Las cosas del juez Peinado

En su larga carrera en la magistratura, Juan Carlos Peinado(El Tiemblo -Ávila-, 1954) se ha hecho cargo de la instrucción de algunos casos con importante repercusión mediática, como en el que imputó a una docena de periodistas por la filtración del sumario de los miembros de los CDR investigados por terrorismo, archivado porque ya no era secreto cuando se publicó la información. O la investigación contra el exfutbolista Raúl González Blanco, acusado de falsedad contable y alzamiento de bienes en ciertas actividades empresariales, en un proceso que la Audiencia Provincial le impidió que cerrara, como él pretendía, aunque también quedó en nada tras años de litigios y recursos. Pero ninguno ha logrado elevar al veterano juez a la categoría de celebridad como lo está haciendo la causa que, desde hace dos años y medio, mantiene abierta contraBegoña Gómez. A ello ha contribuido, sin duda, la condición de esposa del presidente del Gobierno de la imputada y la constante utilización política que especialmente PP y Vox han hecho del proceso. Pero también ha ayudado, de forma muy notable, el modo a todas luces peculiar en que Peinado ha conducido la instrucción, calificada por muchos de “errática” y “prospectiva” y equiparada a una “persecución” desde la Moncloa y el PSOE.

Gran aficionado a la tauromaquia, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid se ha saltado a la torera informes policiales, directrices de instancias superiores, la reiterada solicitud de archivo de la causa por parte de la Fiscalía y todo tipo de convenciones, lo que, hasta hace bien poco, no le había acarreado más que un nutrido ramillete de correcciones -hasta 15- para evitar que incidiera en determinadas líneas de investigación. Solo las dudas que arrojó sobre la integridad de los policías que escoltan habitualmente a Gómez, al deslizar que podrían colaborar a su huida en el auto en el que justificaba la retirada del pasaporte de la pareja de Sánchez –entregado en persona el pasado miércoles-, le han supuesto la apertura de un expediente por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a fin de analizar si incurrió en una falta grave con esa insinuación. Pero, para cuando este órgano determine si fue así, cualquier hipotética medida disciplinaria quedará en agua de borrajas al coger a Peinado ya jubilado, puesto que el próximo 27 de septiembre, día de su 72 cumpleaños, marca el plazo máximo para el retiro forzoso de su carrera judicial. Una trayectoria que quiere culminar cobrándose una última condena con una fuerte carga simbólica, habiendo acelerado al máximo el ritmo procesal para conseguir cerrar la fase de instrucción, lo que ya hizo el pasado 20 de junio a bombo y platillo, y sentar a Gómez en el banquillo de los acusados dando paso al juicio oral.

La (no) vinculación con Air Europa

Nadie puede negarle la tenacidad al juez Peinado. Por si no tuviera poco con los cuatro delitos por los que la imputa (corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida), el magistrado abulense se ha empeñado con denuedo, aunque sin éxito, en vincular a Gómez con el cobro de comisiones ilegales por el rescate de 475 millones de la aerolínea Air Europa por parte del Gobierno en plena pandemia. Hasta en cuatro ocasiones ha intentado abrir una línea de investigación que otra tantas veces ha visto ocluida por sus superiores. Esa conexión se establecía en la denuncia presentada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias que Peinado admitió a trámite, un documento fundamentado en recortes de prensa sobre reuniones entre Gómez y los directivos de la compañía que bastó para abrir en abril de 2024 las primeras diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez. Desde el minuto uno, la Audiencia de Madrid le advirtió al juez que, en base a un exhaustivo informe de la ya célebre UCO -la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil-, no veía indicio alguno de delito en esa operación y le ordenó centrar la causa exclusivamente en su posible implicación en los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

Pero Peinado no arrojó la toalla y, periódicamente, volvía a pedir a la UCO que le facilitara informes específicos sobre el rescate de Air Europa, solicitudes que la Audiencia madrileña se encargaba de tumbar una tras otra. Lo hizo por cuarta vez en noviembre de 2025, dando la razón al recurso presentado por la defensa de Gómez y la Fiscalía y estableciendo que la petición del instructor no tenía fundamento, afeándole además que se basara en noticias periodísticas para hacerlo. Pero, ni corto ni perezoso, el togado no tardó un mes en volver a reclamar a la UCO que indagara en posibles conexiones entre la esposa del presidente y Air Europa, en base a la denuncia de un particular sobre posibles cuentas bancarias de Gómez en República Dominicana. Esta vez fue la propia UCO la que cercenó el empeño del juez al certificar que no había “hechos nuevos” en esa investigación.

Siete años de mails

Las constantes apelaciones -en vano- de Peinado a la UCO para buscar nuevos indicios delictivos que implicaran a Gómez con el rescate de Air Europa apuntaban ya, a juicio de muchos, a una investigación prospectiva, algo estrictamente prohibido por el ordenamiento jurídico español. Y, en esta línea, su orden -de septiembre de 2025- de analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos por la acusada en su cuenta corporativa de la Moncloa desde 2018, año en el que fue investido presidente su esposo, Pedro Sánchez, cargaba a quienes denunciaban esta práctica ilegal de más motivos para alzar su voz. La Audiencia Provincial de Madrid no tardó en revocar dicha decisión, dando la razón a los recursos de la defensa y la Fiscalía, al entender que incumplía los principios de “proporcionalidad, necesidad e idoneidad”.

