La Fiscalía de Madrid abre un expediente a dos fiscales por el caso 'Plus Ultra'
La fiscal superior madrileña, Almudena Lastra, remite la denuncia a la Inspección tras desvelar la UDEF que un abogado de la aerolínea presumió de tener una "fiscal amiga" para frenar la investigación en los juzgados
La fiscal superior de Madrid en funciones, Almudena Lastra, ha abierto un expediente gubernativo a la fiscal que llevó el caso Plus Ultra en un juzgado madrileño, antes de que pasara a la Audiencia Nacional, y a la exfiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien supuestamente uno de los dirigentes de la aerolínea investigada llamó "fiscal amiga".
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha abierto este expediente gubernativo tras una queja/denuncia del partido Iustitia Europa, y lo ha remitido a la Inspección, que tendrá que resolver sobre si ve irregularidades o no, han precisado fuentes fiscales. Si la Inspección apreciara falta disciplinaria asumiría el expediente, si no viera falta lo archivaría, y si viese delito por parte de una o de la dos fiscales, que son aforadas, lo volvería a remitir a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, han precisado las fuentes.
En el decreto firmado el 26 de mayo por Almudena Lastra, que sigue ejerciendo como fiscal superior en funciones hasta que tome posesión su sucesora, se especifica que Iustitia Europa presentó queja/denuncia "contra la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid Ilma. Sra. Dª. Pilar Rodríguez Fernández y la fiscal destinada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional Ilma. Sra. Dª María Luisa Llop Esteban" por su actuación ante el juzgado madrileño que investigó las ayudas recibidas por la aerolínea Plus Ultra. Llop propuso archivar la causa y Rodríguez era entonces la jefa de la Fiscalía madrileña.
El juez pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio
Ahora Lastra detalla que el Reglamento del Ministerio Fiscal establece que toda denuncia o queja relativa a la actuación de fiscales "será inmediatamente remitida a la Inspección Fiscal", y procede a hacerlo, en un decreto contra el que no cabe recurso.
Indicios de la UDEF
La denuncia de Iustitia Europa, según ha informado este colectivo en un comunicado, se centra en la actuación de ambas fiscales ante el juzgado de instrucción número 15 de Madrid en la causa sobre Plus Ultra, que finalmente ha asumido un juez de la Audiencia Nacional que ha imputado al expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero. "Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y las comunicaciones intervenidas existen indicios de una posible influencia indebida y falta de imparcialidad en el criterio fiscal que permitió el desbloqueo de fondos públicos", explica el presidente y letrado de Iustitia Europa, Luis Pardo. Detalla que la mención "a la fiscal jefa" en conversaciones que constan en el sumario exige "una investigación interna que aclare si hubo una desviación de poder" que afectaría a la independencia judicial.
Las claves de la imputación de Zapatero: influencias, mordidas y el rescate de la SEPI a Plus Ultra
En uno de los informes de la Policía incluidos en la causa se refleja una conversación en 2021 entre Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, y su abogado Miguel Palomero, en la que se hablaba de "hacer un Kitchen Gabinet" para boicotear la investigación judicial. En concreto, Palomero le indicaba a Reyes que iba a preguntar para que le digan "de la juez del 15, cómo es", en alusión a la instructora del caso, Esperanza Collazos. "La instrucción es muy importante", subrayaba el abogado, que presumía además de que "la fiscal jefa es amiga".
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció en abril que propondría al Gobierno el nombramiento de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid en sustitución de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados. Asimismo la fiscal general decidió proponer como fiscal de lo Social del Tribunal Supremo a la entonces fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien llegó a estar investigada junto al anterior fiscal general en la causa por revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.