El impuesto sobre la Renta en el País Vasco. Sus conflictivos inicios

14.05.2022 | 00:31

Creado en la II República para gravar a las rentas más altas tuvo escaso éxito, pero en realidad pretendía avanzar un nuevo modelo de contribución directa más moderno y equitativo

es muy conocido el dicho de que En esta vida nada es seguro salvo la muerte y los impuestos, y Cuando llega la primavera llega también la campaña de la renta, la apertura del plazo para que los contribuyentes pongan sus cuentas en orden con la hacienda (en nuestro caso Foral). El Impuesto sobre la Renta es bastante más antiguo de lo que se podría pensar, teniendo en cuenta que desde sus orígenes ya aparecen el concepto de presentación de un impreso en el que se declaran las rentas sobre las que se paga un tributo más o menos progresivo.

El origen moderno del Impuesto sobre la Renta lo encontramos en el Reino Unido en coincidencia con las guerras mantenidas con la Francia revolucionaria desde 1793. La necesidad de ingentes recursos para el esfuerzo bélico (entre 1808 y 1825 el Estado británico gastó el 25% de la renta nacional esencialmente en la guerra) supuso buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales. Así, en 1799 se estableció un impuesto global sobre rentas y propiedades en Gran Bretaña. Es decir, en teoría pretendía gravar por primera vez las rentas globales de los contribuyentes (las de la propiedad, las del capital y las obtenidas en el extranjero) y para ello se les obligó a presentar un formulario o declaración.

Sumando todos los ingresos se obtenía la renta imponible, a la que se le aplicaba una tarifa progresiva según escalones de renta. También había un mínimo exento, tenía deducciones para obtener los rendimientos netos y exenciones familiares. Era tan moderno que tardó casi un siglo en extenderse por Europa. Fue dificultosamente recaudado, y por poco tiempo, en Gran Bretaña, incluso en medio de una guerra. Las clases pudientes se opusieron a hacer las declaraciones no sólo porque fuera recaudado con tipos desmesurados para la época sino porque hacían falta indagaciones que vulneraban la intimidad de los ciudadanos. Con el reinicio de la guerra contra Napoleón en 1803 se adoptó una versión mitigada de este impuesto menos gravosa. En 1815 sólo este tributo recaudó el 21% de todos los ingresos impositivos de Gran Bretaña, buena muestra de su éxito recaudatorio.

El impuesto sobre la Renta saltó a la Europa continental bastantes décadas más tarde, siendo el Estado de Sajonia el primero en establecerlo en 1878, luego copiado por Prusia entre 1891 (Renta) y 1893 (Patrimonio). Se vuelven a encontrar elementos que nos resultan familiares: una declaración personal que ha de hacer el contribuyente de su renta y su patrimonio, así como la investigación de los inspectores de Hacienda, base imponible obtenida por agregación de todos los ingresos del sujeto pasivo del año anterior, a la que se practican exenciones y deducciones debidas a su situación familiar, con tipos impositivos progresivos que hoy en día nos parecerían irrisorios (del 1,13 al 3,95%).

Este es el modelo que, más o menos, se extendió por el mundo desarrollado, sobre todo desde la Primera Guerra Mundial en la que las necesidades de los estados beligerantes se dispararon hasta cotas inimaginables hasta entonces. Sin embargo, España fue neutral en la Guerra Mundial y, por lo tanto, no hubo tanta presión para establecer un impuesto sobre la Renta moderno.

En efecto, la panoplia fiscal en España se concentró desde 1845 en los impuestos indirectos (los consumos, sobreprecios sobre los productos de comer, beber y arder). Su desaparición desde 1911 supuso el aumento de importancia de las Contribuciones Territorial e Industrial y de Comercio, pero el sistema tributario español fue cada vez más arcaico según transcurrió el siglo XX.

La Contribución General sobre la Renta fue un impuesto directo sobre la riqueza de las personas naturales, lo que hoy se define como personas físicas, que más adelante daría lugar al actual IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). El impuesto se creó en España mediante una Ley aprobada en las Cortes de la II República (de 20 de diciembre de 1932), en la que se estableció el ejercicio económico de 1933 como el inicial de devengo de la obligación de contribuir a este nuevo impuesto.

Se fijó inicialmente como renta imponible mínima, después de sumar los distintos conceptos computables, la de cien mil pesetas. Se establecieron tramos de imposición, de forma que cuanto más se tenía más se pagaba. Estos tramos en origen iban del 1% (primer tramo de 100.000,01-120.000 pesetas) al 11% (lo que excediese del segundo millón de pesetas). Teniendo en cuenta que para el año 1931 los salarios medios no llegaban a las 150 pesetas mensuales (1.800 pesetas anuales), se puede afirmar que se trató de un "impuesto para millonarios".

Este impuesto, no por casualidad establecido en la II República como un intento de gravar a las rentas más altas, tuvo escaso éxito de recaudación (no más de 50 millones de pesetas el primer año), pero en realidad se trataba según su promotor, el Ministro de Hacienda Jaume Carner, de ir avanzando en un nuevo modelo de contribución directa más moderno y equitativo.

Este nuevo impuesto sobre la renta generó evidentes problemas puesto que los llamados a pagarlo hicieron lo posible para no hacerlo. Pero en el País Vasco generó un insospechado problema añadido puesto que desde su aparición derivó en tensiones no sólo entre las diputaciones vascas y el Gobierno, sino incluso en el seno de la Diputación Provincial de Bizkaia.

