BILBAO - La Abogacía del Estado defendió ayer su potestad para acusar en este procedimiento por el delito de sedición, aunque se personase en representación del Gobierno español como perjudicada por la presunta malversación de caudales públicos por parte de la Generalitat. Así respondió a una de las cuestiones planteadas por la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que afirmó que esta institución no tenía competencia para acusar de un delito por el que no se había personado en la causa. Se da la circunstancia que este delito solo se le atribuye a los acusados que fueron responsables de alguna conselleria, que no es el caso de Cuixart. En verdad, buena parte de la intervención de la Abogacía del Estado se centró en disculpar la actuación de la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, quien, según adujo la letrada Rosa María Seoane, “no pretendía trasladar ningún perjuicio” cuando aludió a los procesados como “condenados” en unas declaraciones en inglés a la BBC.

Admitió Seoane que la primera intención de la Abogacía era defender que el supuesto uso de fondos públicos por parte de la Generalitat para organizar y realizar el referéndum perjudicó a Hacienda, y por ello se personó en la causa tres meses después de que el Tribunal Supremo comenzase a investigar, tras conocer los primeros informes policiales, aunque “no hay nada” que impida poder atribuir otros delitos a los acusados. Cabe recordar que el exministro Cristóbal Montoro fue quien consideró que el Govern no había destinado un euro al proceso soberanista. “Hoy nos encontramos en esta sala y ante este tribunal exclusivamente porque se han producido hechos que encajan en conductas delictivas”, afirmó para desautorizar a las defensas. En este terreno, avaló al alto tribunal en su competencia de juzgar a los líderes independentistas. “Es un juicio penal con todas las garantías”, dijo, e invocó una de las expresiones de la defensas del exvicepresident Oriol Junqueras y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell sobre que este procedimiento es la representación del “derecho penal del enemigo” frente al “derecho penal democrático”. Para Seoane es justamente al revés.

La Abogacía rechazó que defensas como la de la Forcadell insistan al tribunal en que planteen cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con la presunción de inocencia. Para Seoane, la verdadera intención de acudir a este tribunal europeo es el “afán de internacionalizar el procedimiento”, pues ya el Supremo explicó que no se cumplen los requisitos para hacer una pregunta de este tipo. Sobre las manifestaciones de Lozano acerca de que el juicio del procés es un reto “para el sistema judicial español” porque “el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente”; consideró que se trata del uso de la lengua materna a la hora de expresarse, pues esta afirmación se hizo en inglés y no en castellano. - I. Santamaría