del nuevo estatus de autogobierno vasco, y de manera preventiva ante un hipotético pacto entre el Gobierno español y ERC que pueda alumbrar un nuevo Estatut.

El recurso previo de inconstitucionalidad es una herramienta muy controvertida para los nacionalistas vascos y catalanes, porque instaura un control especial para los estatutos y paraliza su entrada en vigor. Permite recurrir una reforma estatutaria después de que sea aprobada en el Congreso de los Diputados, y la frena, de manera que no puede ser sometida a referéndum entre los ciudadanos ni entrar en vigor mientras el Tribunal Constitucional no decida sobre el fondo del asunto. Esta vía fue eliminada por Felipe González en los años ochenta, pero PP y PSOE la recuperaron en 2015 al calor de lo sucedido con el Estatut, que fue cepillado por el Constitucional cuando ya había superado todos los trámites y había sido votado por los catalanes. De ahí que resurgiera la idea de retomar el control previo para frenar los textos. El PNV ha pretendido todo este tiempo derogar otra vez la reforma del Tribunal Constitucional, sin éxito.

Esta vía permite recurrir los estatutos cuando sean aprobados por el Congreso de los Diputados, y el PP puede hacerlo porque supera los 50 diputados necesarios para acudir al tribunal. Tendría tres días para recurrir tras la publicación del estatus en el Boletín Oficial del Estado, y la interposición del recurso dejaría en suspenso el referéndum y la entrada en vigor. El Constitucional dispondría de seis meses para decidir y, en ese plazo, puede dar vía libre al estatus o pedir que se meta la tijera en algunos artículos. Aunque se solucionara esa situación, podrían plantearse otros recursos posteriores como el que ha anunciado también Vox.

Casado, que está utilizando este debate para desgastar a Pedro Sánchez y demonizar a sus posibles socios de investidura, ya está dando por buenas y definitivas las interpretaciones de los medios de comunicación próximos a la derecha española, que hablan de un escenario de ruptura y radicalidad en el nuevo estatus. Únicamente se conoce la propuesta consensuada por los juristas del PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, y aún queda por delante toda la negociación en el Parlamento Vasco y el Congreso de los Diputados en Madrid. Pero ya es de sobra conocido que el PP se opone por principio a la ampliación del autogobierno, y el propio Casado inició su andadura al frente del PP con un mensaje en contra del traspaso de competencias aunque supusiera no cumplir el Estatuto de Gernika. El anuncio de ayer supone un salto cualitativo porque lleva la discrepancia política sobre el estatus al ámbito judicial. El experto del PP en la ponencia parlamentaria, Jaime Ignacio del Burgo, ya dejó patente que su partido se opone a esta reforma desmarcándose del consenso. El PP de la CAV, además, ha pedido que se archiven todos los textos porque no quiere superar el Estatuto de Gernika. Casado dio ayer un nuevo paso planteando una batalla judicial. No solo se suma a la ultraderecha de Vox, sino que va incluso más allá al invocar con mayor grado de concreción un recurso previo de inconstitucionalidad. La idea que subyace es su intención de pararlo en los tribunales ante la posibilidad de que no pueda hacerlo desde la política, en el Congreso, si hay un acuerdo entre el PNV, el PSOE y Unidas Podemos.

Casado invocó el recurso previo para "no admitir ninguna reforma estatutaria en el País Vasco o Catalunya que intente desbordar el orden constitucional y ejercer de facto una nueva línea constituyente frente a la concordia lograda hace 40 años". También avisó de que usará sus escaños para frenar una reforma constitucional.

El PP centró su estrategia en Euskadi y Catalunya. Además de las palabras de Casado en el homenaje oficial del Congreso de los Diputados, el PP respaldó actos de plataformas unionistas en ambos territorios. La visita a Bilbao de su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, dentro del acto de Libres e Iguales y con presencia de Rosa Díez, pinchó de manera estrepitosa y apenas pudo llenar la plaza del teatro Arriaga con un discurso de confrontación contra el nacionalismo vasco y el "gobierno de sedición" de Sánchez. Había cierta expectación porque coincidía con una manifestación con cargos de EH Bildu a favor de la república vasca pero, esta vez, no se reprodujeron las escenas de tensión que sí se han dado en otras visitas de C's o de Vox que solo buscaban una imagen de enfrentamiento. El PP escogió ayer Euskadi, a sabiendas de que el apoyo a la Constitución fue ínfimo en el referéndum de 1978, y la abstención fue abrumadora.

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