Evidentemente, alguien tan perseverante como Peinado no iba a quedarse de brazos cruzados ante ese revés y, poco después, en febrero del presente 2026, volvió a la carga con la misma petición, amparándose en la “nula colaboración” de la investigada. En esta ocasión, Moncloa cedió a los deseos del juez, facilitándole los correos. Tras su análisis, la UCO determinó que no hubo pagos opacos ni enriquecimiento por parte de Gómez en sus actividades privadas, incluidas las de la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por las que facturó cerca de 37.000 euros en casi cuatro años. No obstante, el informe policial sí detectó una colaboración activa de la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, en tareas organizativas de la cátedra, lo que sirvió a Peinado para imputar a ambas un presunto delito de malversación por el uso de recursos públicos para fines privados.

Correcciones al procedimiento

El magistrado decidió abrir una pieza separada para investigar esta actuación, mientras seguía su curso la referente a las actividades de Begoña Gómez en la Complutense y a su relación con el empresario Barrabés. Y emplazó a que ambas se dirimieran ante un jurado popular, algo anómalo en este tipo de delitos. Pero Peinado se topó con una doble negativa de la Audiencia de Madrid. Por un lado, le obligó a juntar sus pesquisas en una única causa y, por otro, anuló su decisión de transformar el procedimiento en uno juzgado por un tribunal popular argumentando que carecía de la “necesaria fundamentación y motivación”. Pero la de someter a Gómez al veredicto de un jurado compuesto por ciudadanos es para el juez una idea fija que plasmó de nuevo en el auto de procesamiento dictado en abril y que reiteró en el que hizo público el pasado 20 de junio, que incluía las medidas cautelares.

El que el juicio oral sea ante jurado popular o, es más, que llegue a celebrarse lo decidirá el próximo 13 de julio la Audiencia de Madrid, que ha impuesto otras importantes modificaciones procesales en este causa, como el apartar de la misma a tres personas que habían sido imputadas por Peinado: el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; el rector de la Complutense, Joaquín Goyache; y el exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes -imputado en 2019 por la Audiencia Nacional dentro del caso Púnica-.

Una tarima por encima de Bolaños

Peinado también quiso sentar en el banquillo a Félix Bolaños, pero en este caso fue el Tribunal Supremo, y no la Audiencia Provincial de Madrid, el que cortó las alas al controvertido magistrado. Todo se originó en la declaración que, en calidad de testigo, realizó el ministro de Presidencia y Justicia por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en la Moncloa. Precisamente fue allí donde se desarrolló el interrogatorio, que comenzó con media hora de retraso porque Peinado exigió que su mesa se colocara sobre una tarima para estar más alto que Bolaños. Durante la tensa sesión, el juez recriminó al testigo por responder “con evasivas” y le llegó a reprochar que, en un momento dado, esbozara una sonrisa, lo que el ministro justificó por lo “sorprendente” del interrogatorio. Tras él, Peinado elevó una exposición razonada al Supremo para juzgar al ministro por los delitos de falso testimonio y malversación, al considerar que había mentido en su testifical al afirmar que no participó en la contratación de la asesora de Gómez. El Alto Tribunal la archivó por no la "absoluta ausencia" de indicios de delito.

Querellas a diestro y siniestro

El curtido juez no lleva muy bien las críticas a su más que discutible proceder en la causa contra Begoña Gómez. Y parece dispuesto a restañar esas heridas en su honor a base de dinero. Así, ha emprendido acciones legales a diestro y siniestro contra varias personas físicas y algunos medios de comunicación por acusarle de incurrir en investigación prospectiva, prevaricación o lawfare. Reclama por ello un total de 430.000 en euros en un bloque de querellas contra ministros como Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, otras figuras políticas como Pablo Iglesias y Gabriel Rufián, periodistas como Antón Losada o Ernesto Ekaizer y medios como RTVE. También ha demandado por 300.000 euros a ElPlural.com y por 100.000 a la Cadena Ser por informar de las presuntas irregularidades del chalet que el magistrado posee en La Adrada (Ávila). Su abogada para llevar adelante estas causas es Guadalupe Sánchez, quien lleva la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Citaciones y citas a contrapié

Peinado ha descolocado a los investigados citándoles a comparecer en el juzgados en sábado, domingo y hasta en Miércoles Santo y amenazando con ser llevados por la fuerza por la Policía si no se presentaban. También ha sorprendido a testigos como el mismo presidente del Gobierno, a quien le preguntó en el interrogatorio al que le sometió en la Moncloa si tenía alguna relación con Begoña Gómez. La defensa de esta última tildó de “absolutamente inaceptable” la alusión que, en el auto del pasado día 20 en el que la enviaba a juicio oral, hizo el magistrado a “Fernando VII” al referirse al presunto tráfico de influencias procedente de los “palacios presidenciales”, conductas “más propias de regímenes absolutistas”. Por realizar en un auto judicial estas reflexiones, de innegable índole política, desde Compromís le invitaban a Peinado a presentarse a las elecciones. De hacerlo, no parece que tendría demasiados apoyos entre las fuerzas policiales, después de sugerir que los agentes que escoltan a Gómez podrían facilitar su huida de la justicia española. Solo Vox ha salido abiertamente en defensa de Peinado tras un comentarios que han sido el remate consecuente a un proceso cuando menos desconcertante.