BILBAO - Quim Torra retirará el lazo amarillo del Palau de la Generalitat después de que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, le recomendara hacerlo, y como le requirió la Junta Electoral Central (JEC), mientras dure el periodo electoral. Según fuentes del Ejecutivo catalán, el president busca una alternativa para mantener la reivindicación. Se contempla la posibilidad de proyectar el color amarillo en la fachada del Palau, poner flores amarillas o mantener la pancarta de libertad de presos y exiliados excluyendo el lazo amarillo, ya que la JEC únicamente se refiere este símbolo y a la estelada en su resolución. Precisamente, la JEC se reúne esta tarde para certificar el grado de cumplimiento de su orden y estudiar si envía el asunto a la Fiscalía por desobediencia, o si envía a los Mossos a quitar lazos. El conflicto puede haber quedado desactivado con la última decisión de Torra de acatar al Síndic.

En un comunicado, Torra aseguró que el Govern “acordó el martes que, más allá de su voluntad política, se seguirán las recomendaciones del Síndic de Greuges, manteniendo un respeto pleno a la libertad de expresión”. El president reiteró su “convencimiento de que los lazos amarillos no son un símbolo partidista” y reafirmó su “compromiso con la libertad de expresión en el espacio público, que no debe ser neutral sino libre”. A su entender, los lazos amarillos son un “símbolo de recuerdo y reconocimiento de aquellas personas injustamente alejadas de su sociedad”.

Ribó le inquirió ayer a no mantener los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral para garantizar la neutralidad institucional, y reveló que hizo llegar esta recomendación elaborada por iniciativa propia al jefe del Govern el pasado viernes, pero que este le pidió aclaraciones al respecto. El Síndic trasladó al Govern una resolución, en base a otra del 17 de septiembre de 2018, que concluía que debía mantenerse el pleno respeto a la libertad de expresión de todo el mundo, lo que incluye la exhibición de todo tipo de símbolos democráticos antes, durante y después de las campañas electorales, pero que no deben exhibirse en edificios públicos durante el periodo electoral.

Así se lo trasladó Ribó el viernes por teléfono y en persona a Torra, quien “de inmediato” le pidió clarificaciones sobre algunas cuestiones de dicho posicionamiento, por lo que el lunes el president presentó en el registro un escrito preguntando a qué edificios de titularidad pública afectaba, si debían retirarse los símbolos puestos por los funcionarios y a qué se refería cuando se habla de periodo electoral. El Síndic optó por no divulgar su dictamen ya adoptado por si las aclaraciones posteriores pudieran cambiar parte del texto, y ayer conversó de nuevo con Torra reafirmándole la misma posición.

“Fuera del periodo electoral y tras el periodo electoral, todo el mundo, también las autoridades públicas, deben tener la libertad de colgar esta simbología, pero durante el mismo las autoridades públicas deben abstenerse de ello”, recalcó. Dejando claro que las resoluciones del Síndic no son vinculantes, puntualizó que los funcionarios y, en general, todo el personal de la administración, deben tener garantizado el derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, pero que la administración puede circunscribirlo “en determinados espacios en el interior de las dependencias para garantizar la coexistencia de este derecho” con el derecho de la ciudadanía a tener una administración neutral. Con su estrategia de devolver la pelota a su Defensor del Pueblo, Torra buscó acatar la resolución de una institución catalana y no española.

Preguntado por si cree que el president le trasladó la responsabilidad, Ribó aseguró que no se ha sentido “utilizado” y que tampoco le “preocupa” que alguien pueda “escudarse” en él. Además de reivindicar la independencia de la institución, auguró que la casuística a la hora de buscar alternativas a los lazos es “inmensa”. Por otro lado, abogó por no judicializar estos asuntos. “Nos hace falta política, muchísima, y este Síndic aportará toneladas de políticas públicas; hay que huir de la tentación de llevar la política al Código Penal”, zanjó.

Control de los Mossos El presidente del PP, Pablo Casado, emplazó a Pedro Sánchez a tomar el control de los Mossos, mediante la Ley de Seguridad Nacional, para retirar las esteladas y los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat, en caso de que el Govern no los quite. Su intención es aplicar el artículo 155 de la Constitución puesto que Torra está “yendo contra la ley” y Moncloa debe “poner orden”. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo socialista, Isabel Celaá, precisó que la estrategia de Casado “no soluciona los problemas de Catalunya”, aunque avisó de que, si Torra mantiene su actitud, podría traspasar la raya de la desobediencia.