LA aprobación de la quinta reforma de la Ley de Policía, el pasado jueves en el Parlamento Vasco con los votos de PNV, PSE y PP, supuso la culminación de un proceso iniciado hace dos legislaturas, con el PSE en el Gobierno vasco, al tiempo que sienta las bases de la Ertzaintza y la Policía Municipal del futuro. Para ello incide en aspectos como una mayor transparencia de la actuación policial, facilitar el desarrollo de la carrera profesional de los agentes y dotar a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para mejorar la gestión de la Policía Local.

El compromiso con los mecanismos de control y transparencia de la actividad policial era importante, no en vano formaban parte del programa electoral del PNV cuando Iñigo Urkullu accedió por primera vez a Lehendakaritza. Estas medidas, “innovadoras en nuestro entorno próximo”, están en línea además con el Plan Horizonte 2016 que ha vertebrado el mandato de Estefanía Beltrán de Heredia en el Departamento de Seguridad. Dicho plan, que “enfatiza aspectos propios del modelo fundacional de la Ertzain-tza”, en concreto una mayor “cercanía con los ciudadanos”, persigue “asentar la legitimación policial en una confianza recíproca”.

Así lo explica Eugenio Artetxe, director de Régimen Jurídico del Departamento de Seguridad y uno de los mayores conocedores de los entresijos de la nueva Ley de Policía. Agrega que, para lograr esa confianza, la ley “arbitra mecanismos que posibiliten la escucha de las necesidades de la ciudadanía”, tales como mejorar la accesibilidad a las comisarías y la atención a público. Esta forma de proceder casa a su vez con la propia dinámica del Gobierno vasco de “generar confianza”, que incide en la transparencia, la dación de cuentas y los mecanismos para el tratamiento de quejas.

La ley reforma además el régimen disciplinario y modifica el código deontológico en base al Código Europeo de Ética de la Policía. Pero destaca por méritos propios la creación de una Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Se trata de un organismo independiente externo a la institución policial, paritario y compuesto por expertos multidisciplinares para examinar de oficio actuaciones en las que se produzca el fallecimiento o lesiones graves de una persona, así como quejas sobre la praxis policial. Esta comisión, que puede actuar a instancia del Ararteko o de autoridades locales o autonómicas, “no decide sobre responsabilidades individuales sino que analiza las circunstancias en que se producen hechos concretos desde diferentes perspectivas y plantea medidas correctoras”, asegura Artetxe a DEIA.

Ligado a los estímulos para el buen hacer policial está el desarrollo de la carrera profesional de los agentes. A juicio del experto jurídico del departamento, “es bueno que, cuando se incorpora a este trabajo, el funcionario sepa que no se tiene por qué quedar estancado en el mismo puesto”. Hasta ahora la dinámica era permanecer siempre en Seguridad Ciudadana, por ejemplo, e ir progresando para acercar el lugar de trabajo al de residencia. Esto se quiere cambiar dinamitando las barreras para mejorar el puesto de trabajo, reconociendo el “esfuerzo personal a la hora de perfeccionarse”. Aquí se incluye potenciar las especializaciones, aquellas tareas que requieren conocimientos específicos, con el “impulso de la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza”.

Y por primera vez, se premiará también “el resto de la labor del día a día”, es decir, la carrera profesional horizontal, reconocer el desarrollo laboral del funcionario sin necesidad de que deje su puesto de trabajo. Para ello se valorará su actuación y conducta profesional.

Un tercio de la plantilla Potenciar la incorporación de la mujer en la Ertzaintza ha sido un objetivo perenne del Departamento de Seguridad, tumbado por los jueces cuando se establecían “cuotas rígidas”, pero que ahora se ha regulado por fin por ley. Los procesos selectivos se diseñan con perspectiva de género -campañas dirigidas a posibles candidatas, mecanismos de conciliación...- y se les dará preferencia a ellas cuando, en igualdad de capacitación demostrada en las pruebas, exista un diferencial en la puntuación no superior al 15%. Todo ello en el acceso a la escala básica, no en la promoción interna, y hasta cubrir el objetivo concreto planificado.

Esta medida dejará de estar en vigor una vez se alcance un 33% de mujeres en la plantilla, “un mínimo que significa que vamos encaminados a una paridad y que implica la normalización de la visibilización de la presencia femenina”, según Eugenio Artetxe. El resto de herramientas de acción positiva seguirán funcionando, ya que “hacen falta más mujeres porque hay labores concretas que requieren de agentes mujeres”, recuerda.

La ley hace por último referencia a la Policía Municipal, que ha adquirido especial trascendencia esta semana por la sentencia del Tribunal Supremo contra los agentes interinos, no funcionarios de carrera. “Éramos conscientes del debate abierto y de que había que consolidar las plantillas”, explica Artetxe respecto a un problema, el de las plazas vacantes, que “se ha disparado en la última década”. En previsión, se ha creado la figura del Auxiliar de Policía, que “puede ser alternativa a los interinos”, junto a “mecanismos para que los ayuntamientos consoliden las plantillas”. “La ley ha caído en un buen momento”, zanja.