El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes suspender todas las actuaciones judiciales programadas en la Comunidad de Madrid, Euskadi, Haro (La Rioja) e Igualada (Barcelona) ante la pandemia de coronavirus.
En esos territorios, donde también se suspenden los plazos procesales, se garantizarán los servicios esenciales y de guardia, asegura el CGPJ en un comunicado tras reunirse de forma extraordinaria por segunda vez en esta semana su comisión permanente.
Este órgano ha acordado, además, extender al resto del territorio nacional el escenario 2 que había definido en su primera instrucción y que permite a los jueces suspender vistas por razones sanitarias, con autorización del presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En la reunión se ha diseñado un nuevo escenario, el 3, para los territorios en los que las autoridades adopten medidas colectivas urgentes y necesarias para la salud pública adicionales.
En él se encuentran en estos momentos la Comunidad de Madrid, Euskadi y los partidos judiciales de Haro e Igualada, donde se garantizará "cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable" y la adopción de medidas cautelares y otras decisiones "inaplazables", subraya el CGPJ.
Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan; el Registro Civil prestará atención en las horas de audiencia para inscripciones perentorias; y se mantendrán las actuaciones con presos o detenidos.
El CGPJ ha acordado reforzar los órganos del orden contencioso para que puedan autorizar o ratificar con agilidad las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública y que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, así como entradas en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial.
Algunos de estos servicios esenciales también han sido incluidos en una nueva instrucción de la Fiscalía General del Estado, que hace dos días ya implantó el teletrabajo y suspendió inspecciones no imprescindibles a cárceles y otros centros.
Además de los citados servicios, figuran las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, recursos contencioso electorales, y en general los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes.
Serán los fiscales superiores quienes deban proponer el número de funcionarios necesarios en cada caso y comunicarlo a las administraciones competentes.
Las asociaciones de jueces y fiscales, muy críticas con las directrices que hasta ahora había adoptado el Consejo, habían pedido esta mañana la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, si no reforzaba las medidas y establecía un criterio común para todo el país, al considerar que las instrucciones ofrecidas hasta el momento generaban "caos".
De las siete, solo la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha suscrito su propio comunicado en el que exigía "la inmediata suspensión" de señalamientos no urgentes.
