Begoña Gómez acude hoy ante el juez para ser informada de que si va a juicio por malversación la juzgará un jurado

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparecerá este sábado, a las 18.00 horas, ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

Será la quinta vez que Gómez acuda ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo al estar citada a declarar en calidad de investigada. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; en la tercera y cuarta citación optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Por razones de seguridad, la esposa de Pedro Sánchez ingresó en todas las ocasiones en coche oficial por el garaje de los juzgados y evitó el paseíllo por la entrada general, previa autorización de la juez decana de Madrid. Esta vez se llevará a cabo el mismo protocolo.

Además de Gómez, también tendrá que comparecer su asesora, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El juez les ha citado en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

La comparecencia

Este sábado se celebrará la "comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado" con el fin de informarles de que el juez ha acordado transformar las diligencias de investigación relativas a esta pieza separada para que, en caso de que sean juzgados por malversación, lo haga un jurado popular y no un tribunal.

El mencionado artículo 25 impone que, dado este paso, el juez "lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados" y, "con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia, así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas".

Según fija la ley, en la comparecencia el juez "comenzará por oír" a la Fiscalía y al resto de acusaciones —en este caso, la acusación popular dirigida por Hazte Oír—, "quienes concretarán la imputación". Luego será el turno de las defensas, que podrán reclamar el archivo. Todas las partes "podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas".

La vista tendrá lugar seis meses después de que Peinado abriera esta pieza separada para indagar en la contratación de Álvarez. En mayo acordó investigar a Martín Aguirre por malversación y, en ese momento, descartó atribuir dicho delito a Gómez y Álvarez, aunque finalmente fijó su imputación el 18 de agosto.

El juez ve indicios sólidos de malversación

Al fijar la citación de este sábado, Peinado aseguró que "con las leyes de la lógica y de la empírica" podía concluir que hay "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos".

Reconoció que, aunque en un principio consideró que "no procedía la admisión a trámite" de la querella presentada por Vox por malversación contra Gómez y Álvarez, "la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva".

Según expuso, llegó a esa "cristalización", en primer lugar, porque interpretaba en sentido incriminatorio el hecho de que el 10 de septiembre, cuando las citó a declarar como imputadas por malversación, Gómez solo respondiera a las preguntas de su abogado y Álvarez directamente se acogiera a su derecho a guardar silencio.

Respecto a la mujer del presidente del Gobierno, el instructor dijo expresamente que "las que contestó la investigada Begoña Gómez a su letrado no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio".

Correos de la UCM

En segundo lugar, el juez indicó que también apreciaba indicios en "los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio", que se encuentran en sede judicial desde el pasado día 16 de septiembre y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tendrá que analizar.

Aunque el instructor no lo mencionó el pasado miércoles, también está pendiente que Moncloa aporte a esta pieza separada los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez en su 'email' corporativo de Presidencia desde julio de 2018 —cuando se realizó el nombramiento de Álvarez— para que los examine la UCO.

Al margen, consta ya en la causa otro correo, de febrero de 2024, que Álvarez envió a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", se lee en la posdata del 'email', al que tuvo acceso Europa Press.

Por último, Peinado se apoyó en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de junio, en el que los magistrados fijaron que el hecho de que Gómez y Álvarez mantuviesen una "amistad personal previa" —que dio lugar al nombramiento de la asesora de Moncloa— y de que ésta realizara "actividades privadas" de la esposa del jefe del Ejecutivo, "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados".

"Y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno", señaló el órgano judicial. Con todo, descartó que se pudiese atribuir un delito de malversación a Álvarez por su contratación, al entender que dicho delito sólo podía achacarse a quienes participaron en su designación y pago.

No obstante, la Audiencia de Madrid consideró que se podría investigar a la asesora de Moncloa por presunto tráfico de influencias por su supuesta relación de amistad con Gómez antes de acceder al cargo.

Pendientes de la audiencia provincial

Fuentes jurídicas confirman que en este momento la Audiencia Provincial tiene una decena de recursos pendientes de resolver relativos a esta causa (incluidos los de Gómez, Álvarez y Fiscalía contra la imputación por malversación). Según dichas fuentes, seis de esos recursos ya están en trámite y algunos comenzarán a deliberarse los días 29 de septiembre y 6 de octubre.

Cabe recordar que, antes de abrir la pieza relativa a la contratación de Álvarez, el juez empezó a investigar en abril de 2024 una denuncia en la que Manos Limpias acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.

Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación, como la relativa al registro del 'software' de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez y la de la contratación de Álvarez.

Así, al margen de la presunta malversación, Gómez también está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.