BILBAO - Carmen Gisasola Solozabal y Joseba Urrusolo Sistiaga, dos de los referentes de la vía Nanclares, se encuentran entre los expresos de ETA a los que la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorías de la Audiencia Nacional, intervino en diferentes localidades de Hegoalde, e incluso La Rioja, numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de medio centenar de personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo con deudas de alrededor de ocho millones de euros. Según el oficio de los agentes al que ha tenido acceso DEIA, entre los embargados se hallan igualmente históricos miembros de la banda como Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, así como uno de los líderes de ATA, que incluye a disidentes de la organización armada, como Sendoa Aratz Jurado.

La disolución de ETA hace poco más de dos semanas no ha deparado desde luego el fin de los despliegues policiales y las macrocausas judiciales que tan habituales se han desarrollado en Euskadi en las últimas décadas como réplica a la actividad de ETA y su amenaza. Pero llama la atención que la última operación contra el universo de ETA, aunque sea la intervención de bienes pecunarios y patrimoniales, afecte incluso a aquellos que apostaron en su día por dar una serie de pasos inequívocos hacia el final de la violencia. Entre los nombres ilustres de la lista de sesenta exreclusos está también el de Antonio Gabiola Goyogana, exmiembro del comando Madrid, alias Tonua o Kaskillos, a quien en septiembre de 2016, en el ongi etorri en su localidad natal de Lekeitio, sentaron en el sillón del alcalde.

Los abogados de buena parte de los expresos tienen además decidido recurrir esta incautación de bienes porque, a su juicio, la operación, tachada desde muchos ámbitos de meramente propagandística, se realizó “sin mandato judicial”, según fuentes próximas a los letrados de los afectados. Para más inri, entre las posesiones intervenidas están los denominados subsidios de desempleo penitenciario, una ayuda fijada en 400 euros mensuales que reciben los exreclusos para disponer de ciertos recursos con vista a su posible reinserción social, apuntan fuentes jurídicas del entorno de los propios expresos de ETA.

Según recoge el oficio de la Guardia Civil, “gestiones realizadas por esta Unidad han permitido detectar que exmiembros de ETA y autores de acciones de violencia callejera consideradas terroristas por la Audiencia Nacional, condenados por sentencia firme al pago de diversas cantidades en concepto de responsabilidad civil, tras su salida de prisión, pudieran ser poseedores de bienes o desarrollarían actividades laborales que podrían ser utilizadas, mediante embargo, para satisfacer dichas deudas”. Y se apoyan en la Ley 29/2001 de Protección integral a las víctimas del terrorismo, eso sí, sin tener en cuenta el nuevo escenario abierto en Euskadi tras la disolución de ETA.

Idoia López Riaño, Enrique Letona o Mercedes Galdós son otros de los históricos integrantes de la banda que aparecen en la relación de la llamada operación Zerga. López Riaño abandonó la cárcel de Zaballa en junio de 2017 tras cumplir todas sus condenas por integrar el sangriento comando Madrid de mediados de los años 80; Mercedes Galdós abandonó la prisión salmantina de Topas en 2005 tras cumplimentar 19 de los 700 años a los que fue condenada por 21 atentados, y es que la componente del comando Nafarroa redimió once años por buen comportamiento. Enrique Letona fue miembro del comando Bizkaia de los años 80 y sumó 311 años de condena por cinco atentados, que totalizaron nueve asesinatos, entre ellos varios guardias civiles y un agente de la Policía española, si bien salió de prisión en 2003 y se acogió a beneficios penitenciarios tras cumplir algo más de quince años. Uno de los vehículos que se requisaron, un Toyota RAV4, es propiedad de Roberto Carlos Vecino Santamaría, condenado por el ataque a un banco de Barakaldo en junio de 2001.