Vox pide identificar a funcionarios de violencia machista en Andalucía

Se justifica en que los informes los elaboran profesionales “no cualificados y muy ideologizados”

08.02.2020 | 02:46
Momento en que García Egea (PP) y Ortega Smith (Vox) firmaron el acuerdo para investir al ‘popular’ Moreno Bonilla.

Bilbao - Vox pidió ayer al Parlamento de Andalucía los datos personales y número de colegiados de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género entre 2012 y 2019. El líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, juez en excedencia, justifica esta demanda con el argumento de que "los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados". De estas resoluciones judiciales, indicó, "depende la libertad de un acusado o el futuro de niños", y añade que "se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación".

La formación de Santiago Abascal, con 12 diputados, ha entrado en el Parlamento andaluz y ha empezado a utilizar los mecanismos al alcance de su grupo parlamentario para ejecutar uno de sus principios fundacionales: el desmantelamiento de las políticas contra la violencia de género. El partido ultra, que sostiene al Gobierno de PP y Cs, aceptó retirar la exigencia de la derogación de estas leyes del acuerdo de investidura que firmaron con los populares para hacer presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero no han renunciado al objetivo.

La petición de Vox, que ya votó el jueves contra la financiación a colectivos de mujeres, se acoge al artículo 7 del Reglamento de la Cámara, que obliga al Gobierno andaluz a facilitar la información, aunque respetando la ley de Protección de Datos. Ahora será la Mesa, en la que PP, Cs y Vox tienen mayoría, la que determine si cursa la petición del diputado, que trata de demostrar una de sus máximas, a saber, que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado.

Las unidades, la mayoría compuestas de funcionarios, están integradas por personal médico forense y psicólogos y trabajadores sociales. Dependen de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a Justicia, cartera que depende del vicepresidente Juan Marín, dirigente de Cs. El propio Marín aseguró que "en absoluto" peligran las plantillas de las unidades e insistió en que el partido de Santiago Abascal "no va a conseguir que Ciudadanos se mueva ni un solo milímetro de nuestras posiciones en materia de violencia de género".

Tras trascender esa solicitud, la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, confesó su "estupor" y aseguró que le "suena a purga, a persecución y a otros tiempos que pensé que nunca tendría que conocer". La expresidenta de la Junta está convencida de que la ultraderecha sabe que a esos trabajadores les protege la Ley de Protección de Datos, pero pretenden "señalarles para que empiecen a avergonzarse de lo que hacen y a ocultar a lo que uno se dedica".

"Es un absoluto despropósito que Vox pretenda tener el listado de funcionarios acusándolos de ideologización, falta de profesionalidad y rigor en su trabajo", recriminó la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, que ve en esta solicitud "una muestra evidente de una política que parece más una vendetta personal de un juez prevaricador que piensa que todos son de su condición". - DEIA