“Estrasburgo anulará el juicio y las condenas por el 1-O pero la solución tendrá que ser política”

¿Qué espera de un juicio del que se acaba de fijar fecha mientras se trasladaba a los reclusos a Madrid?

-No es más que otra de las anomalías del juicio más importante en la historia del Estado español. Alguien ha acuñado que a veces nos quejamos de la dilaciones indebidas y aquí lo que hay son aceleraciones indebidas porque hay mucha prisa en que acabe lo más pronto posible. La Justicia sabe que aparenta mal y que es objeto de las miradas de la comunidad jurídica e internacional.

¿Tiene la sensación de que las sentencias están escritas de antemano?

-La ponencia ya está pensada. La propia querella se convirtió en auto de procesamiento, que fue endurecido por la sala de apelaciones y convertido en escrito de acusación. Según nos llega, es obsesión del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, obtener una sentencia por unanimidad para evitar votos particulares que dé munición a las defensas de cara a los recursos internacionales. Le obligará a rebajar los postulados para lograr el voto progresista, pero hará alguna cesión porque ya tiene la ponencia en la cabeza.

El proceso de instrucción ha estado plagado de irregularidades.

-Muy contaminado. Benet Salellas, uno de los letrados de Jordi Cuixart, ha traducido a Jacques Vergès, militante implacable contra la colonización francesa, para definir claramente qué es un juicio político: tribunal incompetente, multitud de errores en la tramitación de la causa, cargos desproporcionados, atestados que no responden a la realidad de los hechos... Y la Fiscalía calcando el relato de los hechos del juez Llarena.

Curiosamente, Puigdemont, líder del ‘procés’, casi no aparece en el escrito de la Fiscalía.

-Ha desaparecido porque no le pueden acusar. Otro de los contrasentidos. Es evidente que no existió ni rebelión ni sedición. Y que lo digamos los abogados, vale, pero lo afirman una gran parte de catedráticos de Derecho Penal del Estado, los tribunales internacionales, jueces y fiscales jubilados... Desde que mi cliente queda fuera ya que el Tribunal de Schleswig-Holstein señala con contundencia que no existió violencia, no hay por dónde coger todo esto. Tenían la opción de tirar por la malversación, con el riesgo de que fuéramos al Tribunal de Karlsruhe, éste entrara en materia de derechos humanos y que la denegara por no haber garantías de juicio justo. Y era un contrasentido que a Puigdemont le juzgaran por malversación como cabecilla y al resto por rebelión.

¿Cómo podrá la acusación justificar la rebelión?

-Por el carácter supremo del Tribunal ya que no se sustenta. Quienes están llamados a juzgar no son imparciales porque se sienten víctimas del delito. El propio presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en la inauguración de un año judicial, dijo que el principal valor a preservar por el poder judicial era la unidad de España, un a por ellos judicial.

¿Se justifica que Mundó, Borràs y Vila no sean acusados de rebelión y los otros consellers sí?

-Curiosamente son los tres que dejaron la política en el primer momento. Es otra de las curiosidades del proceso, detalles que demuestran el uso estratégico del mismo y su conexión política. Primero se impidió a Puigdemont presentarse a la investidura, y el Constitucional sacó la resolución a las diez de la noche de un sábado con los magistrados habiéndose ido a la Sierra; se prohibió acudir a la investidura a Jordi Sànchez; y a Jordi Turull se le encarceló a media votación de su candidatura a president. Y lo último es que el Supremo ha denegado la libertad de los procesados porque ha crecido el riesgo de fuga, apuntando cosas gravísimas: que hay estructuras internacionales a las que los encarcelados podrían acogerse, es decir, lo que no hace sino reconocer que hay un Consell de la República; que además podrían cruzar la frontera y no se podría hacer nada, o lo que es igual, la justicia española no confía ya en la europea tras la denegación de euroórdenes; y que hay un Govern en Catalunya que tiene como ideario la independencia, y que no se puede comparar al caso Demirtas porque el turco estaba en la oposición, cuando el Ejecutivo catalán es precisamente oposición del Gobierno español.

¿Están convencidos de que Estrasburgo les acabará dando la razón?

-Damos por descontado que el horizonte de presos y exiliados será durísimo. Europa declarará nulo el juicio y las condenas pero la solución vendrá de la política para Catalunya. Se ha demostrado que esto no es un suflé. Descabezado un Govern, existen dos millones de ciudadanos movilizados, y tenemos las elecciones municipales y europeas para ver cómo crecen. En el continente europeo saben del desprestigio de España desde el punto de vista democrático por mucho que promulguen la marca España, España Global o inventen las campañas de imagen que quieran hacer.

Una vez haya sentencias se pueden dar nuevas euroórdenes.

-Sabemos que será así. De momento, en el único lugar que se ha resuelto una euroorden es en Alemania y se negó la rebelión; en Bélgica se desestimó por un defecto de forma. Estamos preparados para ello. Mire, el Poder Judicial español no ha hecho una Transición verdadera, y basta con pensar en casos como el de La Manada, Altsasu, el asunto de las hipotecas, el Forocoches judicial, los jueces y fiscales que hacen declaraciones impropias incluso contra políticos... La Justicia española adolece de falta de medios en casos cotidianos y no funciona bien pese al esfuerzo de la gente de base, no de la cúpula, que está politizada en su elección, como ya denunció el Consejo de Europa.

