Washington - Cientos de solicitantes de asilo, muchos de ellos cubanos, permanecen detenidos por tiempo indefinido en prisiones de inmigración en Luisiana, en EE.UU., a la espera de una respuesta a su petición, denunció una abogada que defiende algunos de esos casos, Luz López. “Hace aproximadamente un año, notamos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a través de ICE (siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) estaba mandando a muchas personas (a la cárcel), especialmente hombres, que se entregaron en un punto de la frontera donde está migración para pedir asilo político”, dijo López.
La experta de la organización Southern Poverty Law Center (SPLC, en inglés) indicó que “muchos de ellos” son cubanos y están siendo trasladados a prisiones -algunas de las cuales son privadas y administradas por GEO Group- en Luisiana, que pertenece a la región del ICE en Nueva Orleans, desde donde se atiende además a los estados estadounidenses de Misisipi, Tennessee, Alabama y Arkansas. Según la abogada, su grupo planea presentar una querella “porque a estas personas no se les está dando la oportunidad, se les están violando sus derechos constitucionales a un proceso libre y justo para pedir libertad condicional”.
La letrada advirtió de que en esas cárceles muchos de los detenidos sufren “problemas médicos, condiciones psicológicas muy malas”.
“Muchos de ellos no han cometido ningún un crimen y se les tiene allí encerrados por meses como que si fueran criminales comunes y corrientes”, alertó López. “Lo que hemos encontrado y la causa de nuestra demanda es que en esta región de ICE (...) todos los oficiales de ICE que forman parte de la estructura a través de la cual se determina si alguien sale en libertad condicional, o no, se les ha dado instrucción, de que no deben otorgar libertad condicional a las personas que las pidan”, recalcó.
dos de 125 López dijo que en 2018 la Oficina Regional de Nueva Orleans otorgó la libertad condicional a solo dos demandantes de asilo detenidos y descartó a otros 125, lo que la convirtió en la región donde se negó “la cantidad más grande de peticiones de libertad condicional” en el país.
Para la abogada, uno de los casos más dramáticos es el de unos 150 cubanos que permanecen recluidos porque “saben que ellos pueden hacerse residentes permanentes y ciudadanos mucho más rápido que los demás” si se les deja en libertad condicional. Para la experta, esto no debería “extrañar”, ya que la política del Gobierno de Donald Trump es “tratar de prevenir que inmigrantes de Latinoamérica y otros países que no son europeos sigan llegando y legalizándose a través de procesos que son legales, como el asilo”.
Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos divulgó ayer una norma destinada a evitar que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a ayudas para pagar una vivienda, decisión que podría dejar en la calle a 55.000 niños que viven legalmente en el país.
La norma fue publicada este viernes en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno, y antes de entrar en vigor será sometida a un periodo de debate público. El objetivo de la medida es prohibir el acceso a ayudas para vivienda a aquellas familias en las que al menos uno de los miembros es un inmigrante indocumentado, lo que en la práctica podría afectar a 55.000 menores que han nacido en Estados Unidos o viven legalmente en este país, según las estimaciones del Departamento de Vivienda. De aprobarse, la medida impactará en 108.000 personas, de las que el 70% son residentes legales o ciudadanos estadounidenses.
El Ejecutivo del presidente Donald Trump ha insistido en que su objetivo es asegurarse de que las ayudas solo se destinan a familias estadounidenses y no a unidades familiares “mixtas”, aquellas en las que al menos uno de los miembros es indocumentado. Bajo la actual regulación, los inmigrantes indocumentados tienen prohibido recibir subsidios federales, pero las familias “mixtas” pueden pedir asistencia siempre que al menos uno de los miembros resida legalmente en Estados Unidos, ya sea porque es ciudadano estadounidense o residente permanente.
Los estadounidenses tienen hasta el 9 de julio para proponer cambios a la norma. Concluido ese plazo, la iniciativa podría entrar en vigor. - Efe
