Fiscalía y Abogacía sitúan a los Pujol en la cuerda floja en sus informes finales

La Audiencia Nacional sigue afrontando la recta final del juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresident de la Generalitat Jordi Pujol con los informes finales de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, que han resultado demoledores contra los intereses de los imputados. Así, la Fiscalía Anticorrupción ha acusado este martes a las defensas del expresident catalán y sus siete hijos de querer convertir el proceso que juzga su presunto enriquecimiento ilícito en "un ataque a Catalunya", al tiempo que ha contrapuesto el fraude fiscal supuestamente cometido durante décadas, que ve acreditado, con el discurso de "España ens roba" que ha atribuido al independentismo catalán.

"En este procedimiento, las defensas han pretendido presentar como testigos a los que eran considerados como la denominada policía patriótica. Y de nada sirvió su testimonio", ha dicho el fiscal Fernando Bermejo al tribunal de la Audiencia Nacional durante la presentación de su escrito de acusación.

El tribunal juzga a los acusados, entre los que se encuentran los siete hijos del expresident Pujol, por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Para ellos, Anticorrupción pide penas que van desde los ocho hasta los 29 años de prisión en el caso de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia. En este proceso estaba acusado el propio Jordi Pujol i Soley, para quien la Fiscalía Anticorrupción pedía nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros, si bien el tribunal decidió exonerarle por falta de capacidad de cognitiva.

Descarta la asociación ilícita

Por su parte, la Abogacía del Estado ha mantenido que los pagos de empresarios a Jordi Pujol Ferrusola obedecen a "favores irregulares o inconfesables", pese a no compartir la tesis de la Fiscalía sobre el origen corrupto de los fondos. Ha descartado por ello el delito de asociación ilícita que el Ministerio Público atribuye a la familia y ha planteado cargos únicamente contra el hijo mayor del expresident, al que pide 25 años de cárcel, así como contra su exesposa Mercè Gironès y su hermano Josep Pujol.

A juicio de la Abogacía, los ingresos de Jordi Pujol Ferrusola "son ganancias patrimoniales no justificadas", pero no "el precio de un delito" que esgrime la Fiscalía ni una "actividad económica completamente normal", como mantienen las defensas. En ese sentido, se ha remitido a la sentencia del Tribunal Supremo de 2024 sobre el 'caso Ópalo', una trama de desvío de fondos mediante facturación falsa por servicios simulados, para concluir que el motivo de los pagos al primogénito era "un favor irregular o inconfesable".

"La causa del pago queda en la penumbra", ha sostenido el abogado del Estado, que cree que eso descarta la posibilidad de que el dinero que Jordi Pujol Ferrusola ingresaba en sus empresas por trabajo de asesoramiento e intermediación obedeciera a una "actividad económica normal".