BILBAO - El exsenador jeltzale y director de la Hacienda guipuzcoana durante 1991 y 2003, Víctor Bravo, compareció ayer en la primera sesión del juicio en el que se le acusa de tres delitos de fraude fiscal a través de una promotora inmobiliaria catalana. En su intervención, Bravo aseguró ser “totalmente ajeno” a las decisiones tomadas en la sociedad Glass Costa Este Salou, ya que no ejercía ninguna función con responsabilidad, ni formó parte de su consejo de administración al tener únicamente “una participación del 6,66%”.

El juicio contra Víctor Bravo y su socio Fernando Isidoro González arrancó en el Juzgado de lo Penal número 1 de Donostia, que deliberará si los acusados cometieron un perjuicio a la Hacienda foral de unos 1,8 millones de euros por fraude en el Impuesto de Sociedades. La Fiscalía pide seis años de prisión para ambos procesados mientras que la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular representando a la Agencia Tributaria, solicita una pena de nueve, además de una compensación superior a la cantidad supuestamente defraudada por Glass Costa Este Salou entre los años 2003 y 2006.

Bravo, letrado de profesión y que ha optado por defenderse a sí mismo en el proceso, insistió en que su participación en la compañía era de poca importancia y aseguró que el centro de decisiones de la empresa investigada estaba en Donostia y no en Catalunya. Así, negó tener conocimiento de que hubiera otras 81 sociedades mercantiles domiciliadas en la sede donostiarra de Glass Costa y se desvinculó de las decisiones tomadas por sus administradores. “Soy totalmente ajeno”, dijo.

En su estrategia de negar todos los hechos que se le imputan, Víctor Bravo rechazó también que siendo responsable de Hacienda conociera el permiso que se dio a Glass Costa para acogerse al régimen especial de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), una figura exclusiva de Euskadi ya derogada que permitía acogerse a beneficios fiscales y tributar un 1% en el Impuesto de Sociedades en lugar de un 28%. De cualquier forma, siempre según la declaración, la empresa “cumplía con los requisitos legalmente exigidos” para acogerse a la exención, como que la sede fiscal y el domicilio de los administradores estuvieran en la CAV. Se da el caso de que el administrador y acusado Fernando Isidoro González estaba empadronado en la vivienda de Bravo en Donostia. El exsenador justificó este aspecto alegando que eran amigos y pasaba en su vivienda largas temporadas. - M. Aizpuru