BILBAO - A las 12.26 horas, en la plaza de Sant Jaume, dos operarios procedieron ayer a la retirada de la pancarta con el lazo blanco, que tapaba a la anterior, colgada en el Palau de la Generalitat. Quim Torra se avino a quitar todos los símbolos de carácter independentista de los edificios públicos para evitar pasar la patata caliente a los Mossos, que habrían sido los encargados de hacerlo por orden de la Junta Electoral Central (JEC) si el president no hubiese dado su brazo a torcer. Pese a ello, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ordenó a la Fiscalía Superior de Catalunya, dirigida por Francisco Bañeres que, una vez que tenga conocimiento de todas las actuaciones, interponga una querella contra el jefe del Govern por ignorar los sucesivos requerimientos de la JEC. No especifica el delito pero el “incumplimiento consciente y reiterado de los acuerdos de esta Junta de fecha 11 y 18 de marzo de 2019” encaja en el tipo de desobediencia. Además, los Mossos no evitaron la polémica porque por la tarde acudieron a colegios y edificios públicos a comprobar que no hay símbolos.
Sobre las 15.05 horas, llegó la respuesta de Torra a la Fiscalía: otro cartel irrumpió en la sede de la Generalitat haciendo referencia a la libertad de expresión, al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el lema Llibertat d’opinió i d’expressió . Sin simbología ni más mensajes o consignas que desdeñen la neutralidad en periodo electoral, la nueva pancarta parece legal. Ya por la tarde, Mossos de paisano inspeccionaron escuelas. Poco después, la pancarta retirada en Sant Jaume aparecía entre dos edificios particulares, una triquiñuela que se preveía para sortear la prohibición.
El delito de desobediencia, recogido en el artículo 410 del Código Penal, castiga a las “autoridades y funcionarios públicos” que se nieguen “abiertamente” a dar “el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia”; e implica multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Torra queda ya al borde de ser inhabilitado aunque, con el horizonte político que se le presenta, todo apunta a que ello podría llegar cuando ya no estuviera al frente del Govern. Se trata de la misma vía por la que fueron inhabilitados el expresident Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, y el exconseller Francesc Homs.
Al tiempo que se retiraban los símbolos alternativos, Torra remitió una nota donde invita a los ciudadanos a llenar los balcones con estelades y lazos amarillos ante la prohibición de la JEC, anunciando también un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la autoridad electoral y una querella por un presunto delito de prevaricación de este organismo del Estado. El president reafirma la determinación de que “no se detendrá en la defensa de la libertad de expresión, con todas las consecuencias que deba asumir” y denuncia a un “Estado demofóbico” que “vulnera los derechos civiles más elementales de los catalanes, incluido el derecho de autodeterminación”. Considera que las resoluciones de la JEC “son manifiestamente injustas” por “arbitrarias”.
vox Según Torra, la autoridad electoral se permite exigir al jefe del Ejecutivo catalán “hacer cosas que la ley no le permite” y reprocha a los miembros de este organismo que vean “una grave vulneración de la ley en un cartel, pero no ven ninguna irregularidad en el hecho de que un partido político haga campaña desde el estrado del Tribunal Supremo”, en referencia a Vox. De esta manera recrimina el hecho que dos miembros de la JEC formen parte del tribunal del Supremo que juzga a los líderes independentistas, con la circunstancia de que dos de estos dirigentes son candidatos a las generales y municipales.
Un par de horas antes de que fuera eliminada la pancarta en el Palau, fue el Departament de Economía que dirige Pere Aragonès quien se adelantó, a iniciativa propia, suprimiendo el lazo blanco que figuraba en una de las ventanas. De hecho, en sectores del Govern había malestar por involucrar a los Mossos. Aunque es unánime la convicción en el Ejecutivo catalán de que la situación de los políticos encarcelados es injusta, algunos consellers no compartían del todo un “exceso de gesticulación” que acabaría siendo “estéril”. Por su parte, desde su exilio en Waterloo, Carles Puigdemont aplaudió a Torra por haber actuado con “firmeza” y demostrar “cuál es la actitud del Estado”: “Se ponen nerviosos con los lazos cuando son amarillos, cuando son blancos y con pancartas que piden libertad de expresión y democracia”.