¿Cómo encuentra a Puigdemont?

-Muy bien. Tranquilo no, porque la situación no es para ello. La prisión es mucho más dura pero el exilio también es duro. Está muy fuerte psicológicamente y preparado para todo. Él tiene libertad de movimientos y visitas pero cuando nosotros nos vamos, él se queda allí. Y no crea que puede pasearse por el centro de Bruselas, por temas de seguridad como cuando casi le agreden en Dinamarca.

Es Oriol Junqueras quien indirectamente le ha señalado por no quedarse en el Estado y penar en la cárcel. Una pugna personal que no ayuda al independentismo.

-Nosotros damos muchas conferencias y charlas por Catalunya, donde la gente tendría el doctorado en Derecho por la Rey Juan Carlos. La gente está preocupada por la falta de sintonía entre quienes lideran los partidos soberanistas pero el ciudadano está muy unido y castigará a aquellos que rehuyan de la unidad independentista -que es el objetivo de la Crida Nacional, nueva plataforma creada por Puigdemont-. En las concentraciones ante las cárceles o los pueblos nadie pregunta si votó a JxCat o ERC, la gente votará en clave de país y donde vea que hay mayor unidad.

La última polémica llega del recurso al Constitucional del expresident por el voto delegado.

-Eso era algo de una necesidad jurídica absoluta. Todos, los de JxCat y ERC, recurrimos al TC el auto de Llarena que suspendía la condición de diputado a los procesados. Además, Puigdemont no estaba preso y solo el pleno del Parlament podía suspenderle, por eso no tiene sentido que lo hiciera la Mesa, que no tiene competencia. Debíamos hacerlo porque se denunció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU la vulneración de derechos políticos del diputado Puigdemont al no dejarle investirse. De no censurar la decisión de la Mesa se lo habríamos puesto fácil a la Abogacía del Estado, que podría decirnos que qué recurríamos si se acataba la resolución que daba cumplimiento a aquello que nosotros recurríamos. Esto ha salido porque estamos en un clima preelectoral. Incluso Puigdemont nos dijo: avisad a los de ERC. Y yo hablé con el propio Roger Torrent.

¿Todavía confía Puigdemont en ser investido president?

-Por supuesto que sí. Y si lo es, está convencido de que regresará al Estado español desde su exilio y de que será detenido de forma inmediata, en cuanto pise la primera baldosa. También se ofreció al propio Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio por videoconferencia.

Un juicio que servirá precisamente de altavoz a un partido ultraderechista como Vox.

-Pero esto internacionalmente nos vendrá muy bien, porque nadie da crédito a que un partido de extrema derecha ejerza de acusación popular sosteniendo los mismos argumentos que la Fiscalía y Abogacía del Estado.

¿Podía haber hecho algo más el Estado para evitar esta situación?

-La fiscal general del Estado, María José Segarra, podía haber dicho que no existía rebelión ni sedición y dar instrucciones, y que se retiraran los cargos. Porque además justo cuando juró el cargo fue cuando salió la resolución alemana del land de Schleswig-Holstein. Y, encima, en cuanto a la malversación, quien fuera ministro Montoro reconoció que no se había destinado un euro para la causa independentista. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Podían, eso sí, haberlo dejado en delito de desobediencia y ver luego si era civil-político o tenía efectos penales. Hubiera tenido algo más de proporcionalidad.

Hemos pasado de un presidente, Rajoy, que se jactaba de anular los nombramientos de consellers gracias al 155, a Sánchez, que por ahora solo muestra un buen clima.

-Es que personalmente creo que tenemos un presidente del Gobierno español que manda poco. No sé si en el Ejecutivo manda mucho, pero lo que es en el Estado, muy poco. Y algo parecido dentro de su partido, donde se le echan encima.

¿Alonso-Cuevillas estaría pensando en dar el salto a la política?

-Política hacemos todos incluso ahora yo hablando con usted de esta persecución política. Lo haría en una plataforma como el Parlamento Europeo que te permite que llegue mejor el mensaje y a muchos interlocutores si con ello estaría contribuyendo a mi compromiso con esta causa. Yo hace 35 años que me dedico a esto y siempre digo que, con este caso, los 34 primeros ya no cuentan.

“Sabemos que la obsesión del juez Marchena es lograr una sentencia unánime, sin votos particulares, y tiene ya la ponencia en la cabeza”

“Quienes van a juzgar no son imparciales porque se sienten víctimas del delito; su principal valor es preservar la unidad de España”

“Puigdemont confía en ser investido; en ese caso, volverá sabiendo que será detenido. La prisión es mucho más dura, pero el exilio también lo es”

“La fiscal general pudo instar a retirar los delitos de rebelión y sedición, pero Sánchez es un presidente que manda muy poco en el Estado”