La clasificación de los presos se cruza en la investidura de Sánchez

La posición de la Fiscalía es una incógnita y puede ayudar u obstaculizar la negociación con los soberanistas

17.12.2019 | 20:08
Oriol Junqueras, junto a Gabriel Rufián.

barcelona - Las juntas de las cárceles donde están presos los cargos independentistas propondrán la próxima semana su clasificación penitenciaria, que podría permitirles salidas diarias, en una resolución que la Generalitat y la Fiscalía tendrán que revisar, en plena negociación por la investidura de Pedro Sánchez. Ya se conocía esta fecha, pero la novedad ayer radicó en que en los corrillos se está señalando la importancia que podría tener la posición de la Fiscalía dentro de la negociación de la investidura.

Este fin de semana concluye el plazo para que las juntas de tratamiento de Lledoners, Mas Enric y Puig de les Basses, donde están internos los nueve líderes independentistas condenados por sedición por el Supremo, eleven su propuesta de clasificación a la dirección de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia, que dirige la republicana Ester Capella.

Se abrirá entonces un plazo de dos meses para que la consellería ratifique la resolución de la junta, un órgano integrado por psicólogos, educadores, trabajadores sociales y juristas, y por un representante de la administración catalana que cuenta con voto de calidad, pero insuficiente para imponer su criterio.

La junta tendrá en cuenta factores como la conducta en prisión, los hábitos laborales, el apoyo social y familiar o la falta de antecedentes para asignar a los presos uno de los tres grados penitenciarios: el primero, con las medidas de control más restrictivas, el segundo -ordinario- o el tercero, que les permitiría salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir.

Nada en la legislación impide que los líderes del procés sean clasificados de entrada en tercer grado -de hecho un 40% de los reclusos sin antecedentes lo son-, pero la larga duración de sus condenas dificulta que puedan beneficiarse del régimen abierto de forma inmediata: aunque los hay, son contados los casos de presos con penas de cárcel de dos dígitos que lo han logrado.

El segundo grado, no obstante, puede flexibilizarse hasta igualar sus condiciones a las del régimen abierto, a través de dos supuestos del reglamento que autorizarían a los presos a salir de la cárcel durante el día, principalmente para participar en actividades de voluntariado o trabajar.

La opción del régimen ordinario flexibilizado posibilitaría esquivar el control del Supremo: a diferencia del tercer grado, en el que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador, los artículos del reglamento penitenciario son revisados por el juez de vigilancia y los recursos se agotan en la Audiencia de Barcelona. En ambos casos, puede ser clave el papel de la Fiscalía si decide recurrir los beneficios penitenciarios, una posición que despierta recelos en el Departamento de Justicia por la beligerancia con que el ministerio público ha criticado su gestión de los políticos presos en anteriores ocasiones. De hecho, en su memoria del año pasado, la Fiscalía cuestionó la imparcialidad de las autoridades penitenciarias catalanas para evaluar a los presos una vez condenados, al tiempo que criticaba la "anormal" presencia de políticos catalanes en la cárcel de Lledoners y las asiduas manifestaciones alrededor del centro.

en plena negociación El calendario ha querido que los dos meses de plazo de que dispone la Generalitat para ratificar o enmendar la propuesta de las juntas de tratamiento coincidan de lleno con las negociaciones para lograr la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En ese escenario, es esperable que los republicanos reclamen un gesto al Gobierno en relación con la situación penitenciaria de los políticos presos, de forma que el ministerio público no bloquee su acceso a la semilibertad. - Efe