Bilbao - Bajo la lupa de la derecha española y en un contexto preelectoral, el Gobierno de Sánchez justificó ayer la transferencia de la autopista AP-68 a las instituciones vascas en el necesario cumplimiento de la ley, el Estatuto de Gernika y la Constitución pero, más allá de plantear una estrategia a la defensiva para evitar las críticas de los adversarios, pasó al ataque y vendió que este acuerdo es “una muestra más” de que defiende el modelo autonómico. La portavoz, Isabel Celaá, dijo tras el Consejo de Ministros que el acuerdo es “una muestra más” de que su gabinete apuesta por los estatutos y una “Constitución autonómica”. Recordó que el artículo segundo de la Constitución refleja “la autonomía política” de las comunidades, y se felicitó por que el Gobierno socialista ha retomado las relaciones bilaterales con los territorios para resolver sus “legítimos requerimientos”, en contraposición a Rajoy que, tal y como recordó, no hizo traspasos.
Esta defensa abre un resquicio, aunque sea mínimo, a que se puedan producir más traspasos antes de las elecciones del día 28, dentro del paquete de tres materias que está negociando con el Gobierno vasco. No obstante, no se ocultan las dificultades y Moncloa no está pensando en más transferencias antes de los comicios. El traspaso de competencias encaja con la estrategia de campaña de Sánchez, que intenta presentarse como una tercera vía entre el independentismo catalán y la derecha española del 155, y para ello esgrime el autogobierno y los estatutos. Sin embargo, podría estar midiendo el impacto del traspaso de la autopista para decidir sus próximos movimientos. De momento, todo lo que se está comunicando se hace con discreción y ni siquiera la ministra Batet estuvo presente en la Comisión Mixta que cerró la AP-68. La convocatoria de una nueva Comisión con el parón de la Semana Santa y a muy pocos días de las elecciones se antoja complicada, pero el Gobierno español parece haber dado un giro sutil y ha pasado a sacar pecho de las transferencias. Aun así, la campaña y las cifras son el principal escollo para transferir las ayudas a la jubilación en empresas en ERE, seguro escolar y productos farmacéuticos.
No se está encontrando, al menos de momento, con críticas del PP a esta transferencia en concreto a pesar de su discurso recentralizador. No se está convirtiendo en un elemento de desgaste político. Lo único que se ha oído al respecto ha venido por boca de los populares gallegos, que no rechazan en sí misma esta transferencia, sino que critican que la Xunta no reciba con la misma rapidez la AP-9. Es decir, el gabinete de Feijóo empuja a favor del traspaso gallego, y no de frenar el proceso de transferencias o de plantear una moratoria como la que pide el líder del PP estatal, Pablo Casado. El flanco gallego se ve más en La Moncloa como una debilidad del PP por las contradicciones que le plantea a Casado en el discurso, y no como una amenaza a Sánchez.
El pacto con un gobierno del PP le daría la coartada para continuar en el caso vasco, pero también se puede plantear a la inversa y deducir que la falta de acuerdo en Galicia puede ser un freno para que sigan los traspasos vascos porque el PP lo podría acusar de dar un trato preferente al PNV. Celaá dijo que se está trabajando en la AP-9 en Galicia y que “no es una cuestión abandonada”. A preguntas sobre el eventual trato discriminatorio a Galicia, reveló que esa misma mañana había hablado con la ministra Meritxel Batet, y que pudo llegar a la conclusión de que “están trabajando en ello”.
