El último jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reconoció ayer en una audiencia pública en Bogotá la responsabilidad del mando de la desmovilizada guerrilla en el secuestro y asesinato de civiles, militares, y policías cometidos por durante el conflicto armado. “Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa dirección máxima de las FARC a reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro”, dijo Londoño en una audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la biblioteca Virgilio Barco Vargas, de Bogotá.

Junto a Londoño estuvieron Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, todos miembros del último secretariado de las FARC, máximo órgano de esa guerrilla y por tanto responsables de las acciones de ese grupo armado.

Londoño añadió en una declaración leída que acudían para “asumir nuestra responsabilidad colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, reconocimiento que hacen dentro del caso 01 abierto en julio de 2018.

A la diligencia también concurrieron víctimas de secuestrados que pidieron justicia y no repetición.

Las investigaciones de la JEP indican que las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial.

“El trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro”, dijo la magistrada Julieta Lemaitre, que condujo la sesión.

La togada explicó que tres patrones cimentaron la política de secuestro de las

secuestros y asesinatos

El antiguo Secretariado de las

Igualmente, también fue imputado por responsabilidad del mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros, como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud. La JEP abrió el caso 01 el 4 de julio de 2018 y en su proceso investigativo ha logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula.

La audiencia de reconocimiento que comenzó ayer y se extenderá hasta el jueves es el paso posterior a la imputación de cargos y el previo a que la JEP acepte su reconocimiento y emita la condena, que dependiendo del grado de verdad y aceptación de culpa que hagan, podrá no implicar la privación de libertad y en todo caso irá enfocada en la reparación a las víctimas.

Un futuro sin decidir. El derrotado candidato a las presidenciales de Colombia, Rodolfo Hernández, no ha tomado todavía una decisión sobre si ocupará o no el escaño al que tiene derecho por ley en el Senado. Según la legislación colombiana, la segunda opción más votada en las elecciones tiene asegurada su presencia en el Senado para los siguientes cuatro años, mientras que su candidato a vicepresidente, en este caso Marelen Castillo, ocupará un escaño en la Cámara de Representantes.