BILBAO - Una defensa a ultranza del major Josep Lluís Trapero. Así discurrió ayer el alegato del exdirector de los Mossos, Albert Batlle, quien defendió la profesionalidad del máximo responsable de la Policía catalana durante el 1-O al asegurar que era “muy celoso” cuando ejercía de policía judicial y que no habría aceptado “ninguna intromisión” por parte del Govern de Carles Puigdemont. Último testigo a propuesta de las acusaciones, Batlle recordó que, cuando dimitió el 17 de julio de 2017, tras el nombramiento de Joaquim Forn al frente de Interior, no tenía ninguna duda de que los Mossos cumplirían durante la jornada del referéndum con la legalidad vigente y las órdenes de Fiscalía y judiciales, como habían hecho siempre.

“Trapero era muy celoso de las competencias que él tenía cuando actuaba como policía judicial, no habría aceptado de ninguna de las maneras ninguna intromisión por parte del poder político”, remarcó a preguntas del abogado de Forn, Xavier Melero, destacando la “sintonía” que tuvo con el major y con la Prefectura de los Mossos durante aquella época. De hecho, fue el propio Batlle quien propuso en febrero de 2016 al entonces conseller Jordi Jané que recuperara la figura de major en los Mossos, vacante desde 2007, y que quien ocupara la plaza fuera Trapero, por una “valoración técnica”. “No se creó un cargo para Trapero”, aclaró.

Además de por motivos personales, profesionales y familiares, Batlle dimitió por la “incomodidad” que sentía sobre cómo podían “evolucionar las cosas” una vez convocado el referéndum, postura que se circunscribía a su papel como director general de la Policía catalana, ya que las posibles “presiones” que podía recibir le afectaban personalmente. Por ello relató que en la etapa en que el Govern de Puigdemont estaba “sustentado” por la CUP, la formación anticapitalista había pedido “por activa y por pasiva” su dimisión y habían mantenido “serios enfrentamientos” en el Parlament por sus discrepancias sobre la función de los Mossos como “fuerza de garantía del orden público” en Catalunya. También añadió que dejó su cargo por “lealtad personal” a Forn para que pudiera formar a su propio equipo.

Batlle, ex alto cargo del PSC en el tripartito, llegó al frente de los Mossos de la mano del democristiano Ramon Espadaler -ahora en el entorno del PSC con Units per Avançar- en junio de 2014 y desde el primer día señaló que los Mossos “se debían al cumplimiento de la ley” y a la defensa de la seguridad ciudadana. En su testifical, Batlle detallo que en los dispositivos especiales de los Mossos acudía al centro de coordinación, porque era el director de la policía quien debía autorizar, entre otros aspectos, el uso de proyectiles de precisión, aunque “la voz cantante” siempre la llevaban los mandos policiales. Las pautas sobre el uso de la fuerza eran decisión de los responsables del Cuerpo, mientras la cúpula política supervisaba los dispositivos “a posteriori”.

Ante determinadas protestas violentas en Barcelona, sin relación con el proceso soberanista, que motivaron actuaciones de los antidisturbios, el exdirector de los Mossos aseveró que sí se consultaban a la cúpula “porque las consecuencias políticas podrían afectar a la dirección política”. Ahora bien, en los casos en que los Mossos actuaban como policía judicial no había ninguna interferencia. Es más, durante su etapa había reuniones frecuentes con el conseller y con Trapero, y él, como director de los Mossos, no habría aceptado nunca “cualquier tipo de reticencia o dilación” en el cumplimiento de instrucciones judiciales.

secretaria judicial Por otra parte, la exjefa de Protocolo de la Conselleria de Economía Anna Teixidó destacó que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez propuso acompañar a la secretaria judicial que participó en el registro de dicha sede para que saliera del edificio “respaldada”. Teixidó evocó que escuchó “dos propuestas”. La primera de ellas era “la habitual”, salir por la puerta principal a través del pasillo formado por voluntarios de la ANC, pero que fue descartada porque la secretaria judicial quería salir con la Guardia Civil y los agentes decían que no podían abandonar la zona sin los coches, que se encontraban cercados por la multitud. En ese momento, Sànchez “ofreció” la posibilidad de “salir” con la letrada de la Administración de Justicia. Debido a que la propuesta fue rechazada, se planteó la segunda posibilidad, la de abandonar el edificio por el “patio”.