Londres - La polémica suspensión del Parlamento decretada por Boris Johnson fue una decisión “fundamentalmente política” en la que la Justicia no debe interferir, según enfatizó ayer ante el Tribunal Supremo el abogado James Eadie, en representación del primer ministro británico. Desde este martes, la máxima instancia judicial del Reino Unido evalúa si el líder tory actuó ajustándose a la legalidad o frustró la soberanía de esa institución al decretar su cierre durante cinco semanas en un momento crítico, en vísperas del Brexit, la salida del país de la Unión Europea.
El Supremo sopesa los dictámenes emitidos por dos cortes diferentes: el Tribunal Superior de Londres, que falló a favor del Gobierno de Johnson frente a una querella presentada por la activista anti-Brexit Gina Miller, y la Corte de Apelaciones de Escocia, que lo hizo en contra.
El jefe del Ejecutivo determinó la controvertida clausura de ambas cámaras desde pasado día 10 hasta el próximo 14 de octubre, a poco de la fecha establecida para consumar la separación de la UE, el 31 de octubre, generando indignación entre todos los sectores políticos.
Ante la oleada de críticas, Johnson se justificó con el argumento de que precisaba de ese tiempo para poder elaborar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.
Por contra, los demandantes -entre ellos un grupo de diputados- están convencidos de que el premier tenía una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus planes extremos de Brexit.
A cargo de la defensa de Johnson frente a la demanda de Miller, el letrado James Eadie enfatizó ayer que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa ya contemplada en el derecho parlamentario.
No obstante, en la sesión de la mañana, ese abogado aceptó que los poderes de prerrogativa pueden quedar en ocasiones “limitados por los derechos fundamentales”. - Efe
