Manuel Allendesalazar y Annual: Un desastre que costó una presidencia... y más cosas

Político conservador, fue varias veces ministro y presidente del Gobierno español. Nacido en Gernika, tuvo que dimitir a resultas del desastre de Annual en verano de 1921 tras una larga carrera política y parlamentaria

10.04.2021 | 01:02
Manuel Allendesalazar.

Hace cien años recibió el encargo de Alfonso XIII para formar gobierno un prócer vizcaino, nacido en Gernika, en el Palacio Alegría, actual sede del Museo Euskal Herria por más señas. Manuel Allendesalazar y Muñoz de Salazar (Gernika, 24 de agosto de 1856; Madrid, 17 de mayo de 1923) fue un destacado político conservador, que a lo largo de sus 67 años fue casi todo: diputado por Markina en 1884, 1886 y 1891; senador por Lérida en 1898 y 1899 y, desde 1900, senador vitalicio. En algunos momentos de su vida parlamentaria tuvo momentos de especial importancia, aunque no fuera tomando la palabra en el Congreso. Por ejemplo, en 1886, en el trámite parlamentario de la aprobación de la prórroga del Concierto Económico –por medio de un artículo de la Ley de presupuestos para el ejercicio 1887-88– fue el encargado de atar en corto a otros parlamentarios para no levantar suspicacias ante lo que debía de ser imposible: prorrogar un sistema establecido en 1878 como provisional por ocho años.

Finalizó sus estudios de Ingeniería Agrónoma en 1879 e ingresó en el cuerpo de ingenieros agrónomos. Además, fue catedrático de Legislación, Economía y Contabilidad Agraria en la Escuela General de Agricultura (Moncloa, Madrid). También tuvo una cierta actividad empresarial. Entre 1905 y 1915 fue presidente de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, consejero de la Compañía Arrendataria de Tabacos, y su gerente entre 1913 y 1919. Fue nombrado gobernador del Banco de España en dos ocasiones, la primera en 1904 y la segunda en 1919.

Propietario urbano en Madrid, Bilbao, Granada o Gernika, donde poseía el palacio Udechea –actualmente sede de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai–, tuvo una larga trayectoria en cargos públicos: en 1890 fue nombrado director general de Hacienda en el Ministerio de Ultramar; alcalde de Madrid (1900); ministro de Hacienda (1900-1901); ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (1902-1903); ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (1903-1904); ministro de Gobernación (1904); ministro de Estado (1907-1909); en 1919 fue elegido presidente del Senado; ministro de Fomento (1920); ministro de Marina (1920), y presidente del Consejo de Ministros entre diciembre de 1919 y mayo de 1920, y de nuevo entre marzo –en sustitución del asesinado Eduardo Dato– y agosto de 1921.

Croquis de las posiciones españolas en el entorno de Annual y Melina en el verano de 1921.
 

Lo que hubiera debido ser el colofón de una larga carrera política y parlamentaria de casi cuarenta años terminó de forma accidentada y con un gran disgusto, debido a uno de los mayores desastres de armas del ejército español, como fue el conocido como Desastre de Annual.

La presencia española en el norte de África es antigua; la expansión de portugueses y castellanos por la zona se remonta al siglo XV. Los primeros ocuparon Ceuta en 1415, mientras que Melilla fue ocupada por las huestes del duque de Medina Sidonia en 1497 y, desde 1556, pasó a la Corona castellana.

Garantizar la seguridad 

En la época contemporánea estas plazas africanas sufrieron diversos ataques. El más serio de ellos tuvo como consecuencia la primera guerra de Marruecos (1859-1860) –con participación de tropas vascas reclutadas y pagadas por las diputaciones forales– tras la que el Sultanato de Marruecos reconoció la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. En realidad, estas operaciones, aunque algunos soñaron con empezar una aventura colonial en Norteáfrica –hacía treinta años que los franceses habían comenzado su ocupación de Argelia–, estuvieron enfocadas en defender las plazas y garantizar su seguridad más que a una clara política expansiva o colonial.

El desarrollo de los imperios coloniales, sobre todo de Gran Bretaña y Francia, llevó a una creciente tensión entre otras potencias, como Alemania. El kaiser Guillermo, desde su llegada al trono en 1888, aspiró a hacer grande Alemania por medio de una expansión colonial, pero británicos y franceses se habían adelantado en casi toda la geografía mundial. Así que desde comienzos del siglo XX los alemanes intentaron hacerse con el control de algún territorio africano. La ocasión la brindó el acuerdo entre Francia y España de repartirse el dominio de Marruecos, ante lo que Alemania reaccionó reclamando su independencia, pero en realidad pretendiendo participar del pastel colonial. Finalmente, en la Conferencia de Algeciras de 1906, se acordó que España adquiría obligaciones, junto con Francia, para ejercer un protectorado en Marruecos. La primera al norte y la segunda al sur. Fue el nacimiento del Marruecos español, ya organizado desde 1912, aunque su definitiva consolidación tuvo que esperar hasta 1927, tras la pacificación del territorio.

