La propuesta del PNV para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, avanza en el Congreso con el ánimo de poder cerrar un acuerdo antes de finalizar el año, para que el dictamen de ponencia pueda ser votado en la Comisión de Interior y quede listo para su debate en el pleno a principios de 2023.
El grupo de trabajo formado por PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, ERC y Junts, que negocia la reforma de esta ley en base a la propuesta de los jeltzales, se vuelve a reunir hoy miércoles de forma discreta, tras más de una veintena de encuentros.
Este grupo negociador, cuyas reuniones se iniciaron después de que se desatascara la proposición de ley en noviembre de 2021 y dejaran de prorrogarse sus plazos para registrar enmiendas, se centra en los principales escollos: el uso del material disuasorio en las manifestaciones, el régimen sancionador para que sea más flexible para los convocantes en caso de que haya incidentes, y las multas por falta de respeto a la autoridad.
Fuentes de la negociación señalan que en este último asunto hay un cierto bloqueo por parte de los socialistas para poder “cambiar” el punto vinculado a la presunción de veracidad de los miembros y fuerzas de Seguridad del Estado, ya que la mayoría de los partidos negociadores aboga porque “no sea automático” y pueda ir acompañado de medidas probatorias en caso de juicio o vista oral.
Otras fuentes cercanas a Unidas Podemos señalan que la formación morada está actuando como “enlace” para mediar entre diferentes posiciones, y se muestran confiados en que se pueda llegar a un acuerdo en las próximas semanas para convocar la ponencia en la Comisión de Interior del Congreso.
Se trata de que, con una ponencia casi cerrada, puedan incluirse posteriormente algunas de las enmiendas parciales de cada formación que se hayan quedado fuera con el fin de cerrar y votar el dictamen de la reforma de la ley antes de que finalice el actual periodo de sesiones.
