bilbao - Llega la hora de la verdad para la ley de medidas urgentes que busca amortiguar los efectos de la prórroga presupuestaria. La Mesa del Parlamento Vasco, en una sesión crucial para el futuro de esta norma, verá hoy el informe jurídico encargado por EH Bildu sobre el procedimiento de lectura única que ha utilizado el Gobierno vasco para registrar esta ley y, según diferentes fuentes parlamentarias consultadas por este periódico, el documento refuerza al consejero Azpiazu y confirma que el método de votar todas las medidas en un solo paquete y sin enmiendas se ajusta al reglamento. El Gobierno vasco, que celebra también hoy su reunión semanal coincidiendo con el registro del informe, tomará decisiones en función de cómo respiren los grupos y de los argumentos de los letrados del Parlamento, y tendrá para ello la fuerza del aval de los servicios jurídicos a su proceder desde el primer minuto. El PNV también se mostró ayer convencido con este procedimiento pero, a pesar de ello, añadió como matiz y resquicio que la forma de la tramitación no puede ser un obstáculo siempre y cuando exista coincidencia sobre el fondo y haya garantías de que la oposición va a facilitar la aprobación de las medidas ley a ley, en lugar de tender una trampa a Azpiazu para enredarlo en un trámite que quede en agua de borrajas.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ortuzar defendió el procedimiento de lectura única porque la norma contiene “ajustes lógicos” a los que nadie debería oponerse, y estos asuntos se han tramitado “toda la vida” con una ley de acompañamiento. “Hacemos lo que se hace en todos los gobiernos y parlamentos del mundo”, dijo. En ese sentido, confió en el informe de los servicios jurídicos que se conocerá hoy en la Mesa del Parlamento para que arroje algo de luz.
“A partir de ahí, las formas nunca pueden ser el problema ni el obstáculo”, siempre que haya “acuerdo en el fondo, claro”, matizó. “Se están parapetando en las formas”, recriminó, para pedir después a EH Bildu y Elkarrekin Podemos que digan “cuáles son los obstáculos de fondo”. Cuando el entrevistador insistió en saber si el Gobierno debería flexibilizar la forma, Ortuzar pidió “que no sea una trampa” para luego no negociar. Aseguró que EH Bildu ya hizo caer los Presupuestos y cree que quiere “secuestrar” al Gobierno y “paralizar” su acción.
La ley de medidas urgentes recoge un incremento salarial del 2,25% para los funcionarios y para los profesores de la concertada, un 3,5% para la renta de garantía de ingresos (un 4,5% en el caso de los pensionistas), y un 5% para las ayudas a la conciliación familiar. Azpiazu tramitó estos asuntos por lectura única para aprobarlos cuanto antes y no entrar en el procedimiento ordinario que podría alargar hasta septiembre su entrada en vigor. Por el contrario, en el Estado los funcionarios ya están cobrando este aumento en sus nóminas con el voto de EH Bildu y Unidos Podemos, que en suelo vasco no terminan de arrancar con este asunto porque discrepan con las formas y no quieren aprobar todo el paquete.
El Gobierno vasco no ha ocultado todo este tiempo sus reservas a tramitarlo en leyes por separado porque duda de que el desenlace hubiera sido otro si no hubiese recurrido a la lectura única. Al menos hasta la fecha, no ha visto claro que el resto de grupos vayan a aprobar las medidas, y de lo que se ha dicho estos días tampoco se desprende con nitidez qué puntos respalda cada grupo.
Desde Sabin Etxea no añaden nada más a lo dicho por Ortuzar ni elucubran con la posición del Gobierno vasco porque son muy escrupulosos con la separación de atribuciones entre el partido y el ejecutivo. Desde el Gobierno tampoco sueltan prenda sobre sus intenciones para hoy. No harán pública su posición hasta leer la letra del informe. La posición conocida hasta la fecha pasa por someter a votación la ley en el pleno parlamentario del jueves de la próxima semana.
Desde EH Bildu explican a DEIA que su posición sigue siendo que el Gobierno vasco se retracte y modifique el procedimiento para negociar ley a ley el contenido. Aunque el informe dé la razón al Gobierno vasco, insisten en que no impide reconducir el asunto al consejero Azpiazu y que tramitar las leyes de una en una es cuestión de voluntad política. No obstante, aseguran que el Gobierno vasco les sigue transmitiendo que la vía será la lectura única. Hoy se reunirá la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del pleno del 14 de febrero y, de manera informal, dentro del grupo parlamentario de la coalición se especula con la posibilidad de que se retrase esa votación o haya cambios en la tramitación.
A su juicio, ese será el termómetro de la voluntad del Gobierno vasco. Su escenario ideal pasaría por que PNV y PSE propusieran en la Junta de Portavoces que este asunto se aplace para darse un tiempo y repensar la tramitación. En cuanto a los contenidos, EH Bildu apoyaría la subida salarial a los funcionarios y los docentes de la concertada, pero cree que, más allá de los sueldos, lo referido a los conciertos en general es cuestionable. Por otro lado, su disprepancia en la RGI es total, y sigue manteniendo la misma posición que en la negociación presupuestaria fallida. Arnaldo Otegi volvió a pedir ayer una rectificación en el trámite para que no sea un “trágala”.
presión a los grupos EH Bildu, al igual que Elkarrekin Podemos, se enfrenta a la presión del informe jurídico, que les quita la razón en el debate sobre la forma de la ley. En el contenido, apoyaron en Madrid los decretos de Sánchez sobre los funcionarios y las pensiones, una última cuestión que entronca con el debate de la RGI y donde las posiciones no fueron maximalistas en el Congreso. Desde Elkarrekin Podemos no ofrecen pistas y aseguran a este periódico que van a esperar a conocer hoy el informe jurídico en la Mesa. El PP, por su parte, ya ha anunciado que se opone a la subida de la RGI en un porcentaje mayor que el sueldo de los funcionarios.
Al Gobierno vasco le basta con que un grupo se abstenga para aprobar sus medidas. Estos días no ha habido negociación porque, al haber entrado la ley en el carril parlamentario por lectura única, no se puede cambiar su contenido. Desde el PP, Laura Garrido se mostró dispuesta a negociar si el Gobierno vasco “atiende a sus prioridades”.