Porque no fue fácil sostener lo que en un mapa habían establecido las potencias del momento. Francia buscaba alejar a Alemania de una zona en la que se decía cada vez con más insistencia que contaba con grandes riquezas minerales, sobre todo de hierro. Y Gran Bretaña no quería que Alemania tuviese ningún soporte territorial cerca de Gibraltar, punto de control estratégico básico para la defensa de su vasto imperio colonial. Así que España se encontró, casi por casualidad, con un compromiso de extender una administración a un territorio en el que realmente no tenía grandes intereses, salvo por la inicial actividad de algunas empresas mineras, como la Compañía Española de Minas del Rif, fundada en 1908 para la explotación de mineral de hierro en el norte de África, entre cuyos promotores se encontraron algunos de los políticos más influyentes del momento, como el conde de Romanones.

Primera crisis grave 

En julio de 1909 se produjo la primera grave crisis militar en la zona con el desastre del Barranco del Lobo. El envío de refuerzos mediante reservistas fue el detonante de la conocida como Semana Trágica. La idea de que España estaba en Marruecos y que los soldados españoles morían ahí por los intereses de ciertos políticos y empresarios hizo la empresa evidentemente impopular.


Los cadáveres de los soldados españoles quedaron sin sepultura durante meses.
 

Pero sin duda el mayor desastre militar fue, con diferencia, el ocurrido en Annual en el verano de 1921, con consecuencias no solo militares sino de evidente importancia política. En enero de 1921 el general Fernández Silvestre, comandante general de Melilla, comenzó una ofensiva en dirección a la bahía de Alhucemas, pero seis meses más tarde la situación cambió radical y dramáticamente. Los rifeños, dirigidos por Si Mohan Ben Abd el-Krim, comenzaron a acosar a las tropas españolas establecidas en diversos puestos alrededor de Annual, base de operaciones de Silvestre. En junio cayó la posición del monte Albarrán; el 21 de julio, la de Igueriben, cuyos escasos supervivientes se retiraron a Annual, pero al día siguiente abandonaron esa posición en una retirada que culminó en una auténtica desbandada. En el desfiladero de Izzumar cayeron un millar de soldados y el general Silvestre se suicidó. El 25 de julio se rindió la guarnición de Dar Quebdani tras pactar el respeto a sus vidas, pero una vez desarmados unos 950 soldados fueron masacrados y los oficiales hechos prisioneros.
Mientras los soldados y oficiales seguían llegando como podía en desbandada hacia Melilla, el 28 de julio los restos del ejército huido de Annual se refugiaron a las órdenes del general Navarro en Monte Arruit, pero para el 9 de agosto, sin posibilidad de resistir, se rindió la posición y otra vez los soldados –esta vez unos 3.000– fueron asesinados, mientras los oficiales eran hechos prisioneros para cobrar un rescate, como había ocurrido seis días antes en el rendido puesto de Zeluán, con otros 500 soldados masacrados.

En esos escasos días se había perdido gran parte del territorio controlado por el ejército desde el comienzo de las operaciones en la zona casi veinte años antes; y a costa de la vida de miles de soldados. En el Informe Picasso se indican 13.363 víctimas: 10.973 españoles y 2.390 indígenas. Pero otros calculan cantidades menores, que Prieto cifró en 8.668 muertos o desaparecidos.

Quedaron unos 400 prisioneros, de los que sobrevivieron algo más de 300, siendo liberados el 27 de enero de 1923, tras año y medio de cautiverio, gracias a las gestiones que hizo el empresario bilbaino Horacio Echevarrieta, con una buena relación con Abd el-Krim, pero a cambio de cuatro millones de pesetas, entregadas personalmente por Echevarrieta.

Consejo Supremo de Guerra Las consecuencias inmediatas fueron estas, pero el asunto llegó hasta el procesamiento por el Consejo Supremo de Guerra y Marina de 39 militares por negligencia o abandono del deber. Entre los encausados estuvo el general Berenguer –el Alto Comisionado del Protectorado– aunque se exoneró al presidente del Gobierno, Manuel Allendesalazar. De hecho, sin terminar las operaciones militares, el ministro de la Guerra, vizconde de Eza, ya había encargado al primero del escalafón de los generales de división, Juan Picasso, un informe de carácter oficial, para aclarar los hechos. Aunque con dificultades y limitaciones, el general Picasso llevó adelante la elaboración de su informe, poniendo de manifiesto la incapacidad y negligencia de los mandos responsables y las penosas condiciones de los soldados.

Este informe no se conoció en su totalidad hasta 1990, pero su presentación en las Cortes, prevista para el inicio del periodo de sesiones de 1923, precipitó el golpe de Estado del general Primo de Rivera en septiembre de ese año y el fin del sistema de la Restauración. Tras la caída del dictador en 1930, la impopularidad de Alfonso XIII, que al fin y a la postre le costó el trono, sin duda tuvo que ver con su postura en favor de una guerra igualmente impopular.

El colofón a una larga y brillante carrera política del vizcaino Manuel Allendesalazar, como la vida de muchos de los soldados enviados al norte de África, tuvo un fin precipitado, puesto que el gobierno tuvo que dimitir el 3 de agosto por el escándalo suscitado por el desastre. Cesó por lo tanto como presidente el 13 de agosto de 1921. Aunque fue nombrado, ya con la salud quebrantada, en enero de 1922 comisario Regio de Ordenación de la Banca Privada, dimitió tras menos de un año de ejercicio. Falleció a consecuencia de una hemiplejia, tras una larga carrera profesional y política ensombrecida por un último disgusto final, el 13 de marzo de 1923 en Madrid.

El autor

Eduardo J. Alonso Olea

 

Profesor titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, ha desarrollado su carrera investigadora, fundamentalmente, en las esferas de la historia económica, tributaria y política del País Vasco.

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