“En el caso del niño abandonado en Bergara no parece que haya habido mala fe”

Así lo confesó el propio padre del menor, un hombre de 39 años que ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez, y que ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de abandono temporal de un menor. El acusado ha aceptado los cargos en un juicio rápido, tras lo que el juez ha decidido suspender la ejecución de la condena con la condición de que no vuelva a delinquir en dos años.

El niño, que se encuentra en buen estado, fue hallado el sábado por varios agentes de la Ertzaintza justo delante de la puerta de entrada de la comisaría de Bergara, donde lo había dejado su progenitor con una maleta antes de intentar huir. Su intención era que su hijo "fuese atendido por las autoridades competentes" al no poder hacerse cargo del mismo debido a su situación personal, según declaró.

El hombre podía haber esperado al lunes para solicitar una cesión de guarda, pero al parecer se vio superado por la situación, al tiempo que la madre se encontraba en el extranjero. Los servicios sociales de urgencia de la Diputación de Gipuzkoa se han encargado del caso.

El Ejecutivo foral asume la tutela de los menores que se encuentran en situación de desamparo y adopta las medidas de protección necesarias para su guarda, trabajando de la mano con Fiscalía. NOTICIAS DE GIPUZKOA ha querido conocer más de cerca el procedimiento que se abre a partir de ese momento ante delitos en los que, si se constata que la vida del menor ha corrido peligro -algo que no parece haber ocurrido en este caso- las penas de cárcel pueden llegar a situarse entre los dos y cuatro años.

Delito de abandono

El hombre dejó al pequeño ante la comisaría con una maleta, lo que a ojos del juzgado apunta a un estado de necesidad del padre “por no poder atenderlo” que no justifica una medida de ingreso en prisión. La Diputación apela a la prudencia. “Ahora lo importante es el bienestar del menor, y no podemos dar mucho más detalle”, confiesan fuentes del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales consultadas por este periódico.

Un caso poco frecuente, dentro de la ingente labor que desempeña este departamento. De hecho, tiene abiertos actualmente más de 1.700 expedientes por riesgo de desprotección a menores o desamparo. No es habitual en Gipuzkoa dejar a un niño a las puertas de una comisaría aunque, sin llegar a ese extremo, sí es más frecuente que un menor se vea desatendido por sus padres con todos los riesgos que ello conlleva.

La Teniente Fiscal de Gipuzkoa, Mercedes Bautista. Gorka Estrada

“Casos en los que, por ejemplo, esos menores viven con padres alcohólicos, y son habituales los gritos y las sospechas de episodios de maltrato. Se dan casos de niños desatendidos con muchos mocos que casi no pueden respirar, que se ve que están desnutridos y con ropa no adecuada”. Bautista explica que habitualmente son los centros escolares y la red vecinal la que comunica a los servicios sociales que tienen sospechas de que puede estar dándose un caso de desproteción.

“Tanto los colegios como los vecinos son importantes fuentes de información a la hora de detectar estos casos”, asegura la fiscal. Una vez que son notificados, los servicios sociales de base inician un proceso de investigación administrativo. Aunque se llegue a verificar que concurren indicios de riesgo, el asunto quedaría en principio en manos de los Servicios Sociales si se comprueba que la situación se puede reconducir con intervenciones municipales de apoyo, a través de educadores o trabajadores sociales en el domicilio.

Desamparo, se eleva el riesgo

En otros casos, en cambio, se eleva la situación de riesgo al constatarse que, efectivamente, hay un abandono del menor. Cuando el padre, por ejemplo, está desaparecido y la madre por las noches se marcha de fiesta dejándole solo al pequeño. Son situaciones que han llegado a las puertas de la Fiscalía. Es habitual que la policía detecte este tipo de casos al visitar domicilios de personas consumidoras de drogas.

Así, ante la desprotección, interviene la Diputación, que “siempre da una oportunidad a los padres”, al tiempo que se inicia un proceso de investigación en el que intervienen trabajadores sociales y psicólogos en el marco de los diferentes programas concebidos para tratar estos casos.

Si finalmente se comprueba que no es posible corregir la situación, se declara el desamparo, inicialmente provisional, e impugnable. Los menores son sacados del domicilio, voluntariamente o mediante intervención policial, e ingresan en un centro de acogida. Si tienen menos de tres años son atendidos por familias de acogida, según establece la reforma de ley introducida en 2015, y mientras se busca a una, quedan en menos de acogedores profesionalizados.

Si tienen más de tres años son derivados a los diferentes recursos residenciales del territorio. Todos los trámites pasan por manos de la Fiscalía de Menores, como ocurrió también en otro caso mucho más llamativo debido a su gravedad -en noviembre de 2016- cuando un bebé fue abandonado en un contenedor de la plaza Zuloaga de Donostia.

Una criatura que por fortuna fue hallada en buen estado de salud y puesta en manos de los servicios sociales de la Diputación de Gipuzkoa. También fue sonado un segundo caso que se produjo en enero de 2012. La madre fue detenida entonces acusada de dejar al bebé en el interior de la iglesia de los Carmelitas en el barrio donostiarra de Amara. La Fiscalía de Gipuzkoa solicitó en aquel caso para la madre una pena de 18 meses de cárcel. “El caso de Bergara no parece haber sido tan grave”, sostiene Bautista.

Violencia filioparental

Son más frecuentes en la sede de Fiscalía las denuncias de padres a hijos por violencia filioparental. Los padres y madres llegan a personarse con chavales de doce o trece años explicando que, por diferentes circunstancias, no se pueden hacer cargo de ellos. “A veces vienen buscando soluciones en el Juzgado, pero aquí no podemos resolver situaciones familiares. Aquí se adoptan medidas judiciales”, precisa la teniente fiscal, que suele aconsejar que se acuda a la Diputación a solicitar una cesión de guarda.

Ante esos casos, los progenitores deben explicar a los técnicos que no se pueden hacer cargo de sus hijos. La casuística es muy variada: desde motivos económicos, sentirse desbordados, o estar atravesando una profunda depresión. “Son muchas las circunstancias que en un momento determinado pueden hacer que una persona no sea capaz de atender a sus hijos”, señala Bautista.

Las denuncias por violencia filioparental por lo general no son tan urgentes, aunque también ha habido excepciones. Familias que acuden de madrugada a comisaría a dar a conocer que tras una bronca impresionante con el hijo, éste ha acabado exhibiendo un cuchillo. “No es lo normal, es una excepción dentro del medio centenar de casos de violencia filioparental al cabo del año, pero ocurre”. Las familias admiten que no pueden hacerse cargo del hijo, que no quieren que vuelva al domicilio. La policía llama al servicio social de guardia. Hay un técnico de la Diputación y otro de los servicios sociales durante las 24 horas. La policía conoce estos recursos.

Estos servicios acuden a comisaría y se hacen cargo del menor. “Los padres firman el documento de cesión de guarda, por el cual los padres la ceden a la Diputación. Solemos advertir a los padres de que tengan cuidado a la hora de tomar una decisión así, porque no es posible el arrepentimiento al cabo de una semana”. En el momento en que se produce la cesión de guarda comienza a funcionar toda la maquinaria administrativa. Una vez que se produce la declaración de desamparo provisional, no es tan sencillo recuperar a los chavales, según precisa la Fiscalía.