BILBAO - Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí podrán presentarse a las elecciones europeas después de que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 2, 9 y 21 de Madrid asumieran la posición del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, y tumbaran la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que los había sacado de la lista de Lliures per Europa por encontrarse “fugados” de la Justicia española y señalar que no estaban inscritos correctamente en el censo aunque al president en el exilio le haya llegado sin problema la tarjeta censal. El PP de Pablo Casado, lejos de asumir la resolución, piensa recurrir al Tribunal Constitucional (TC), manteniendo la línea dura de su partido contra el independentismo después de que en las generales la formación conservadora viera reducida su presencia en Catalunya a un solo diputado. El TC resolverá mañana este recurso.

“No concurre causa de inelegibilidad”, había considerado previamente la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo. Tesis que corroboró el juez de lo Contencioso-Administrativo número 9, Tomás Cobo, quien argumentó que el hecho de encontrarse Puigdemont “en rebeldía no impide” que los exdirigentes soberanistas y él mismo puedan ser candidatos, ya que “el alto tribunal ha determinado que esta situación de rebeldía no es causa de inelegibilidad”. Insiste Cobo en que no puede dictar un fallo que se salga de la vía marcada por el Supremo. “En este caso, la libertad de actuación y criterio [de este juzgado] no es posible, toda vez que el Tribunal Supremo ha determinado para este proceso concreto que la situación de rebeldía no impide a los recurrentes presentarse a las elecciones europeas”. “Y cuando en un mismo proceso se dictan resoluciones por distintos órganos judiciales, el que prevalece siempre es el emitido por el órgano de rango superior”, matiza el magistrado.

La exclusión de los líderes independentistas afectaba a los derechos fundamentales previstos en los artículos 23.1 y 23.2 de la Constitución, donde se dispone que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos -directamente o mediante representantes públicos- y a acceder a los cargos públicos. Por tanto, insisten los magistrados madrileños, “las causas de inelegibilidad de los cargos y funciones deben ser objeto de interpretación restrictiva”. Y, como indicó el alto tribunal, encontrarse en rebeldía no es una de las causas previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Respecto al censo electoral, la sentencia establece que “lo importante no es estar inscrito en el censo, sino reunir los requisitos para su inscripción cuando se refiere a los candidatos a las elecciones”; mientras que para los electores es imprescindible para ejercer el derecho a voto estar inscrito en el padrón de algún municipio español o el de residentes en el extranjero y consecuentemente en el censo electoral.

acciones legales Permitida su participación, Puigdemont, que estudia acciones legales contra la JEC, señaló que “hay un muy buen trabajo jurídico detrás de cada victoria conseguida”. “Nuestro equipo sabe qué tiene entre manos, cómo combatir y ganar”, añadió. “Nos han querido silenciar y apartar, pero no hay muro democrático más contundente y efectivo que JxCat”, recalcó. Con todo, la número dos del partido en las generales, Laura Borràs, culpó al Estado de provocar que partan en las elecciones europeas con “una clara desventaja y sin igualdad de condiciones” respecto al resto de candidaturas al no tener aún la autorización de la JEC para imprimir 5,5 millones de papeletas a pocos días de empezar la campaña. “La estrategia del Estado es clara, cada vez hay más muestras: se quiere dificultad la presencia de Puigdemont”, dijo.

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, celebró que se haga “justicia” y confía en que ahora el independentismio salga reforzado en los comicios y todos sus representantes puedan “trabajar conjuntamente” desde las instituciones. Por contra, Ciudadanos ve una “vergüenza” que la legislación española, según Inés Arrimadas, permita que un “prófugo” pueda presentarse a las elecciones. “Vivimos en un país tan democrático que permitimos que alguien que ha dado un golpe de Estado se presente a las elecciones”, ironizó. El PP, promotor junto a la formación naranja para que Puigdemont fuera excluido de estos comicios europeos, percibe como “fraude de ley” que un fugado de la Justicia “aspire a representar a este país para seguir haciendo propaganda” pagada con fondos públicos contra el mismo país por el que se presenta, destacó Casado.