BILBAO. El expresident Carles Puigdemont anunció ayer que prepara una campaña de recogida de firmas en la Unión Europea para tratar de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la situación en Catalunya y tome medidas contra España por supuesta vulneración del Estado de derecho. El primer paso para poner en marcha esta campaña es pedir al Ejecutivo comunitario que registre una Iniciativa Europea Ciudadana para pedir la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE contra España, lo que obligará a Bruselas a responder en el plazo de dos meses si acepta o no el registro de la campaña. Se trata del procedimiento previsto para proteger el respeto de los valores europeos en los países miembros.
Puigdemont aseguró en rueda de prensa que la medida “no es una estrategia de defensa” en el marco del proceso judicial abierto contra los líderes soberanistas, sino un modo de “interpelar” al conjunto de la ciudadanía europea y una “oportunidad” para que España refuerce su Estado de derecho. Además, desveló que si Bruselas no admite el registro administrativo de la iniciativa acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según las reglas comunitarias, en esta primera fase, el Ejecutivo comunitario debe aceptar el registro de una iniciativa si constata que no está fuera del ámbito de sus competencias y si “no es manifiestamente abusiva, frívola o temeraria”, ni contraviene los principios y valores de la UE, lo que no implica que acepte la cuestión de fondo que se plantea.
Recogida de firmas
Si Bruselas acepta el registro, Puigdemont tendrá doce meses para obtener el millón de firmas exigidas, alcanzando los mínimos establecidos en al menos siete Estados miembros. “El grueso de la ciudadanía catalana, preocupada por la regresión que sufre en sus derechos, se dirige al resto de ciudadanos europeos para que nos ayuden con su firma a defender, de manera egoísta, también su democracia y sus derechos”, argumentó.
Cumplido este proceso, los promotores de la Iniciativa Europea Ciudadana -la ANC y el Consell per la República- tendrán que informar a la Comisión del resultado, con datos de los apoyos y de la financiación que hayan recibido. La etapa final fija un plazo de tres meses para que la Iniciativa, en caso de cumplir todos los requisitos de registro, sea expuesta en detalle ante el Ejecutivo comunitario y en una audiencia pública en el Parlamento Europeo. La Comisión no está obligada a proponer medidas concretas como conclusión, pero sí a dar una respuesta tras su análisis.
En el acto de presentación, Puigdemont estuvo acompañado por los exconsellers Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y por el exeurodiputado francés Gérard Onesta. Según informaron, la Iniciativa está firmada por siete ciudadanos de siete Estados miembros: Finlandia, Suecia, Francia, Eslovenia, España, Alemania y Bélgica. Además señalaron que será financiada únicamente con fondos privados donados por ciudadanos y entidades sin ánimo de lucro.
La petición denuncia vulneraciones de derechos fundamentales en Catalunya por parte del Gobierno español, incluida la violación de la “dignidad humana, la libertad, la democracia, el respeto igualitario de los derechos humanos y de las minorías”. Entre los ejemplos expuestos para sostener la acusación figura la decisión de la Junta Electoral Central de impedir que Puigdemont , Comín y Ponsatí concurran a las elecciones europeas. También se quejan de la “utilización espuria” por parte de España de mecanismos de cooperación jurídica entre los países de la UE, en referencia a las euroórdenes contra el expresident y sus exconsellers.
