Una amplísima mayoría del Parlamento vasco –PNV, PSE y Elkarrekin-Podemos– aprobó ayer la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para incrementar la protección de las casi 50.000 personas beneficiarias que la perciben, potenciar su inclusión social y orientarlas hacia su independencia laboral. La reforma busca ser protectora de las personas desde el realismo de las posibilidades y recursos de la sociedad vasca. La petición de haber llevado más allá su letra en materia de importes de las prestaciones y de relajación de condiciones de acceso, que hizo que EH Bildu no pasara de la abstención, no cabe formularse en términos absolutos o ideológicos de espaldas a las circunstancias de aplicación práctica. La norma no regula una mera prestación sino que incide en la razón de ser de la RGI: incorporar a los más vulnerables social o económicamente a unas condiciones de dignidad y suficiencia que les proteja del umbral de la pobreza. En ese sentido, la reforma amplía las cuantías con carácter general y es especialmente sensible a los más vulnerables: menores y pensionistas. A los primeros les protege incrementando sensiblemente la dotación de la renta para familias con niñas o niños; a los segundos, les refuerza también la prestación en tanto están fuera del mercado laboral por razón de edad u otras circunstancias. Contra los reproches de la derecha –PP y Vox–, contraria a consolidar las ayuda y reducir el tiempo de empadronamiento –fijado en tres años de residencia con carácter general y en uno si hay menores en la unidad familiar–, la norma establece obligaciones de los receptores y mecnismos para no anclarles al subsidio. Deben ser buscadores activos de empleo en las oficinas de Lanbide, sin poder rechazar una oferta razonable en términos de conciliación, comprometidos a escolarizar a los menores y a no practicar la mendicidad. El objetivo clave de la inclusión, la protección de los más vulnerables y su suficiencia vital, no puede obviarse por razonamientos meramente económicos, mucho menos por renunciar a la corresponsabilidad en la convivencia, el equilibrio social y la garantía de acceso a derechos e igualdad de oportunidades. Euskadi se conjuga en términos de consenso y cohesión social; de acompañamiento y no de abandono de los vulnerables. En eso consiste el progreso.