Bilbao - Pablo Casado asumió las riendas del PP con el reto de hacer olvidar el lastre de la corrupción que provocó la salida de Mariano Rajoy de Moncloa por la vía de una moción de censura y tras la condena judicial al PP por lucrarse con la trama Gürtel. Sin embargo, es tal la miríada de casos que salpican a la formación popular a lo largo y ancho del Estado que acaban volviéndose en su contra cada poco tiempo. El último ejemplo, la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por el caso Púnica, ha golpeado a los de Casado en el peor momento, cuando suenan cada vez más fuerte las campanas de un adelanto de las elecciones generales al 10 de noviembre. Ante este delicado panorama, el PP optó ayer por poner distancia con las exdirigentes autonómicas del partido al tiempo que realizó un alegato en favor de la presunción de inocencia.

El encargado de establecer este cortafuegos fue el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, quien aseguró que no sienten “ningún tipo de preocupación”, ya que “estamos centrados en impulsar el PP hacia el futuro”. En una rueda de prensa en la que no citó por su nombre en ningún momento a Aguirre y Cifuentes, agregó que el PP lleva un año bajo la dirección de Casado y que en ese periodo su trabajo es “ejercer la actividad parlamentaria” que se les ha encomendado. “El resto de cuestiones no tienen cabida en este momento”, apostilló.

Egea rechazó además que el Comité de Derechos y Garantías del partido vaya a dar algún paso respecto a la decisión de la Audiencia Nacional de llamar a declarar en octubre a las expresidentas -“se hará buenamente lo que esté estipulado hacer”, se limitó a decir-, y llamó a esperar a lo que determine la Justicia para pronunciarse. “Todos deberíamos creer en el sistema y respetar la decisiones judiciales nos guste o no nos guste; en este caso, al igual que el resto de casos en los que la Justicia ha hablado, deberíamos opinar una vez que hable”, zanjó.

Más explícita se mostró la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien defendió la inocencia de los imputados en este caso que investiga la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid. A su entrada al Comité de Dirección del PP, y fiel a su estilo, cargó contra los medios de comunicación por “elevar conclusiones lapidarias que son provisionales”. “Las indefensiones empiezan en la propia notificación y eso no puede ser en un Estado de Derecho”, agregó respecto al hecho de que los medios se enteraran de las imputaciones antes que los afectados. “Ustedes tendrán que hacer una reflexión profunda”, trasladó a los periodistas, y al igual que Teodoro García Egea, pidió emitir valoraciones una vez se dicte sentencia. “Hoy son inocentes y el día que no lo sean, si es que no lo son”, será el momento para valorar su situación, aseveró.

Sobre la situación de Aguirre y Cifuentes, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, aseguró que “yo las manos en el fuego no las pongo por nadie”. Consideró, eso sí, que la nueva dirección del PP está “limpia” y tiene “tolerancia cero contra la corrupción”. La cúpula del partido de Casado “no va a tolerar ningún comportamiento que no sea ejemplar”, insistió la también delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Consistorio, Enrique López, aseguró que estas imputaciones “no afectan” a la labor del nuevo Gobierno regional -“no podemos tener complejo de Adán ni de Colón”, dijo-, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió la inocencia de Aguirre y Cifuentes: “Yo, como las conozco y valoro, estoy tranquilo en cuanto a sus declaraciones”, sentenció.

Concursos amañados Mientras, ayer siguieron trascendiendo nuevos detalles del auto del juez sobre el presunto saqueo de las arcas públicas en la Comunidad de Madrid en beneficio del PP, y que ha desembocado en más de 40 imputaciones. Así, el exconsejero de Presidencia y antiguo número dos del PP en la región, Francisco Granados, lideró una trama que entre 2002 y 2014 saqueó más de 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados en municipios de esta y otras comunidades autónomas.

Además, Granados, a quien se considera cabecilla de Púnica y que permanece en prisión, aprovechó el único año que estuvo al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad (noviembre 2003-diciembre 2004) para amañar los concursos públicos de la construcción de tres tramos de Metro y adjudicarlos a empresas amigas a cambio del cobro de comisiones, siempre buscando su enriquecimiento personal y en detrimento del erario público. Según el juez, ocho consejerías de la Comunidad de Madrid se apoyaron en una cláusula “falaz” con el cocimiento de sus máximos responsables para desviar presuntamente más de cinco millones entre 2006 y 2008.