Ábalos pide su puesta en libertad y acusa al juez de un "uso irrazonable del derecho" por mandarle a la cárcel

El exministro José Luis Ábalos ha recurrido su ingreso en prisión por el 'caso Koldo' acusando al juez del Tribunal Supremo que acordó la medida de realizar un "uso irrazonable del derecho" por enviarle a la cárcel con una "base de vaguedades y excusas procesales".

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa pide a la Sala de lo Penal del alto tribunal que se acuerde la libertad de Ábalos descartando que exista riesgo de fuga ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos del Ministerio de Transportes para la compra de material sanitario.

Descarta el riesgo de fuga

Y es que, según su abogado, el juez ha minusvalorado la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos. Así, recuerda que el exministro tiene un "hijo mejor que está a su cargo los fines de semana" y asegura que el exdirigente socialista "tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos".

"Toda privación de libertad cautelar se sujeta al principio de excepcionalidad, siendo prioritaria la exploración de alternativas menos restrictivas. Cuando se pasa de una situación a otra sobre la base de vaguedades y excusas procesales, no se está respetando el artículo 17 de la Constitución española. El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho", sostiene el recurso.

En este contexto, su defensa asevera que "cuando se aleja la medida adoptada de los límites del sentido común, se acerca a un uso irrazonable del derecho, que es, cabalmente, lo que aquí ha ocurrido".

Fue el pasado jueves cuando el magistrado instructor, Leopoldo Puente, acordó enviar al exministro Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.