Las incógnitas del 23-F: ¿Quién era el ‘elefante blanco’, qué papel jugó Juan Carlos I...?

Este martes el Consejo de Ministros desclasificará los documentos relacionados con el fallido golpe de Estado del 23-F de 1981, pero será este miércoles cuando se haga efectiva con su publicación en el BOE. Con este gesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez quiere "saldar una deuda histórica con la ciudadanía" al cumplirse 45 años de estos hechos protagonizados por el teniente coronel Antonio Tejero.

En redes sociales Sánchez dice que “la memoria no puede estar bajo llave” y que “las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”. Son 13.000 folios solo del juicio militar dentro de los documentos del 23-F. Se desvelan para combatir bulos y teorías de la conspiración, según el Ejecutivo español.

Las personas interesadas podrán consular este miércoles los documentos en la página web oficial de Moncloa. Respecto al contenido hay más de un centenar de archivos, en los que se incluye el sumario completo del juicio, los archivos del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) -el servicio de inteligencia de España entre 1977 y 2002-, y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como ‘alto secreto’. También están las comunicaciones de Casa Real, la Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

¿Quién estuvo detrás del intento de golpe?

Entre la incógnitas de este lamentable episodio de la historia destaca la identidad del 'elefante blanco', el alto cargo militar que supuestamente debía ponerse al mando del golpe. Ante la falta información las elucubraciones se han sucedido a este respecto y hay quien cree que era solo un símbolo del Ejército, mientras otros voces apuntan al general Armada, a pesar de que él siempre lo negó.

Alfonso Armada fue instructor militar de Juan Carlos I, secretario general de la Casa del Rey tras la muerte de Franco. Su papel en el golpe fue ambiguo y dijo que actuaba en nombre del rey. 

Golpe por "patriotismo"

La versión oficial confirmada en las sentencias del juicio contra los golpistas no aclara quién estuvo realmente detrás del intento de golpe. Durante el juicio, Milans del Bosch declaró que Armada, Tejero y él habían preparado el golpe por "patriotismo" y aseguró que Armada les había prometido que el rey estaba al corriente.

También siguen bajo secreto los documentos elaborados o recopilados por el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), el papel del servicio de inteligencia de España entre 1977 y 2002, y antesala del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en la preparación del asalto, el papel de altos mandos que fueron absueltos en el juicio, y si hubo servicios de inteligencia extranjeros que tuvieron conocimiento previo de la conspiración.

¿Qué saldrá a la luz?

El sumario judicial del 23-F está custodiado por el Tribunal Supremo, con 89 legajos que incluyen material probatorio y grabaciones. Entre los documentos que se prevé que salgan a la luz este está el sumario completo del juicio celebrado ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, con declaraciones de los implicados, grabaciones y conversaciones telefónicas de aquella noche, recursos y expedientes. Otra parte de la documentación es la referente al papel exacto de Juan Carlos I y de la 'Operación Armada'.

La documentación sobre el Cesid permanece clasificada bajo la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, que no establece plazos de desclasificación automática. Esto significa que la información clasificada puede permanecer secreta indefinidamente, salvo decisión expresa del Consejo de Ministros. 

El Supremo dictaminó en su momento que la documentación clasificada del 23-F debía mantener esa condición durante 25 años tras la muerte de los procesados o 50 años después del intento de golpe de Estado, lo que situaría el límite en el año 2031.

Zarzuela, Moncloa y mandos militares

También permanecen clasificadas las transcripciones de comunicaciones entre Zarzuela, Moncloa y mandos militares, o las grabaciones de llamadas recibidas por Antonio Tejero dentro del Congreso. Es una jugosa documentación que podría poner luz sobre el papel que jugaron los servicios de inteligencia o el del rey Juan Carlos I y despejar incógnitas sobre la llamada trama del golpe. Con esas conversaciones se podría reconstruir con más precisión la cronología de los hecho mientras el Congreso permanecía tomado.

Lo que podría no desclasificarse

La desclasificación que ha anunciado el Gobierno y que se hará efectiva este miércoles se refiere a los documentos que están en poder de la Administración General del Estado, pero no necesariamente incluye fondos que están en otras instituciones o que siguen protegidos por su propia normativa o régimen de acceso.

Entre ellos, partes del sumario judicial completo custodiado en el Tribunal Supremo y parte de la documentación del CESID/CNI, además de escuchas y comunicaciones interceptadas que podrían esclarecer incógnitas de lo sucedido.

¿Cómo fue el 23 F?

Cada año se repiten en los medios de comunicación el recuerdo de lo que sucedió aquél 23 de febrero de 1981, a las 18.23 horas cuando un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, entró en el Congreso de los Diputados con un arma en la mano al ya mítico grito de “¡quieto todo el mundo!”. La Cámara votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, de Unión de Centro Democrático (UCD), como presidente del Gobierno, después de que Adolfo Suárez hubiera dimitido el 29 de enero de ese mismo año.

La situación política era frágil el el Estado español. Solo habían pasado seis años del fin de la dictadura tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco, y había comenzado el camino de la Transición hacia la democracia. 

¿Por qué se desclasifican?

Esta iniciativa tiene su origen en un proyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno aprobó el pasado mes de julio. La intención es que sustituya a la todavía vigente legislación franquista de secretos oficiales que data de 1968. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

La nueva norma regula cuatro categorías de información clasificada. Así, la desclasificación sería a los 45 años en el caso de ‘alto secreto’; a los 35 años para los clasificados como ‘secreto’; entre siete y nueve años para la información ‘confidencial’, y entre cuatro y seis años para la información ‘restringida’.