Santiago - La agrupación política opositora Frente Amplio (FA) presentó ayer martes una querella criminal contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a quien acusan como responsable de delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas en el país que casi alcanzan los 3 meses y dejan al menos 27 fallecidos. El mandatario, según explicaron a la prensa políticos de la formación en el Centro de Justicia, en Santiago de Chile, es el máximo responsable del Ministerio del Interior y de Carabineros (Policía militariza) y como tal debe asumir las consecuencias de la actuación de ambas instituciones. Así lo explicó Matías Silva, abogado del partido Revolución Democrática (RD), que forma parte del FA, quien agregó que Piñera "podría tener un grado de cómplice encubridor" en la comisión de violaciones a los derechos humanos.
"El inmovilismo y la insensibilidad del presidente de la república frente a la comisión de estos delitos que violan derechos fundamentales y que no hace nada, implica en él también un grado de responsabilidad", indicó el letrado.
continúan las movilizaciones Junto a él, la excandidata presidencial Beatriz Sánchez dijo que esta acción penal presentada contra el presidente se realiza debido a que observaron que la represión de las protestas en el país, que comenzaron el pasado 18 de octubre, ha perdurado en el tiempo mientras las movilizaciones sociales continúan.
Desde hace más de 12 semanas ciudadanos autoconvocados inundan por miles las plazas y las calles de Chile para protestar contra la desigualdad social en el país austral y el Gobierno de Piñera, al principio de forma masiva y diaria, y ahora reducido a los viernes y casi únicamente en la capital. Pese a la reducción del número de protestas y de actos de violencia como los saqueos e incendios ocurridos en las primeras jornadas, miles de personas siguen mostrando su descontento y cada jornada de manifestaciones se salda con incidentes entre parte de los manifestantes y Carabineros.
La institución uniformada ha sido la principal señalada en las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la represión de la revuelta social. "Empezamos a ver que esto se sostenía en el tiempo y empezaba a ser algo sistemático y seguimos los caminos institucionales en la Cámara de Diputados con acusaciones constitucionales, pero parece que hay que seguir escalando en el camino porque responsables no hay", explicó Sánchez.
