BILBAO. En una entrevista en la Cadena Ser, Calvo ha asegurado que esta figura ni de lejos se puede asimilar con un mediador internacional y ha dejado claro que en esa mesa de partidos no se sentará el Gobierno, que vehicula el diálogo con el Govern catalán en el plano institucional de la Comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut.
El Gobierno español negocia con el Govern la designación de la figura de un relator o coordinador -en palabras de Moncloa- o de un mediador -según la Generalitat- para encauzar el diálogo de las reuniones que mantienen la vicepresidenta Carmen Calvo y los consellers Pere Aragonès y Elsa Artadi, y que estaría también vinculado con el futuro de los Presupuestos Generales del Estado. Esta persona neutral, “que pueda tomar notas”, era una de las condiciones del PDeCAT para no presentar la enmienda a la totalidad que ayer oficializó ERC, y que tumbaría el proyecto de las Cuentas de Pedro Sánchez. Este movimiento se produce después de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, desvelara que se buscaba a alguien que “dé fe” del contenido de las negociaciones entre ambas partes, aunque desligándolo de la mesa de partidos que reclama el Ejecutivo catalán y el propio Carles Puigdemont.
Artadi explicó que esta era “una de las condiciones que pusimos” para evitar versiones contradictorias de cada parte al salir de las cumbres después de lo que ocurrió en la primera cita, cuando ambas se avinieron a explorar la posibilidad de crear dos escenarios de diálogo: una entre gobiernos, a través de la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat; y otra de partidos, donde el Gobierno explicaba que debía ser exclusivamente de fuerzas catalanas, y el Govern contradecía implicando a las formaciones de ámbito estatal. “Es bienvenido que así sea” para evitar las disonancias, señaló. En la segunda reunión celebrada el 25 de enero en Barcelona, las dos partes quedaron en que “trabajaríamos” para estudiar “qué personas podrían hacer esta labor”, de manera que “nos centraríamos en buscar perfiles neutrales y capacitadas” para realizarla. El pacto consistía en que el Govern remitiera una oleada inicial de nombres, recibir otra por parte de Madrid y cotejar si alguno generaba el acuerdo necesario o, de lo contrario, repetir la operación.
Calvo subrayó que debe ser alguien que “entienda bien de todo lo que estamos hablando” aunque “no hacen falta mediadores para un diálogo dentro de la ley”. La vicepresidenta española justifico la importancia de figuras así ante la gravedad de la situación: “Estamos hablando de la unidad del Estado, de una crisis territorial y queremos dar salida a una situación muy difícil como es la de Catalunya”. “Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena”, espetó enérgicamente ante las críticas del senador del PP Ignacio Cosidó.
El Ejecutivo de Quim Torra admitió que Moncloa no está “cómodo” con el término mediador, por lo que la Generalitat accedió a que se use el de testigo o relator. “A nadie debería incomodar que haya testigos en reuniones políticas”, de la misma forma que “a nadie debería incomodar que hubiera mediadores internacionales en un juicio si nadie tiene nada que ocultar”, consideran desde el Govern, que apremió al Gobierno de Sánchez a que se mueva rápidamente si quiere debatir las Cuentas. “Necesitamos que antes de la votación de los Presupuestos todo quede por escrito”, reclamó Artadi, ya que no hay fecha para otra cumbre presencial antes del día 13, en que se votarán las enmiendas. Con todo, además del mediador, el asunto de fondo radica en el derecho de autodeterminación que la Generalitat pone también sobre la mesa.
erc formaliza la enmienda Desde el PDeCAT hay expectativas de consenso antes del viernes, ya que, según su portavoz Carles Campuzano, “no tengo ningún deseo especial de presentar la enmienda”. “Es evidente que si en los próximos días u horas se alcanzase un acuerdo ayudaría a facilitar la tramitación de los Presupuestos”, precisó, vinculando el diálogo político con el apoyo a las Cuentas. En cambio, ERC ejecutó su advertencia alegando que el Gobierno español no ha accedido a sus dos exigencias: ni ha instado a la Fiscalía a que haga un “gesto” en el juicio del procés ni ha accedido a una mesa de diálogo bilateral con medidores internacionales para avanzar hacia un referéndum. Su portavoz, Joan Tardà, se desvinculó de la posible caída de Sánchez: “Si no es posible ahora el diálogo lo será más adelante”.
