El Gobierno español declara ilegales y nulas las condenas a muerte de ‘Txiki’ y Otaegi

El 27 de septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte del dictador Franco, Ángel Otaegi Etxeberria y Juan Paredes Manotas (Txiki), miembros de ETA político-militar, fueron fusilados tras ser condenados en sendos consejos de guerra, convirtiéndose en los últimos fusilados por el franquismo junto con tres militantes del FRAP. Las protestas contra sus ejecuciones los convirtieron en símbolos para buena parte de los antifranquistas. Cincuenta años después, el Gobierno español ha reconocido la ilegalidad de los consejos de guerra que los juzgaron y ha anulado sus condenas de muerte.

El reconocimiento se hizo público tras la aprobación de la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Txiki y Otaegi, en la que se reconoce que ambos fueron víctimas de un juicio injusto, se declaran “ilegales” los consejos militares a los que fueron sometidos y se anulan las condenas que condujeron a su ejecución.

Las familias de Txiki y Otaegi habían presentado el 14 de enero la solicitud de esta declaración ante la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, Marisol Garmendia, quien trasladó al Ejecutivo las peticiones formalizadas ante su registro general.

Víctimas de derechos humanos

La declaración sostiene que ambos fueron perseguidos por motivos políticos, condenados en juicios injustos y víctimas de violaciones de derechos humanos, subrayando la injusticia y arbitrariedad de los procesos y señalando que estas reparaciones contribuyen a restaurar su dignidad personal y familiar y a fortalecer la memoria democrática.

El asesoramiento jurídico y la fundamentación de las solicitudes fue elaborado por el abogado y catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvarez, quien basó su argumentación en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Memoria Democrática, que declaran “el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas durante la guerra y la dictadura por razones políticas, ideológicas o de conciencia”.

Álvarez señaló, citando la comunicación del Ministerio de Memoria Democrática del 25 de noviembre, que estas resoluciones permiten recuperar la dignidad personal de ambos y contribuyen al reconocimiento de quienes sufrieron las consecuencias de la represión.

Las familias han mostrado sentirse reconfortadas tras la resolución favorable y agradecieron al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, así como el apoyo recibido en 2012 por el Gobierno vasco, que les reconoció la condición de víctimas de violencia política.

El lehendakari Imanol Pradales afirmó en la red social X que la decisión del Gobierno español “completa un reconocimiento público que era imprescindible” y reiteró su compromiso con el **reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Por su parte, el Observatorio Vasco de Derechos Humanos valoró la medida como “un paso para sus familias tras años de negación de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.