bilbao - La Fiscalía de la Audiencia Nacional da por “desaparecida” a ETA tras la disolución de la banda armada en mayo de 2018. Así lo afirma en su memoria anual sobre grupos terroristas en el Estado español hecha pública ayer. En el documento se señalan como principales amenazas en ese ámbito a algunos sectores vinculados al colectivo oficial de presos EPPK y al movimiento disidente de la izquierda abertzale conocido como ATA. El documento contradice pronunciamientos realizados en los últimos meses por altos mandos de la Guardia Civil y la Policía española, así como por varios fiscales franceses en el curso de juicios a miembros de ETA, que han afirmado que la banda sigue viva y con capacidad para actuar.
La memoria anual de la Fiscalía está firmada por la fiscala general del Estado, María José Segarra, y da por extinguida a la organización armada que el año pasado se desarmó en abril y anunció en mayo su disolución definitiva, dejando atrás más de ochocientos asesinatos durante casi más de cuatro décadas de atentados. La Fiscalía destaca que los sectores ligados al EPPK y el Movimiento pro amnistía y contra la represión (denominado ATA) tienen “una menor capacidad lesiva” que la que tuvo ETA, ya que su actividad “se basa en sabotajes contra infraestructuras ferroviarias y oficinas bancarias, convocatoria de manifestaciones y concentraciones y pintadas para visibilizar las reivindicaciones de los presos etarras”.
En cuanto a la violencia callejera, tuvo un “carácter leve” en 2018, en su mayoría pintadas de apoyo a ETA y sus miembros, así como colocación de carteles con textos en el mismo sentido. “Los de mayor entidad sufrieron un leve descenso cuantitativo”, continúa la Fiscalía, que recuerda que en el mes de junio se registraron tres sabotajes contra las líneas férreas mediante el corte de las catenarias, que se encuadran en el marco de las jornadas de lucha contra la sentencia del conocido públicamente como caso Altsasu por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas. La autoría se atribuye a los individuos más radicalizados que conforman los diversos colectivos juveniles de la izquierda abertzale.
En mayo de este año el coronel Valentín Díaz Blanco, responsable de los servicios de información de la Guardia Civil, señaló que este cuerpo mantiene bajo escrupuloso seguimiento los movimientos de alrededor de 500 disidentes que han expresado, en público y en privado, su rechazo a la disolución de ETA.
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, solicitó explicaciones a la fiscal general del Estado por dar por “desaparecida” a ETA, a pesar de que aún hay “más de una treintena de miembros” de la banda huidos.
Nada más conocerse el documento, Ordóñez remitió una carta a Segarra en la que le pide que aclare si “ha habido un cambio en la doctrina oficial de la Fiscalía, que siempre se ha mostrado absolutamente escéptica sobre los movimientos de la organización terrorista ETA”. A su juicio, dar por desaparecida a ETA significa “validar el acto de disolución protagonizado exclusivamente por la banda terrorista y su entorno social y político”. “¿Puede el Estado dar por ‘desaparecida’ a ETA sin la detención de todos los miembros de ETA huidos?”, se pregunta Ordóñez, quien añade que para Covite, la única prueba de la “verdadera desaparición” de ETA sería “la detención de todos sus integrantes”.
Además, la memoria de la Fiscalía no da por cerrada la posibilidad de “un rebrote del terrorismo independentista vasco por parte de los sectores disidentes de ETA. “Si la Fiscalía reconoce la existencia de organizaciones disidentes de ETA ¿Se puede dar por ‘desaparecida’ a la banda terrorista?”, se pregunta.
