Celaá extrema la cautela para evitar que la Junta Electoral tumbe los ‘viernes sociales’

En ese contexto, y mirando de reojo al pronunciamiento del lunes, el Gobierno español siguió aprobando medidas, pero la portavoz Isabel Celaá despejó todos los balones que le lanzó la prensa con preguntas sobre el apoyo socialista al feminismo, o las posibilidades de lograr el respaldo de la oposición a los decretos. Mantuvo al mínimo las valoraciones políticas, buscó la neutralidad y, sobre todo, dejó de cargar contra la oposición, al contrario de lo que venía haciendo hasta ahora tras el veto a los Presupuestos. Celaá reconoció expresamente que su gobierno ha decidido asumir una posición de “cautela” a la espera del pronunciamiento. La de ayer era la primera rueda de prensa tras la publicación de la convocatoria electoral en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, la única en sentido estricto que puede someterse al escrutinio de la junta. De ahí que la cita fuera importante, y obligara a extremar la precaución y exponer solo el contenido de las medidas.

Celaá distinguió dos ámbitos. Aclaró que el Gobierno español sigue en pleno ejercicio de sus funciones hasta las elecciones generales del 28 de abril. Por lo tanto, puede aprobar decretos y ayer continuó por esa senda, con medidas como el subsidio para los parados mayores de 52 años, los incentivos para contratar a desempleados mayores, o el control obligatorio de la duración de la jornada laboral. No hubo ninguna rectificación en ese sentido a pesar de las intensas críticas del PP y C’s y, en cierto modo, a pesar también de la incomodidad de sus socios de la moción de censura, que perciben un interés electoralista aunque no vean un conflicto jurídico. Además, Moncloa cree que puede dar publicidad a los decretos en rueda de prensa porque entra dentro de la transparencia y el derecho a la información, donde también implicó al periodismo. Celaá lo vio como una “obligación democrática”.

Pero la portavoz distinguió entre esta facultad para seguir gobernando y gestionando, y las declaraciones que se pueden hacer en pleno periodo electoral, donde sí trató de mostrarse neutral, no hacer bandera del feminismo, no opinar sobre los debates políticos y morderse la lengua para no provocar un pronunciamiento negativo de la Junta Electoral. En distintos ámbitos, además, se considera que los límites que establece la ley electoral se refieren a inauguraciones de obras públicas y actos similares, y no a unos decretos en precampaña que todos los gobiernos han aprobado en mayor o menor medida, por muy poco estético que pueda parecer, sobre todo si no hay una urgencia clara. En todo caso, el asunto debería ir al Tribunal Constitucional, que tardaría años en decidir. Por otro lado, el PP plantea una suspensión previa, con carácter cautelar, basándose en una mera presunción sobre el contenido de las comparecencias.

derecho a informar El Consejo de Ministros celebrado ayer fue el primero después de la convocatoria electoral publicada en el BOE el pasado martes día 5 de marzo. Moncloa entiende que todo lo que haya sucedido antes de esa fecha (como la aprobación de los decretos de alquiler, igualdad y el Brexit el 1 de marzo) no puede someterse al examen de la Junta Electoral, aunque es verdad que esos decretos han ido entrando en vigor con posterioridad a esa fecha. La cita de ayer sí era claramente el primer gran examen al Gobierno español, por ser la primera tras la convocatoria.

El PP ha recurrido ante la Junta Electoral Central, compuesta por jueces del Tribunal Supremo, catedráticos y responsables del censo. Al parecer, no existe una mayoría conservadora clara. Celaá confió en que se produzca una resolución contundente que refuerce el derecho a “informar y ser informados” de los asuntos del Consejo. Hasta entonces, la consigna es “ser cautelosos” y “disciplinados”.

El PP ha llevado al extremo su crítica pidiendo suspender las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros si Sánchez las utiliza para publicitar decretos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohibe llevar a cabo actos financiados con dinero público que sirvan para poner en valor los logros de un gobierno. Esta prohibición entra en vigor desde el decreto de convocatoria electoral, que en este caso se produjo el pasado martes. El PP pide, incluso, multas de hasta 3.000 euros.

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha pedido el archivo con una relación de las ruedas de prensa de los consejos de ministros de Zapatero y Rajoy. Argumenta también que todos los actos cuestionados por el PP tuvieron lugar antes del decreto de convocatoria, cuando no regía esa prohibición, y no pueden servir para prejuzgar lo que se hará en precampaña.

Un fallo contrario a Sánchez dejaría en el aire las ruedas de prensa (los llamados viernes sociales) y quedaría maniatado para marcar perfil en puertas de las elecciones de abril. Dar publicidad a los decretos es fundamental para Sánchez, que ha tenido un breve mandato de nueve meses donde tampoco ha podido exhumar a Franco del Valle de los Caídos.

Celaá compareció junto a la ministra Magdalena Valerio, quien realizó una exposición larga y técnica de los decretos. A partir de ahí, el Gobierno español admitió que no va a lanzar las modificaciones de la reforma laboral porque no hay margen, tampoco quiso utilizar la comparecencia para hacer bandera del 8 de marzo (Valerio recordó que los cargos del Gobierno no tienen reconocido constitucionalmente el derecho a hacer huelga), y Celaá evitó entrar en disquisiciones sobre la hipotética vinculación de intereses entre el socialismo y el feminismo. Los decretos se tienen que convalidar en la Diputación Permanente en treinta días desde su entrada en vigor o decaerán. El Gobierno no se ha movido demasiado para lograr los respaldos. Además, dado el reparto de la Diputación Permanente, también tendrá que contar con Bildu.