Establecido en 1878, el Concierto Económico suponía que las Diputaciones Provinciales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como la Diputación Foral y provincial de Navarra por medio de su Convenio Económico, mantenían un elevado grado de autonomía en el aspecto tributario. Desde 1894 se había establecido, aunque se había cumplido de forma laxa, que cualquier cambio en la panoplia fiscal del Estado (por aparición o desaparición de tributos), determinaría un ajuste en el Concierto Económico. Así que, renovado en 1925/26, hubiera correspondido concertar el nuevo impuesto.

Inicialmente no hubo mucho debate con el Impuesto de la Renta porque, aprobado en diciembre de 1932, sería objeto de su primera declaración el ejercicio de 1933, por lo que su recaudación efectiva debería haber comenzado en 1934. Las Diputaciones vascas, desde 1926, se habían formado por gestores nombrados desde el Gobierno central, por lo que en esos momentos (1932-34) estaban formadas por miembros de los partidos que gobernaban en Madrid, esencialmente, miembros del Partido Radical, en inestable equilibrio entre cumplir con los designios de sus partidos frente a las obligaciones del cargo.

Desde la primavera de 1934 se multiplicaron los contactos entre Diputaciones y Gobierno para concertar el nuevo impuesto. En verano se consiguió alcanzar un principio de acuerdo con el Presidente del Gobierno, Ricardo Samper, para la concertación del nuevo tributo.

Pero el 4 de octubre cayó el gobierno Samper, y el nuevo presidente del Gobierno, el radical Alejandro Lerroux –de nuevo con Manuel Marraco en la cartera de Hacienda– no estuvo dispuesto a cumplir la promesa de su predecesor. Así, en noviembre de 1934 el presidente de la Gestora de la Diputación de Bizkaia, Juan Gallano, manifestó su total oposición al intento del Gobierno de recaudar el Impuesto sobre la Renta unilateralmente. Oposición que alcanzó cotas ya de enfado mayúsculo por su parte cuando el ministro Marraco comunicó que no cabía posibilidad alguna de concertar el impuesto.

Esto dejaba a los gestores en una situación muy delicada precisamente por quienes tenían que ampararlos (Gobierno) como gestores gubernativos "y esto realmente no se puede tolerar" como dijo el propio Juan Gallano en el pleno de la Gestora. El vicepresidente de la Gestora, el baracaldés Simón Beltrán, aseguró que él por su parte había hablado con Marraco en Madrid hacía poco y que le manifestó que tenía en proyecto la redacción de un decreto por el cual se establecería que las Diputaciones vascas podrían cobrar directamente el Impuesto sobre la Renta. Gallano se enfadó todavía más, no sólo porque el vicepresidente le contradecía sino, sobre todo, porque había hecho gestiones por su cuenta, sin contar con el visto bueno de los demás gestores de la Diputación, ni sobre todo del suyo.

El asunto llegó a que varios miembros de la Gestora de Bizkaia, comenzando por el presidente Juan Gallano, se ausentaran de sus puestos durante meses. No dimitieron, pero tampoco asistieron a los trabajos de la Gestora. El único disidente fue Simón Beltrán –que estuvo estos meses de ausencia de Gallano operando de facto como Presidente de la Gestora– que insistió en que el ministro le había prometido encargar el cobro del impuesto a las Diputaciones para concertarlo cuando éstas lo fueran por elección popular. Las relaciones entre ambos, Gallano y Beltrán, distaron de ser buenas, a pesar de ser del mismo partido. Además de un conflicto de egos parece que las rencillas internas del radicalismo vizcaino actuaron como detonantes del enfrentamiento entre ambos.

El Gobierno intentó solucionar el caso por medio del decreto de 7 de diciembre de 1934, por el que sí se permitía a las Diputaciones la recaudación del Impuesto sobre la Renta, pero no lo concertaba. Es decir, establecía un sistema de recaudación delegada, pero nada más. En todo caso, pocos días más tarde, se suspendió su aplicación hasta que hubiera elecciones provinciales.

Las aguas volvieron más o menos a su cauce en abril de 1935, cuando Gallano volvió a ejercer la presidencia de la Gestora, y efectivamente se habían suspendido las operaciones de recaudación del Impuesto sobre la Renta en el País Vasco. No será hasta 1941 cuando se establezca el cobro del Impuesto sobre la Renta desde el régimen de Franco, en Bizkaia y Gipuzkoa ya sin Concierto Económico, derogado en 1937, y en Álava, de acuerdo con su Diputación Foral. Pero esto ya es otra historia. l

El autor

Eduardo j.

Alonso Olea

 

Profesor Titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Ha desarrollado su carrera investigadora, fundamentalmente, en las esferas de la historia económica, tributaria y política del País Vasco, destacando sus trabajos sobre el Concierto Económico, tanto en los aspectos académicos como divulgativos. Es subdirector del Centro de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas Forales, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV/EHU.

Ha impartido docencia en los Departamentos de Historia de la Educación y de Historia Contemporánea de la UPV/EHU, tanto en Donostia, Vitoria-Gazteiz como en Leioa, así como en Bilbao en las Aulas de la Experiencia.

Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados por entidades como el Gobierno vasco, MINECO, la Diputación Foral de Bizkaia, Asociación Ad Concordiam, Ayuntamiento de Bilbao, etc.

En noviembre de 1934, Juan Gallano manifestó su total oposición al intento del Gobierno de recaudar este Impuesto unilateralmente


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