BILBAO - La suspensión de los diputados presos enfangó el final de la campaña electoral y complica el escenario político a corto plazo excepto para Pedro Sánchez, ya que la recomposición de la mayoría parlamentaría allanaría su investidura como presidente. La Mesa del Congreso dejó ayer sin funciones a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull después de que los letrados de la Cámara baja avalaran en un informe esa suspensión tras el choque de trenes suscitado en los últimos días entre el Tribunal Supremo y la socialista Meritxell Batet, que calificó la cuestión de “gran complejidad jurídica”. PSOE, PP y Ciudadanos votaron a favor de la inhabilitación y Unidas Podemos lo hizo en contra una vez que los abogados de las Cortes consideraran que los dirigentes electos y procesados por el alto tribunal por el 1-O, y que están en prisión provisional, no pueden ejercer como parlamentarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este precepto, que ya se aplicó para suspender a estos reclusos de sus funciones cuando eran diputados del Parlament, señala que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. El artículo 21 del Reglamento del Congreso se pronuncia en el mismo sentido, pero esta normativa exige también el suplicatorio, de ahí que los letrados no lo consideraran para ser aplicado en este caso.

Mientras el independentismo carga en tromba contra lo que califican como “un golpe al Estado de Derecho”, la presidenta de la Cámara baja ya ha solicitado a los servicios jurídicos otro informe para evaluar ahora cuál es el nuevo cómputo de mayorías, algo crucial porque la votación de investidura de Sánchez depende de un puñado de votos. Los cuatro diputados no podrán asistir en persona a Plenos y comisiones, ni votar telemáticamente, ni delegar su voto en otro diputado -según el artículo 79,3 de la Constitución, el voto de diputados y senadores es personal e indelegable-; y tampoco podrán ejercer ninguna de las prerrogativas inherentes al cargo, como las que se desprenderían de la inmunidad parlamentaria. Los parlamentarios de JxCat manejan la intención de no renunciar a su acta, mientras que en el caso de Junqueras (ERC) podría hacerlo si mañana saca asiento en la Eurocámara al frente de la coalición Ahora Repúblicas.

Lo cierto es que el líder del PSOE no necesitaría del apoyo de los 15 diputados republicanos en este nuevo horizonte de la legislatura, con 346 parlamentarios en lugar de los 350 habituales. No ocurre como en 2018, cuando el juez Pablo Llarena permitió a estos mismos políticos delegar el voto tras ser suspendidos en el Parlament, ya que el Reglamento de la Cámara autonómica tiene una previsión específica que faculta esa delegación. La cifra de la mayoría absoluta siempre está situada en 176 apoyos en primera votación, valiendo la mayoría simple en segunda. Sánchez cree que puede tener los 173 del PSOE, Podemos, PNV, Compromís y PRC, pero duda de los dos de Coalición Canaria, aunque con la recomposición la mayoría absoluta quedaría fijada en 174, de ahí que no tendría necesidad de echar mano ya de ERC, JxCat y EH Bildu. Los 175 conseguidos en el visto bueno para hacer presidenta del Congreso a Batet podrían servir “de orientación” -como admitió la portavoz en funciones del Ejecutivo español, Isabel Celaá -en esta nueva andadura sin la presión de los soberanistas, que acusan a los socialistas de querer hacer a Sánchez presidente “por la puerta de atrás”. Habrá que comprobar también cómo quedan las relaciones entre el Gobierno español y los interlocutores secesionistas de cara a tejer una solución para el conflicto catalán pero decisiones como ésta no ayudan precisamente a tender puentes.